Acuerda la UPOEG visitar las comunidades para buscar la restructuración de la CRAC

Zacarías Cervantes

San Luis Acatlán

En una asamblea que realizaron ayer en esta cabecera municipal, los expulsados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordaron integrar una comisión para visitar a las comunidades que integran el sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC, a fin de convocarlos a comenzar un proceso de restructuración de esa organización indígena.

Nombraron otra comisión que acuda ante el gobierno estatal y los ayuntamientos para que suspendan los recursos que entregan a la CRAC, pues acusaron que se han perdido los principios y los objetivos que le dieron origen, y acusaron de corrupción a los actuales coordinadores.

La reunión se realizó ayer en el auditorio de la comisaría ejidal, a donde según los organizadores, asistieron 20 comisarios, de un total de 43, seis delegados municipales, 11 comisariados y 600 ciudadanos en general.

Uno de los fundadores de la CRAC, expulsado de esta organización hace una semana, y comisariado ejidal de Buena Vista, de este municipio, Cirino Plácido Valerio, aclaró que la reunión no la convocó la CRAC ni la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), organización a la que pertenece y que encabeza su hermano Bruno y que además está en abierta confrontación con la CRAC, pues de ahí fueron expulsados ocho integrantes en la última semana, la mayoría por “traición” a la CRAC, mismos que después informaron que se integrarían a la UPOEG.

Cirino Plácido dijo que sus simpatizantes iniciarán un proceso de reconstrucción del Sistema Comunitario.

La asamblea inició con un espacio de denuncias en contra de los actuales coordinadores de la CRAC; hubo acusaciones de que se toman decisiones sin consultar a la asamblea, entre ellas crear un grupo especial de la Policía Comunitaria que les sirve de guardaespaldas y que discriminan a los policías comunitarios indígenas.

Hubo acusaciones de violaciones a los derechos humanos y de haber perdido el principio de que “el que la deba que la pague”, puesto que ahora se cobran multas a los detenidos y de inmediato se ponen en libertad. También hubo acusaciones de los asistentes en el sentido de que se dan privilegios a familiares, compadres y amigos de los coordinadores cuando son detenidos.

En la reunión se dijo que la Casa de Justicia de San Luis Acatlán se ha convertido en un negocio para los coordinadores, puesto que además de los ingresos por los detenidos, no rinden cuentas de los recursos que reciben del gobierno del estado, que recientemente les dio un millón de pesos, ni de los presidentes municipales de Marquelia, San Luis Acatlán y Malinaltepec, quienes aportan 100 mil pesos mensuales.

Después del espacio de las denuncias, se propuso revocar el mandato de los coordinadores, que una comisión acudiera a la Casa de Justicia para pedirles su presencia en esta reunión, sin embargo Apolonio Cruz Rosas, Cirino Plácido Valerio y Roberto Santana Lara, quien coordinó la mesa de debates, matizaron los ánimos y propusieron que el proceso fuera más despacio y que primero debería de invitarse al resto de las comunidades para que asistieran a una próxima reunión.

Plácido Valerio expuso después que la intención es llegar a una asamblea regional en la que esté la mayoría en la que se tomen las decisiones como la revocación del mandato de los coordinadores y la restructuración de la CRAC.

En la reunión estuvieron los comandantes expulsados el 26 de mayo, Paula Silva y Miguel Morales Melitón, quienes se manifestaron por el desconocimiento de los coordinadores actuales e integrar una nueva estructura, por las irregularidades que se denunciaron en la primera etapa de la asamblea.

Los acuerdos a los que llegaron los asistentes fueron la integración de la comisión que recorrerá las comunidades que pertenecen a las Casas de Justicia de Zitlaltepec y Espino Blanco para que acudan a una próxima reunión el 16 de junio en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malnaltepec, y otra más para que acuda con las autoridades estatales y municipales para que suspendan los recursos que están entregando a la CRAC, hasta que se resuelva el conflicto que existe.

Santana Lara aclaró que las decisiones que se tomaron en esta asamblea “no son para dividir a los pueblos, sino que las reuniones que se realizarán en los próximos días serán  para reestructurar a la CRAC”.

Al final, Plácido Valerio informó que el grupo que se reunió ayer cuenta con 27 comandantes, sólo en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, así como unos 220 policías comunitarios.

La organización cuenta con más de mil policías comunitarios en más de 600 comunidades y según Cirino Plácido pretenden llegar a una asamblea regional en la que cuenten con la mayoría para la toma de decisiones en la restructuración de la CRAC.