Tlachinollan

La vorágine delincuencial

Exigimos la presentación de Arturo Hernández Cardona y siete de sus compañeros de-saparecidos.

 

En Guerrero no hay semana que termine sin que  se registren hechos sumamente graves que atentan contra la vida, la seguridad y la libertad de las y los guerrerenses. Esta situación sienta un mal precedente para  las autoridades del estado porque constatamos que no están cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales.  En varias regiones se han desdibujado y más bien hay un vacío de poder que lo han retomado los grupos del crimen organizado. Cada día se constata la supeditación o colusión de varias autoridades municipales a los intereses delincuenciales. No les queda otra opción que pactar para poder medio gobernar, dejando a la deriva  a la población. Esto significa que a nivel regional o municipal existe un poder mayor atrás del poder formal, que existen otros actores extralegales  que mueven  a control remoto los hilos del poder político y económico.

La misma economía criminal es la que realmente dinamiza y oxigena la endeble economía local. La prosperidad empresarial no se entiende si no se urde debajo de la alfombra con los negocios ilícitos. Todo tiene que converger en el tráfico de personas, de armas y de drogas.

Si lo que rige al modelo neoliberal es la economía de mercado,  los gobiernos de los países poderosos tienen como mandato imponer su hegemonía a los países que quieren imitarlos. En México  las elites  políticas y económicas, para no quedarse rezagadas, se han visto obligadas a pactar entre sí y con las grandes multinacionales y los organismos multilaterales, imponiendo reformas legislativas acordes al modelo neoliberal  e implantando políticas privatizadoras que incentiven la acumulación capitalista. Entre los grandes emporios de los países ricos es donde han sentado sus reales las empresas del crimen organizado, que con la ley en la mano, han podido blanquear sus finanzas en los paraísos fiscales, creados por el mismo sistema empresarial.

Esta globalización del mercado ha traído aparejado la globalización de los negocios ilícitos. Por algo la revista Forbes ha incluido dentro de sus listas al Chapo Guzmán, como uno de los hombres más ricos del mundo. No es gratuita esta hazaña porque los negocios son negocios y no conocen de restricciones legales, ni de fronteras nacionales, controles territoriales o giros empresariales. El dejar hacer y el dejar pasar es la ley máxima que han sabido aplicar con gran éxito los varones de la droga.

Guerrero en el tinglado internacional forma parte de un enclave estratégico y de un corredor internacional que facilita el trasiego de las mercancías ilícitas para el norte, centro y sudamérica. Su ubicación en el Pacífico y su intrincada  geografía le permite desempeñar varios roles dentro de toda la cadena de producción, trasiego, distribución y consumo de drogas. Sus siete regiones han amalgamado y se han apropiado de estos negocios ilícitos que conlleva una lucha sin cuartel por el control del mercado, del territorio, de las instituciones, de los negocios  y de las personas. Tienen sus propios códigos de guerra, sus métodos de sometimiento, su estrategia mediática y su autogobierno. Son un Estado dentro del Estado y lo que es peor, le disputan ya al mismo Estado la integridad de su territorio, por el control férreo que han impuesto en varias regiones.

Lo más trágico que nos ha pasado a las y los guerrerenses es que se ha erosionado el poder de quienes tienen la obligación de proteger los derechos humanos  y de garantizar  justicia  a las víctimas de la violencia. No hay remanso que nos permita restañar las heridas sociales causadas por las prácticas sistemáticas que se han arraigado en nuestra entidad como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Somos ahora víctimas de la violencia imparable que nos impide luchar y organizarnos para alcanzar la justicia, la seguridad y la paz.

Más que un Estado de derecho, en Guerrero impera en varias regiones un Estado de excepción impuesto por los poderes fácticos de la delincuencia, que disponen de la vida, la libertad y el patrimonio de cualquier persona o familia.

