Denunciará el gobierno estatal a la minera de Amojileca que es “rapaz y depredadora”, anuncia

El gobierno del estado presentará una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de la minera Comercializadora del Sur, que ya exploraba un yacimiento de barita de sulfato a unos 4 kilómetros al noreste de Amojileca, municipio de Chilpancingo, sin la normatividad requerida.

El director general de Promoción Industrial, Agroindustrial y Minera de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Héctor Zurita Brito advirtió que el gobierno del estado “no puede apostarle a una actividad minera rapaz, depredadora, que no cumple con nada y que quiere estar con la política de ganar y ganar, sin dejar nada al estado, al municipio y a las comunidades”.

Aseguró que la postura del gobernador, Ángel Aguirre Rivero, es que ninguna empresa de este tipo debe de trabajar por encima de la ley y sin el consentimiento de las comunidades.

Mientras tanto, el comisario municipal de Amojileca, Hipólito Pastor Adame, informó que el abogado de la empresa, de quien dijo no les dio su nombre, acudió a entrevistarse con él el lunes para pedirle que lleguen a un “arreglo”, pero que volvió a contestarle igual que al gerente, José Luis Ponce, en el sentido de que será en una asamblea de los habitantes en donde decidirán la respuesta.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Juan Castro Castro, declaró que está valorando con el propietario del terreno, Jaime García, presentar una demanda en contra de la empresa, independientemente de la que presentará el gobierno estatal mediante la Sedeco, por el delito de daños.

El funcionario estatal, Zurita Brito, entrevistado en sus oficinas al medio día de ayer, informó que la empresa minera no acudió al gobierno del estado para que fueran apoyados y negociar con los propietarios del terreno donde pensaban trabajar, pues dijo que la función del gobierno estatal es buscar que las dos partes resulten beneficiadas, siempre y cuando las empresas cumplan con la concesión, los permisos y la normatividad correspondiente.

Agregó que en este caso la empresa no cuenta con esos requisitos por lo que el Consejo Estatal de Minería hará la denuncia correspondiente ante la Profepa.

El funcionario adelantó que la denuncia será presentada independientemente si la empresa minera se retira o no, por los daños ocasionados al medio ambiente y por no cumplir con la normatividad ambiental correspondiente.

Zurita Brito reconoció que no solamente la minera Comercializadora del Sur ha incurrido en esta irregularidad, sino que en las regiones de la Costa Grande y en Acapulco, “hay empresas que estamos seguros que no están cumpliendo con la normatividad ambiental”.

Dijo que en estas regiones las compañías mineras extraen sobre todo fierro “y lo hacen a espaldas de la ley”.

Sin embargo, aclaró que la competencia es federal, “nosotros somos promotores de la actividad, pero de una actividad socialmente responsable y ambientalmente sustentable”.

Pero dijo que en Guerrero solamente tres compañías cumplen con toda la normatividad: Goldcorp, Media Luna y Farallón. Dijo que estas tres no solamente cumplen con la normatividad ambiental, sino con normas internacionales y que han sido certificadas por la federación y por organismos internacionales.

“Nosotros estamos impulsando en Guerrero a aquellas pequeñas y medianas empresas mineras pero que vengan aquí a la secretaría (de Desarrollo Económico) y propongan y expongan sus proyectos para conocer cuál es el tamaño de su inversión, o si ya están regulados por la Procuraduría Agraria para los convenios de uso temporal del suelo, si existen negociaciones claras, que no sean a favor de las empresas y afectando los intereses de las comunidades”, dijo.

Pero insistió que en el gobierno no se apoyan empresas “como esta (la Comercializadora del Sur) que están fuera de la ley por completo”, dijo.

El funcionario agregó que tiene información de que en la zona de la Costa Grande, cerca de Zihuatanejo, existe una gran depredación de fierro, mismo que venden en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Insistió en que regularlo y sancionarlo es tarea del gobierno federal y que el estatal solamente puede intervenir presentando las denuncias cuando existen elementos, como en el caso de Comercializadora del Sur que exploraba en Amojileca.

Zurita Brito explicó que el gobierno federal debe de intervenir a través de Profepa, la secretaría de Economía, e incluso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en donde deben de tener un padrón de exportadores, “pero nosotros no tenemos la competencia legal”.

Sin embargo, dijo que el gobierno estatal sí tiene competencia política, “porque cada una de las empresas que no cumple con los requisitos le causa un conflicto al gobierno y a las comunidades y descomponen el tejido social causando divisiones en los bienes comunales, y no podemos estarle apostando a una actividad minera rapaz, depredadora, que no cumple con nada y estar siempre con la política de ganar y ganar, sin dejar nada al estado, al municipio y a las comunidades”.

Pide un arreglo con el comisario

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Juan Castro Castro informó que junto al propietario del terreno en donde la minera Comercializadora del Sur pretendía comenzar los trabajos de exploración, está valorando la posibilidad de presentar una denuncia por daños.

Informó que el propietario del terreno ubicado en el punto conocido como Cerro Alto estaba esperando que la comunidad tomara la iniciativa, pero que como las autoridades determinaron esperar hasta que se realice una asamblea general, el dueño del predio está analizando presentar la denuncia de manera particular por allanamiento y por los daños que ocasionó la minera a su terreno, así como por los daños ambientales que provocó.

A su vez el comisario municipal, Hipólito Pastor Adame, informó que el lunes acudió un abogado de la empresa minera, quien le pidió llegar a un acuerdo, aunque dijo que no le explicó qué tipo de acuerdo, puesto que de inmediato él le explicó que el caso se discutirá en una reunión general de la comunidad, misma que podría ser el próximo domingo.

Dijo que el abogado, quien no le proporcionó su nombre, quiso saber por qué los habitantes determinaron parar los trabajos de la empresa, “y yo le contesté que muy fácil; porque se quiso meter como dueña en un terreno que no es suyo”.

El comisario informó que después le dijo que no tenía nada que arreglar con él, que simplemente están pidiendo copia del proyecto y que la empresa no se los ha entregado, “y mientras no nos lo entreguen no hay arreglo”.

Informó que el mismo enviado le informó que la empresa ya había desactivado los explosivos y que la máquina que abría la brecha había sido guardada en un terreno particular. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).