Carlos Pérez Aguirre

Las declaraciones a la ligera del gobernador

 

Gabriel: Sigues dándonos grandes satisfacciones y momentos inolvidables de orgullo.

 

El gobierno estatal que encabeza Ángel Aguirre ahora no solo es omiso en el cumplimiento de sus responsabilidades  como es en el caso de la seguridad pública –completamente inexistente en el territorio estatal– o en el cumplimiento o vigilancia de la obra pública como puede ser el caso de la obra concesionada Acabús, entre otras, que ha traído de cabeza por ya varios meses la vialidad del puerto de Acapulco, así como la falta de infraestructura educativa adecuada.

Ahora resulta que abre otra vertiente en la verborrea demagógica, siguiendo su costumbre de declarar solo para salir del paso y engañar a la ciudadanía. En ese sentido ha realizado en los últimos días dos declaraciones incendiarias que, por la responsabilidad que detenta –aunque no la ejerza–, debería ser más cuidadoso o puntual. Una correspondió a la acusación de ligas del narcotráfico y la guerrilla con movimientos populares, la otra respecto a que algunos presidentes tienen vínculos con la delincuencia organizada.

Evidentemente estas declaraciones tendrían un gran contenido de ser ciertas, pero salta a la vista que más bien se usan por el gobernante con criterios estrictamente estridentes con el único objetivo de llamar la atención, sin tomar en cuenta que genera un daño a la imagen institucional de los presidentes municipales o a las organizaciones sociales. Porque de tener elementos que sustentaran seriamente esos exabruptos, la denuncia no se tendría que hacer en un show televisivo, sino ante las instancias de procuración de justicia y con la secrecía que demanda una investigación.

Es por demás irresponsable desarrollar esta campaña de denostación cuando los grupos delincuenciales están en pleno enfrentamiento, como se ha dejado sentir en diversas localidades. No debe aquí pasar inadvertido estos discursos del gobernante pues habrá que recordar que hace algunos números la revista Proceso –de probada seriedad– señalaba en un artículo al hacer referencia a algunas declaraciones y entrevistas que señalan que posiblemente el gobernante pudiese tener contacto vía un familiar, resulta que hasta el día de hoy esa información, no obstante la carga de responsabilidad que le atribuye, no ha sido respondida o negada. Habrá que recordar que el adagio popular señala que “el que calla otorga”. Todo ello viene al caso porque al acusar sin pruebas, fundamentos o precisión, se cae en peligrosas ambigüedades que a nadie beneficia y sí genera confusión y eso es lo que menos debe buscar un gobernante en momentos de esta crisis de inseguridad e inexistencia del gobierno.

Por ello es menester exigir al gobernante que si existen indicios de prueba o pruebas que involucren a gobiernos municipales u organizaciones populares con la delincuencia, habrá que denunciarlas de inmediato. De no ser así, solo se trasparenta una mentira más del gobernante así como una evidente y aberrante deseo de poner en jaque a la autoridad municipal desprestigiándola, así como a las organizaciones sociales que no comulgan con su forma de desgobierno. Por ello las ligerezas de la lengua deben ser acompañadas de pruebas y denuncias. Mientras tanto “ya no más demagogia barata”.

 

 

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