Busca la UPOEG la mayoría y vender el proyecto comunitario al gobierno federal, reitera la CRAC

Zacarías Cervantes

San Luis Acatlán

El Coordinador de  la Casa de Justicia de esta localidad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo, denunció ayer, aquí, que detrás del grupo que encabezan los expulsados “que pretende dividir” a la organización indígena está el interés de tener la mayoría de las autoridades para vender el proyecto comunitario al gobierno federal.

El asesor de la agrupación, Valentín Hernández Chapa, agregó que las acciones de ese grupo, que encabeza Bruno Plácido Valerio con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y su Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC), así como la desaparición del dirigente de la Unión Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona y siete dirigentes más, son parte de un plan del gobierno estatal y del federal para frenar el movimiento social en la entidad.

La asamblea regional de la CRAC que se realizó ayer en esta cabecera municipal acordó la integración de una comisión que visitará las comunidades cuyos comisarios municipales se han ubicado en el grupo que encabeza el también fundador de la organización, Cirino Plácido Valerio y el ex coordinador, Apolonio Cruz Rosas, quienes recientemente fueron expulsados, para aclarar las acusaciones que se han hecho en contra de la organización y de sus coordinadores.

Lo anterior como parte de la división interna que se generó luego de que en la asamblea regional del 26 de mayo fueron expulsados los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio, el ex coordinador Apolonio Cruz Rosas, los comandantes Paula Silva Florentino y Miguel Morán Melitón, el ex coordinador Pablo Guzmán Hernández, así como el ex consejero Marcos Santana, de la comunidad de El Carmen, municipio de Metlatónoc.

Antes también fue expulsado  el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, Rey Pastrana Peralta.

Según el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, son cinco comunidades las que se han incorporado al grupo disidente.

Entrevistado en un receso de la reunión de la CRAC, Villar Castillo dijo que las autoridades de la organización indígena están abiertas al diálogo, “ahorita está la asamblea a la que se han citado todas las autoridades, sin tomar en cuenta ninguna particularidad”.

Sin embargo, aseguró, “los líderes que están dividiendo a la CRAC no quieren presentarse a la asamblea, su intención es no dar la cara y seguir avanzando, pero qué bueno que la gente se está dando cuenta de sus propósitos, está bien vista la asamblea de ellos el día de hoy, fue un fracaso, pues de todas las comunidades que citaron a su reunión, tengo la información que son sólo cinco las comunidades (que asistieron)”.

Dijo que la Casa de Justicia de San Luis Acatlán cuenta con 42 comunidades que tienen Policía Comunitaria, “de las que nosotros tenemos la presencia de 33 comunidades ahorita aquí (en la asamblea de la CRAC) y es mucha la diferencia, ellos han manejado en los medios que tienen 26 comunidades pero es pura mentira porque toman en cuenta a comunidades que no tienen Policía Comunitaria”, dijo.

Aseguró que el otro grupo no va a lograr su propósito de dividir a la CRAC porque “en lo que va pasando el tiempo la ciudadanía se está dando cuenta de la realidad y los están ignorando”.

Explicó que el propósito de la reunión de ayer fue “mantener en guarda” a la Casa de Justicia, luego de los rumores de que irían a tomar las instalaciones los expulsados y sus seguidores.

Asimismo, dijo que se reunieron “puras autoridades” para ver “qué tan cierto es que tienen a la mayoría de las comunidades y con esto estamos comprobando que es mentira que tienen a la mayoría, imagínese, tenemos 33 comunidades presentes aquí, para cinco que tienen allá, es mucha la diferencia”.

Informó que en la reunión integraron una comisión de comisarios que va a visitar a las comunidades para informarles de lo que está pasando. Esta comisión va a “aclarar las mentiras” que están diciendo en su campaña los expulsados para difamar y desacreditar a los coordinadores de la CRAC.

Informó que si hay disidentes que tienen inconformidades y cuestionamientos, pueden asistir a las reuniones próximas, “porque nosotros en ningún momento nos hemos cerrado al diálogo, en ningún momento hemos hecho reuniones privadas, aquí está la asamblea, está a la vista, en el momento que ellos vean oportuno que manifiesten sus inconformidades, que nos lo digan de frente, pues no se vale que anden haciendo esta campaña sucia en contra de los coordinadores y de la CRAC”.

Consideró, “sabemos que hay muchos intereses detrás de estos líderes que andan promoviendo esta división pero todo lo estamos esclareciendo y los ciudadanos, lejos de que se alejen, se nos están uniendo”.

Rechazó los señalamientos de que los coordinadores ganan de 30 mil a 60 mil pesos, pues dijo que reciben una compensación de 5 mil pesos mensuales, igual que los coordinadores regionales.

Dijo que es mentira lo que dijeron los comandantes expulsados, Miguel y Paula, en el sentido de que sólo ellos estaban recibiendo la compensación de 5 mil pesos, “tenemos las nóminas firmadas por los que reciben las compensaciones y en una asamblea regional, si ellos tienen esa inconformidad podemos mostrarles los documentos”.

Del millón de pesos que dio el gobernador el mes pasado a la CRAC, dijo que está íntegro y a disposición para compartirlo con las otras Casas de Justicia y no se ha gastado, como lo denunciaron los expulsados.

Anunció que en la próxima asamblea regional las autoridades comunitarias van a dar un informe, “y vamos a dar a conocer el recurso que existe en caja, porque el recurso se está manejando de manera transparente”.

Rechazó que la organización esté cobrando multa, “que nos presenten a las personas detenidas a las que les hemos cobrado multas, queremos que presenten a quienes les hemos vendido su libertad, eso es una mentira”.

Explicó que en algunos casos lo que ocurre es la reparación del daño, pero dijo que esto se presenta entre el agraviado y el detenido, pero no intervienen las autoridades de la CRAC, “pero nosotros decimos que el delito no se borra y que los detenidos tienen que reeducarse en las comunidades, independientemente del acuerdo al que lleguen las partes”.

Por su parte el asesor de la Casa de Justicia, Valentín Hernández, respondió que las acusaciones que le han hecho a él y al ex coordinador Pablo Guzmán, en el sentido que permitieron el crimen organizado en territorio comunitario, “son declaraciones falsas, son mentiras, el hecho de que estamos aquí, en la Coordinadora, de frente ante la asamblea y si hubiera alguna acción en mi contra yo siempre he estado dispuesto a que se me corrija en asamblea”.

Sin embargo, dijo que lo que hay atrás es un plan diseñado desde fuera para deslegitimar la lucha de la CRAC. Señaló que como el gobierno no lo puede hacer directamente “se vale de estos agentes y es curioso que precisamente en estos se hagan señalamientos de que estamos pactando con la mafia, cuando si tuvieran pruebas en su momento lo hubieran hecho valer en la asamblea para que se nos sancionara”.

Valentín Hernández, denunció que esta campaña en contra de la CRAC , así como la desaparición del dirigente Arturo Hernández Cardona y siete de sus compañeros forman parte de un plan del gobierno estatal y el federal para frenar el movimiento social en el estado.