Demanda Tlachinollan a una empresa agrícola de Sinaloa que no pagó a migrantes indígenas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, denunció que la empresa Agroger del Évora S.P.R. de R.L. con sede en Guasave, Sinaloa, se niega a pagar el salario de trabajadores indígenas agrícolas de la Montaña de Guerrero, por lo que el organismo presentó una demanda laboral en su contra.

Los jornaleros y jornaleras agrícolas interpusieron la demanda laboral mediante Tlachinollan ante la Junta Especial Número Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Sinaloa.

En un comunicado de prensa, el organismo informó que la demanda laboral fue interpuesta el 25 de febrero de 2013 por 37 indígenas me’phaa de Santa María Tonaya, Municipio de Tlapa de Commonfort, la cual fue admitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa el 13 de marzo de 2013.

Tlachinollan informó que  los 37 jornaleros y jornaleras agrícolas llegaron a mediados de diciembre del 2010 a trabajar a Guasave, Sinaloa, al campo denominado Paraíso 3, perteneciente a la agrícola Agroger del Évora, cuyo propietario es el empresario José Alfredo Gerardo Ríos.

Los jornaleros llegaron allí “igual que miles de indígenas guerrerenses que año tras año migran a Sinaloa”, se lee en el documento.

Agrega que las familias indígenas fueron contratadas para laborar en la siembra y corte de calabaza, con un horario de trabajo de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con un salario diario de 135 pesos.

“Durante mes y medio, la empresa agrícola cubrió los salarios correspondientes; sin embargo, a partir del 5 de febrero de 2011 dejó de pagar argumentando que debido a las fuertes heladas que afectaron al estado de Sinaloa en enero de ese año, los productos cosechados durante esos días no se habían vendido. Posteriormente, la empresa informó que se cubriría el pago de los salarios en cuanto se vendiera el producto, y se acordó que  el grupo continuaría trabajando”, explica en su boletín Tlachinollan.

Agrega que, sin embargo, el 11 de mayo del 2011 la empresa informó al grupo de jornaleras y jornaleros que “ya no había trabajo y debían retirarse, sin dar alguna explicación”.

“Por lo anterior, las y los 37 jornaleros agrícolas acudieron a la Procuraduría de Defensa del Trabajo del Estado de Sinaloa para exigir que les fuera remunerado el trabajo que habían realizado durante los tres meses”.

En respuesta, el 28 de febrero de 2012, la Procuraduría citó al representante de la agrícola, José Alfredo Gerardo Ríos, y “ante esta autoridad, el empresario reconoció el adeudo a las 37 personas y mediante un acta compromiso se comprometió a cubrir el adeudo por la cantidad de 163 mil, 568 pesos”.

Añade que el compromiso fue incumplido, sin que la Procuraduría ejerciera sus atribuciones para asesorar y defender legalmente a las y los jornaleros.

Por ello, ante las omisiones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, las y los jornaleros agrícolas con el acompañamiento de Tlachinollan interpusieron una demanda formal.

“En la primera audiencia de conciliación realizada el pasado 16 de mayo de  2013, la empresa se negó a pagar a los trabajadores el adeudo y llegó al extremo de negar la relación laboral, incurriendo en un nuevo trato discriminatorio contra las y los jornaleros.”, menciona.

Por eso, el martes 28 de mayo emitió una acción urgente para exhortar a la empresa agrícola Agroger del Évora S.P.R. DE R.L.  a cumplir con sus obligaciones patronales, “la acción urgente también se dirige a las autoridades laborales de Sinaloa a quienes se insta a garantizar los derechos de las y los jornaleros, considerando la pasividad con que se condujo la Procuraduría de Defensa del Trabajador en el caso”.

Tlachinollan informó ayer que a 24 horas de haber sido emitida, la acción urgente ha sido suscrita por alrededor de 500 defensores y defensoras de derechos humanos, así como por organizaciones nacionales e internacionales, quienes estarán vigilantes de la demanda interpuesta ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, y de manera particular, de la próxima audiencia que se realizará el 4 de junio de 2013 en Guasave, Sinaloa”.