Netzahualcóyotl Bustamante Santín

Reforma migratoria, un primer paso

Hace una semana, el martes 21 el Comité Judicial del Senado norteamericano aprobó con 13 votos contra 5 un anteproyecto de ley de reforma migratoria, luego de una discusión de más de 100 enmiendas que fueron avaladas en su totalidad tanto por demócratas como republicanos, incluyendo al “Grupo de los ocho” senadores que desde enero comenzó a trabajar en la nueva legislación como lo referimos en una entrega previa sobre el tema (El Sur 12/2/13).

El proyecto sobrevivió al debate en el Comité entre los 18 legisladores que lo integran dejando inalterables sus principales artículos que son la esencia misma de la ley.

La reforma migratoria otorgaría ciudadanía a 11 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos, de los cuales unos 6.8 millones son mexicanos. La legislación impondría nuevas medidas para reforzar la seguridad en la frontera; crearía nuevos permisos para trabajadores temporales y dotaría de visas a profesionales y trabajadores de alta calidad extranjeros.

Hasta el fundador de Facebook se ha decantado por la propuesta; el 13 de abril Mark Zuckerberg en un artículo firmado en The Washington Post anunció el lanzamiento de una organización para promover la inmigración en Estados Unidos y facilitar la llegada de los mayores talentos de todo el mundo.

La coalición bipartidista de ocho senadores se afanó en elaborar el texto de reforma migratoria durante cuatro meses y justo cuando la tuvieron lista para presentarla ante el Senado el 16 de abril, pospusieron un día el acontecimiento merced al ataque de Boston ocurrido la víspera. Un mes transcurrió apenas desde el acto de presentación del proyecto de ley a su aprobación en la comisión legislativa del propio Senado.

La aprobación del Comité Judicial supone un primer y decisivo paso del curso que tomará la discusión de la ley en el Congreso norteamericano, pero también representa un indiscutible triunfo político para los demócratas y especialmente para el presidente Barack Obama, pues ha sido aprobada en un tiempo brevísimo y con el concurso de los republicanos.

La próxima semana será presentada la ley migratoria ante el pleno del Senado y se espera que sea avalada con 70 votos (10 más de los necesarios) de los 100 senadores. Posteriormente será enviada a la Cámara de Representantes donde habrá de enfrentar un fuerte debate pues existe ahí mayoría republicana y un número considerable de legisladores afines al Tea Party, el ala más conservadora del Partido Republicano.

Varios analistas han reconocido el mérito político de legisladores progresistas y conservadores de hacer concesiones, ponerse de acuerdo y votar favorablemente la reforma migratoria después de haber sostenido serios desencuentros en los últimos años originados por la discusión de la reforma de salud de Obama, el techo de la deuda soberana (límite de endeudamiento) o el llamado abismo fiscal.

Por su lado, la Cámara de Representantes prepara su propia ley migratoria bajo la presión que supone que el Senado haya aprobado la suya en un corto tiempo y con resultados casi satisfactorios para todos.

El denominado “pacto de principios” –como se le llama al borrador de ley migratoria en la Cámara Baja– deberá superar primero los debates en el Comité Judicial, de ahí ser aprobada por el Pleno de 435 legisladores de los cuales 234 son republicanos y enseguida, ser conciliada con el texto del Senado de 844 páginas.

El Senador demócrata Chuck Schumer ha dicho que la reforma migratoria aborda la seguridad fronteriza con la misma prioridad que la regularización de los 11 millones de indocumentados que se estiman viven en Estados Unidos (lo que significa que al mismo tiempo que se legaliza a indocumentados, con el mismo énfasis habrán de endurecerse las leyes y la acción de las agencias policiacas en los límites con México).

Por su lado, la estrella de los republicanos, Marco Rubio afirmó “somos una nación de inmigrantes y no vamos a deportar a todos los que viven aquí de manera ilegal”, por ello defendió su apoyo a la reforma porque “dejar las cosas como están es la verdadera amnistía”.

Obama, que había advertido que presentaría su propia iniciativa en caso de que el Congreso no avanzara sobre la reforma de ley y no considerara la regularización de los millones de indocumentados y el reforzamiento de la seguridad en la frontera, desistió para no interferir con las negociaciones en las cámaras legislativas, aunque admitió que el texto promovido por los senadores “no es el que yo hubiera escrito”.

El  proyecto de reforma establece que sólo podrán acceder a la ciudadanía estadunidense aquellos que entraron al país antes de diciembre de 2011 y el trámite para conseguirlo duraría trece años. Los aspirantes podrán registrarse como indocumentados y en un plazo de una década, obtendrían un permiso de residencia (debiendo pagar multas, impuestos atrasados y aprender inglés) y después de tres años más, alcanzarían la ciudadanía. Durante ese proceso, los indocumentados recibirían un nuevo estatus, el de “inmigrantes temporales registrados” que les permitiría trabajar y viajar fuera del país.

Autoridades del Instituto Nacional de Migración estiman que retornarán unos dos millones de mexicanos, quienes no podrán cumplir con los requisitos de la nueva ley migratoria.

A la par del debate en Washington, han comenzado a aparecer estudios sobre los potenciales beneficios que atraería la nueva ley migratoria.

La Universidad del Sur de California presentó el 7 de mayo el informe Lo que está en juego para el estado: californianos indocumentados, reforma de inmigración y nuestro futuro juntos. Según sus autores, unos 4 mil 500 millones de dólares anuales serían añadidos a la economía de California, aunque algunos estudios cifran en 8 mil millones el beneficio.

El análisis indica que el estado de California, donde viven uno de cada cuatro indocumentados en Estados Unidos tiene mucho en juego en la reforma migratoria y podrá beneficiarse a largo plazo si invierte y educa a dos millones 600 mil indocumentados que ahora viven en ese estado.

Y la aparición de encuestas sobre el tema no cesan. El 2 de mayo el Consejo sobre Asuntos Globales de Chicago presentó un muestreo de carácter nacional realizado a mediados de abril, en el que el 50 por ciento de los estadunidenses considera que se debe permitir a los indocumentados conservar sus puestos de trabajo y tener una alternativa para permanecer en el país, mientras que el 47 por ciento optaría por deportarlos o de plano, darles permisos de trabajo pero sin la posibilidad de conseguir la ciudadanía, lo que evidencia posturas divididas entre la sociedad norteamericana.

El 87 por ciento de los consultados que dijeron ser republicanos apoyan una reforma migratoria que refuerce la seguridad en la frontera, penalice a quienes contraten a indocumentados, solicite a los inmigrantes el pago de impuestos atrasados y aprendan inglés, la cifra baja al 75 por ciento de quienes se pronunciaron como demócratas.

De las mil 17 personas consultadas por el Consejo de Chicago, el 87 por ciento consideró que los mexicanos son muy trabajadores, y el 53 por ciento que respetan la ley. En contraste, el 57 por ciento cree que los mexicanos no aprenden inglés y 48 por ciento que no se han integrado al estilo de vida estadunidense. Por otra parte, el 57 por ciento cree que es Estados Unidos y no México, el que debe hacer frente al flujo de indocumentados mexicanos.

La reforma migratoria aún tiene escollos que librar, pero es casi seguro que en el Senado encuentre la luz al final del túnel antes del receso de agosto, circunstancia que meterá presión a la Cámara de Represen-tantes. Si ahí los republicanos dan marcha atrás, no sólo serán señalados por la comunidad latina sino por la de otras naciones.

El futuro político del Partido Republicano depende ahora muy claramente, de la reforma migratoria. Sin duda, el lugar y la circunstancia a la que quería llegar Obama.