Desde las desapariciones forzadas de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y sus posteriores ejecuciones, en febrero de 2009, en nuestro estado se ha venido implantando un patrón de persecución, desapariciones y hasta ejecuciones contra defensores y defensoras de derechos humanos. Raúl y Manuel fueron defensores del pueblo na savi de Ayutla de los Libres y por su trabajo causaron malestar entre los grupos de poder locales. Nada impidió que los desaparecieran y ejecutaran. Hasta la fecha no hay resultados de la investigación, sus familiares siguen padeciendo los estragos de su ausencia y la falta de justicia.

De igual manera sucedió con las desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista, dos defensores ecologistas de la sierra de Petatlán, que por defender los bosques y denunciar el contubernio de las corporaciones policiacas y miembros del Ejército con los grupos de la delincuencia organizada, fueron desaparecidos el 7 de diciembre de 2011, después de pasar un retén militar cuando viajaban en un autobús a la ciudad de México. A pesar de las denuncias interpuestas y la detención de un comandante de la Policía Ministerial de Tecpan de Galeana, los familiares de Eva y Marcial no saben nada de los avances de las investigaciones ni del paradero de sus familiares.

Las desapariciones de ocho dirigentes de la Unidad Popular de Iguala el jueves 30 de mayo, después de haber realizado una jornada de protesta, es otra señal funesta de lo que ahora tienen que enfrentar quienes se atreven a levantar la voz, a increpar a las autoridades por desatender e ignorar a la población y por ejercer el derecho a la protesta. Arturo Hernández desde hace décadas se ha distinguido por defender los derechos de la población marginada del Valle de Iguala. Su desaparición y la de sus siete compañeros,  representa un agravio más a la sociedad en general y a los luchadores sociales de Guerrero en particular, porque han entregado su vida para construir una sociedad justa e igualitaria. El liderazgo de Arturo Hernández Cardona se forjó desde el compromiso y el acompañamiento permanente con los campesinos y colonos. Su vida se entendió siempre desde la organización de base. Formó parte del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y apoyó la lucha emprendida por  la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Hizo causa común con varias organizaciones sociales para exigir justicia por la matanza de Aguas Blancas y la masacre de El Charco. A pesar de las amenazas y las persecuciones, nunca se arredró ante el poder. Más allá de su militancia partidista, su identidad la labró con los movimientos sociales, con las luchas de los campesinos, los maestros, las maestras y los colonos. Su desaparición y la de sus siete compañeros: Héctor Arroyo, Gregorio Dante Cervantes, Angel Román, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza, Rafael Banderas, y Jimmy Castrejón se dan en el marco de una movilización social que tuvo como objetivo hacer visible su protesta contra el presidente municipal de Iguala, quien se negó a dotar de fertilizante a los campesinos de la Unidad Popular y a atender sus demandas relacionadas con varias obras.

En este bloqueo realizado en la carretera federal de Iguala- Cuernavaca, también se dio un altercado con un agente de la Policía Federal, quien exigía que liberaran la vía. Los motivos de su movilización y el malestar de las autoridades, tanto municipal y la federal, tienen que tomarse muy en cuenta por parte de las autoridades del estado para realizar las investigaciones, sobre todo para garantizar la integridad física y psicológica de los ocho dirigentes sociales desparecidos y su presentación con vida.

Las autoridades del estado deben dimensionar la gravedad del caso por la responsabilidad que tienen de dar con el paradero de los ocho dirigentes sociales. Es importante remarcar que estamos ante un caso grave de desaparición forzada que se entiende como “el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad, que sean obra de agentes del Estado, o por personas o grupo de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. En nuestro estado desde el 2005 existe una ley integral y detallada sobre el delito de desaparicuión forzada que las autoridades no deben de soslayar, por el contrario, cuenta con un instrumento legal efectivo para aplicarlo en favor de las víctimas de este delito de lesa humanidad y de sus familiares. Es otra prueba más para las autoridades del estado, para que hagan valer la ley y salvaguarden en los hechos y no en el discurso los derechos de los ocho luchadores sociales desaparecidos. No debe imperar la impunidad, ni sumergirnos en la vorágine delincuencial.