Defienden abogados a López Rosas en una reunión con el encargado de la Procuraduría

Daniel Velázquez

El encargado de la Procuraduría de Justicia del estado, Juan Manuel Herrera Campos, dijo que mientras no se resuelva la situación jurídica de los funcionarios con órdenes de aprehensión no habrá nombramientos de quienes habrán de sustituirlos.

Ayer por la mañana el encargado de la Procuraduría asistió al salón Carey del hotel Tortuga a un desayuno con integrantes del Colegio de Abogados Ignacio Manuel Altamirano y del Colegio de Abogados Mariano Otero.

Después del desayuno al procurador en funciones se le preguntó sobre el reemplazo de los funcionarios despedidos o con órdenes de aprehensión, y dijo que esperará a que el juez que lleva la causa se manifieste jurídicamente sobre las acusaciones para determinar su situación en la Procuraduría.

En el caso de los dos policías ministeriales consignados dijo que ellos ya no forman parte de la plantilla laboral de la Procuraduría, pero del subprocurador César de los Santos precisó que sigue en funciones, “esperaremos a que se manifieste el juez federal y en consecuencia actuaremos”.

En su intervención en el desayuno con los abogados, Herrera Campos reiteró que habrá una transformación en la Procuraduría, pero que no podía abundar en el tema porque el anuncio oficial lo hará el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Adelantó que la reestructuración de la Procuraduría consistirá en adaptarse al nuevo sistema de justicia penal, la creación de una subprocuraduría de atención delitos de género y la especialización de los policías para que la integración de los expedientes sea de mayor calidad y en el menor tiempo posible, para dar mejor servicio a los usuarios y ser respetuosos de los derechos humanos.

“Requerimos una transformación en la Procuraduría que ponga en la vanguardia a la Procuraduría”, dijo.

El funcionario platicó a los abogados sus antecedentes como abogado y como servidor público, y les dijo que requiere del apoyo de los litigantes, porque él fue litigante durante 19 años.

Les suplicó estar cerca de la procuraduría y que le señalen “como amigos” los errores en los que puede incurrir involuntariamente.

Uno de los asistentes, Ventura Castro Arévalo, dijo que los abogados van a solicitar al gobernador que incluya a Herrera Campos en la terna de propuestas que se presentará al Congreso para elegir al nuevo procurador de justicia.

En el desayuno con Herrera Campos los abogados le entregaron un escrito de ocho páginas en el que además de presentarles propuestas criticaron que la orden de aprehensión emitida por un juez contra el ex procurador Alberto López Rosas no tenga sustento jurídico ni se encuentren tipificados los delitos que se le atribuyen a él y a otros funcionarios de la Procuraduría, porque sólo “denota que únicamente se pretende destensar la presión política ejercida inadmisiblemente por los normalistas quienes cometieron ilícitos perfectamente claros”.

En el escrito el Colegio de Abogados Mariano Otero señala que la PGR comete un grave atropello jurídico porque las órdenes de aprehensión libradas evidencian “falta de análisis y estudio de los delitos y no se encuentran concatenados los hechos que buscan esclarecerse”, y parecen condescendientes con los normalistas.

“Los abogados consideramos que la PGR no está actuando de manera justa, correcta, legal e imparcial al solicitar órdenes de aprehensión cuando hasta este momento no han comparecido a declarar los policías federales que participaron en los hechos, falta ese elemento testimonial y pericial en el uso de sus armas, por consecuencia no se puede llegar a la verdad histórica”, se lee en el documento.

Señalan que por ese tipo de inconsistencias jurídicas la sociedad ha perdido la credibilidad y confianza en una institución como la PGR, que debe ser vertical en la aplicación de la justicia, y exigieron a la PGR que no actúe al margen de la ley con órdenes de aprehensión improcedentes.

En su intervención el encargado de la Procuraduría dijo que revisaría el documento, atendería las propuestas y les daría el cauce legal.

En declaraciones a los reporteros el presidente del colegio de Abogados Mariano Otero, Rogelio Lozano Herrera, dijo que la PGR debe actuar de manera honesta y no dejarse presionar.

“No se ha determinado posición, ubicación, lugar, tiempo y circunstancia de cómo actuó la Policía Federal en el desalojo de los normalistas el pasado 12 de diciembre de la Autopista del Sol”, señaló.

Dijo que mientras no se tenga un panorama completo de cómo sucedieron los hechos no se puede hacer una determinación de la Procuraduría de Justicia del estado ni de la PGR para solicitar órdenes de aprehensión.

En tanto el encargado de la Procuraduría dijo que no opinaría nada sobre el trabajo de la PGR porque son fueros distintos.