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Confronta el MPG en Tlapa a los organizadores de la consulta indígena para la Constitución

Carmen González Benicio

 

Tlapa

 

Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se enfrentaron verbalmente y cuestionaron a los organizadores de la asamblea de consulta a autoridades comunitarias, tradicionales, organizaciones, profesionales y ciudadanos interesados de las regiones La Montaña, Costa Chica, Norte y Centro del estado de Guerrero para el capítulo indígena en La Constitución, porque con esas acciones respaldaban a los diputados y al gobierno del estado que la financió y actuó contra el magisterio.

En la asamblea estuvieron los diputados locales Luisa Ayala Mondragón, Arturo  Bonilla Morales y Evencio Romero Sotelo quienes fueron cuestionados por los integrantes del MPG por no defender al magisterio de la Reforma Educativa y apoyar una ley secundaria acorde a los intereses del gobernador, Ángel Aguirre Rivero y del presidente Enrique Peña Nieto.

Según versiones de los presentes, en ese momento, Ayala Mondragón y Bonilla Morales se mantuvieron en su sitio y Romero Sotelo “huyo” del lugar cuando se dio cuenta de la presencia de unos 20 integrantes del MPG, que después sumaron a 40, y que tras cuestionar la actividad y decirles a los organizadores, en su mayoría vinculados a la UPOEG porque ahí estaba Claudio Ortega,  que no se valía que hicieran actividades con diputados cuando ellos les dieron la espalda al movimiento como lo cuestionó Fredislinda Vázquez Paz, diputada suplente de Ayala Mondragón.

Después de ese intercambio de palabras los del MPG se retiraron y la  asamblea realizada en un salón donde se reunieron indígenas de municipios como Copanatoyac, Acatepec, Tlacoapa, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte inició con un número cultural  y, seguido, las nueve mesas de trabajo.

Las conclusiones de la asamblea las leyó Joaquín Morales Sánchez y sobre el tema Libre determinación y autonomía plasmaron que deben decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural y definir sus prioridades de desarrollo.

Así como elegir de acuerdo a sus prácticas tradicionales a las autoridades o representantes y garantizar la participación de las mujeres con equidad y que el órgano electoral  estatal debe dar seguimiento y asistir para que se cumpla.

En acceso a la justicia pidieron que se apliquen sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos y se establezcan tribunales y juzgados comunitarios; que las resoluciones de la jurisdicción indígena será considerándolas como cosa juzgada y se cree una sala indígena con equidad y pluralidad y una ley de Coordinación Jurisdiccional donde estén al mismo nivel el sistema normativo indígena y el derecho positivo y que los servidores públicos, defensores y traductores sean bilingües.

En lenguas indígenas y cultura pidieron que  las cuatro lenguas mayoritarias en el estado sean oficiales en el estado.

En el caso de territorios  y recursos naturales externaron que los gobiernos estatal y municipal protejan el medio ambiente y den los medios para desarrollarlo en armonía  y puedan ejercer el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales en donde habitan y ocupan y para la explotación de los recursos en sus tierras se de un procedimiento de consulta.

En la mesa de representación política dijeron que los pueblos indígenas tienen derecho a la participación y representación en la integración del Congreso del estado y de los ayuntamientos que cuenten con población indígena al igual que en  las dependencias del Estado y órganos autónomos y que haya un diputado y regidor nahua, ñu savi, me’phaa, n’ancue ñ’omdaa y afromexicano.

En derecho a la consulta dijeron que deben  consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles y  participar en la elaboración y ejecución de las políticas orientadas.

En medios de comunicación que los indígenas puedan adquirir, crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios con viabilidad y así  se extienda la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades.

En educación que haya becas para cursar y continuar con  la formación de profesionista indígenas y afromexicanos y la educación sea intercultural en todo el sistema educativo, se erradique el analfabetismo y se otorguen becas  y esto se plasme en el presupuesto de egresos de los ayuntamientos y del gobierno estatal.

Sobre  la salud que ésta sea universal y gratuita y respete la cosmovisión y prácticas tradicionales y sea obligatorio que los servicios sean en su lengua propia, que no haya discriminación y sí un desarrollo integral con derecho a viviendas dignas, y espacios de convivencia y cobertura en los servicios básicos y que se respete su propiedad intelectual.

Mencionaron que para eso el estado y los municipios deben elaborar de manera conjunta con los interesados las políticas necesarias e impulsar el desarrollo regional y fortalecer la economía local y que las autoridades municipales determinen equitativamente las asignaciones presupuestales a las comunidades para que las administren.

Y que se propicie la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria, preferentemente, en los municipios de alta y muy alta marginación.

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