Paga el gobierno del estado a la CRAC las 20 armas que le decomisaron el Ejército y la Marina en Acapulco

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades de las cuatro Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se reunieron ayer en Casa Guerrero con el secretario general de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez, con el encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera y con el subsecretario de Prevención y Operación Policial y encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Leonardo Octavio Vázquez Pérez para continuar con la mesa de diálogo que se instaló en la secretaría de Gobernación y resolver el pliego petitorio de 14 puntos que presentó la organización indígena.

Como observador del gobierno federal, asistió el delegado de Gobernación federal, Juan Salgado Brito.

En la mesa de ayer, las autoridades estatales pagaron el costo de las 20 armas que fueron decomisadas a los policías comunitarios por el Ejército mexicano y la Marina el 5 de mayo en Acapulco, el día en que fueron detenidos dos de los coordinadores, un comandante y tres policías comunitarios de la CRAC.

Los de la CRAC ofrecieron que el próximo lunes entregarán las armas que recogieron los policías comunitarios a los elementos de la Policía Municipal de San Luis Acatlán y Malinaltepec, en respuesta a la detención y el decomiso de dos de sus camionetas, sus armas y pertenencias en Acapulco.

Ofrecieron que van a revisar y a actualizar el reglamento interno de la CRAC como uno de los requisitos para que puedan transitar libremente por el estado. También convinieron participar juntos en la revisión, y en su caso, reformar y proponer las leyes secundarias de la Ley 701 para encuadrar la demanda de la institución indígena para el uso del armamento apropiado para hacer frente a la delincuencia, como lo están demandando.

Con el encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera acordaron implementar medidas de coordinación y evitar confusiones y fricciones entre los agentes del Ministerio Público y los policías ministeriales con la CRAC y su Policía Comunitaria.

La reunión fue privada en Casa Guerrero, comenzó poco después de las 11 de la mañana y terminó a las 3:00 de la tarde. Al final, sólo los coordinadores de la institución indígena informaron de los acuerdos a los que llegaron, en tanto que los funcionarios estatales evadieron a los medios de comunicación.

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo admitió que los acuerdos se están cumpliendo y que ayer acordaron que van a seguir las mesas de trabajo para solucionar los asuntos que quedan pendientes.

Uno de ellos son las 18 órdenes de aprehensión que existen en contra de integrantes de la CRAC, en lo que “ya hay un gran avance” e informó que para el próximo 10 de junio cuando se realizará la próxima mesa de dialogo, las autoridades federales les darán una solución definitiva en este punto.

Estas mesas de trabajo se convinieron con las autoridades federales y estatales el 10 de mayo en San Luis Acatlán, después de la confrontación que se vivió entre la CRAC con los gobiernos estatal y federal cuando en Acapulco le recogieron a la Policía Comunitaria dos camionetas, 20 armas, celulares y pertenencias personales.

En respuesta la Policía Comunitaria, la noche del 7 de mayo, detuvo al secretario de Acuerdos del Juzgado de San Luis Acatlán, al día siguiente detuvo a un comandante de la Policía Ministerial y a cuatro de sus agentes. Mientras que el 8 de mayo desarmaron a seis policías municipales de San Luis Acatlán y a 10 de Malinaltepec, las acciones fueron como medida de presión para que las autoridades les devolvieran lo que les habían recogido.

Fue el 10 de mayo cuando una comisión integrada por el delegado de Gobernación, Salgado Brito, el director de Servicios Profesionales para la Paz (Serapaz), Miguel Álvarez Gandara, el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y el ahora subsecretario de Asuntos Políticos del Gobierno estatal, Oscar Chávez Rendón integraron una comisión que dialogó con las autoridades de la CRAC para resolver un pliego petitorio de 14 puntos que contenía, en primer lugar, la devolución de las dos camionetas, el armamento y las pertenencias de los miembros de la CRAC que habían sido detenidos en Acapulco.

Para dar continuidad al diálogo la comisión convino una reunión en la Secretaría de Gobernación el 17 de mayo en la ciudad de México.

Villar Castillo reconoció ayer que las demandas de la CRAC van avanzando en estas mesas. Dijo que, por ejemplo, ayer los funcionarios estatales pagaron 15 mil pesos por cada una de las 20 armas que les recogieron los militares y los marinos en Acapulco, pues explicó que las armas fueron puestas a disposición de la PGR y que para evitar los trámites para su devolución el gobierno estatal prefirió pagarlas. Las armas son 10 largas y 10 cortas. Villar Castillo informó que con ese recurso la CRAC va a comprar nuevamente las armas decomisadas.

Agregó que otra de las demandas que quedan pendientes es la portación de armas de alto calibre como las que utilizan las policías estatales y federales y dijo que para ello se va a actualizar el reglamento de la CRAC, asimismo se integrará una comisión  tanto de la organización indígena como del gobierno del estado para proponer la reforma y la ley secundaria a la Ley 701 de derechos y cultura indígena, a fin de que puedan obtener la licencia colectiva 110.

“Vamos a tener talleres para actualizar nuestro reglamento interno, también vamos a proponer la actualización de la Ley 701 como parte del proceso para obtener esa licencia colectiva”, explicó Villar Castillo.

En cuanto a su petición de tener el libre tránsito en el estado y en el país, el coordinador de la CRAC dijo que existe el acuerdo “de que mientras nos reglamentamos tenemos el libre tránsito en todo el estado, además eso lo marca nuestra ley y tiene que ser respetada”.

Informó que ya hay avances en materia de coordinación entre la CRAC y su Policía Comunitaria con los ministerios públicos y la Policía Ministerial para evitar confrontaciones y fricciones. Villar Castillo anunció que en las próximas mesas de trabajo van a estar, también autoridades federales para que esta coordinación se dé con la policía federal, el Ejército y la Marina.

Informó que para resolver el asunto de la coordinación, el lunes se reunieron con el encargado de despacho de la Procuraduría, Iñaki Blanco Cabrera, con quien acordaron que el asunto sobre seguridad y justicia que esté en manos de la CRAC no podrá ser retomado por la Procuraduría, a través de sus ministerios públicos, y agregó que, igual, la CRAC no podrá retomar los casos que ya estén en manos de los ministerios públicos. “También nos pusimos de acuerdo para buscar mecanismos que nos permitan trabajar cada quién en sus áreas sin llegar a las confrontaciones”, informó el coordinador.

Informó que estas reuniones van a continuar y que la próxima será el 10 de junio, cuando tratarán los casos de18 procesos penales que existen en contra de los integrantes de la CRAC.