Estancado el conflicto por el arroyo de Juluchuca, acusa ambientalista

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El conflicto que desde hace más de un año mantienen los habitantes de las comunidades de Juluchuca, La Ceiba y Rancho Nuevo, en el municipio de Petatlán, con un empresario de la industria de la construcción por la defensa del arroyo del que se abastecen de agua potable, está estancado “gracias a la indiferencia de las autoridades competentes que son la Comisión Nacional del Agua (Conagua); la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)”, dijo el representante de la organización ambientalista Guerreros Verdes, Rubén Vázquez Fragoso.

El activista recordó que el 10 de febrero, “los ejidatarios y vecinos encabezados por Salvador Flores Cortés se reunieron con el propietario de la empresa Agregados Ixtapa, SA de CV, en un encuentro en el que estuvieron funcionarios menores de la Conagua, Semarnat y Profepa, así como un representante del gobierno del estado, Pablo González Villalba, quienes en todo momento evidenciaron que están a favor de los intereses del empresario y no del medio ambiente y los campesinos”.

“Esa reunión se suponía que era para dar a conocer que se revocaba la concesión que por cinco años la Conagua autorizó al empresario para que aproveche el material pétreo del arroyo, pero lo que hicieron fue decir que todo está perfectamente, que todos los trámites que tiene la empresa están en orden y que incluso el Manifiesto de Impacto Ambiental está muy correcto, cuando en éste dice que no se afecta a personas porque no las hay en la zona, ¿cómo es eso posible?”, señaló.

Rubén Vázquez indicó que a partir de esa fecha, “el conflicto está estancado; yo fui a hablar con el delegado de la Semarnat, Daniel Vega Villanueva, para decirle que tienen que resolver este problema, él se comunicó con el delegado de la Conagua y quedaron en que iban a buscarle una solución, que a la fecha no llega, pues es evidente que no tienen interés de hacerlo porque están protegiendo precisamente los intereses del empresario”.

“Aquí la solución es que el empresario se salga de la comunidad, de lo contrario va a continuar la resistencia de los campesinos por defender su derecho legítimo de conservar el arroyo, porque es de ahí de donde se abastecen de agua potable para todas sus actividades”.

Por su parte, el comisariado ejidal, Salvador Flores, dijo que “nos dijeron que la concesión que le dieron a la empresa es por cinco años, ya llevamos un año luchando y si Dios nos presta vida, podemos aguantar cuatro años más; ahorita no están sacando material del arroyo, hasta donde sabemos, están sacándolo del arroyo de El Tuzal, que es el pueblo que está más adelante, pero eso ya es asunto de esa comunidad y del ejido La Molonga, nosotros defendemos lo que es nuestro y vamos a aguantar porque si nos quitan el arroyo es como si nos quitaran la vida”.