Encabeza Pablo Sandoval conferencia en Iguala para exigir la presentación de los 8

Redacción

Iguala

Luchadores sociales de distintas organizaciones sociales exigieron al gobernador la presentación con vida de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), así como de otros siete integrantes de la Unidad Popular (UP) que fueron desaparecidos forzadamente después de que protestaron en la caseta de cobro de la Autopista del Sol.

Fueron Pablo Sandoval Cruz y Nicolás Guerrero Adame, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG); el sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés Chávez; así como el líder de los mineros en huelga de Taxco, Roberto Hernández Mojica, quienes coincidieron en calificar la desaparición de Hernández Cardona y los otros siete activistas como un crimen político.

“Es ilógico que en Guerrero suceda todo esto. Entonces si el gobernador está callado es porque algo sabe, el gobernador algo sabe porque aquí hay dos cosas, se calla por omisión o porque está ocultando la información”, denunció Efrén Cortés.

Y denunció que en la desaparición de los activistas hubo “complicidad de muchas autoridades”.

“Para detener y secuestrar a tantas personas se necesitan que estén de acuerdo muy arriba, a eso me refiero porque es ilógico”, mencionó, “el presidente municipal algo sabe, por eso decimos que hay responsabilidad municipal, estatal y federal”.

Junto un grupo de familiares de los siete desaparecidos sostuvo que “Aguirre puede decir que no tiene que ver nada, pero él sí tiene que ver, él es el gobernador no de un sólo grupo, sino de todas las personas que viven en este estado”.

“Necesitamos que el gobernador responda mañana sobre la desaparición y que no nada más le esté dando a las familias agüita, no basta que diga ‘estamos buscando, o la cosa es por acá o por allá’”, precisó.

“El gobernador tiene que dar una respuesta en el sentido de ¿qué es lo que pasó? Y ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales de las desapariciones?”, puntualizó.

Explicó que hay responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, toda vez que “ocho personas, las que se llevaron, son ocho personas que no las pudieron haber escondido en una cartera. Hay vidas, ocho vidas que estamos exigiendo que las presente, y queremos que los presenten vivos, porque vivos se los llevaron”.

“Se necesita que hayan actuado más actores, es más complejo, los hechos fueron alrededor de las 4 o 5 de la tarde, y en una ciudad en la que se está implementado un operativo, y en la que hay cámaras en distintas partes de la ciudad”, manifestó.

Sobre la declaración que hizo la senadora perredista Dolores Padierna, en la que exigió que se investigue al alcalde de Iguala, precisó que responsabilizar sólo a una autoridad es un análisis “reduccionista”.

El sobreviviente de la masacre de El Charco mencionó que “para capturar a ocho personas se necesitó de mucha gente. No queremos que la responsabilidad caiga sobre una sola persona, si el presidente municipal, si el gobernador y los poderes federales tienen culpa que investiguen”.

“Pero no se puede agarrar y decir que se vaya la investigación por dónde menos dañe a los intereses políticos”, detalló.

Subrayó que “el gobernador tiene los instrumentos para saber qué fue lo que realmente pasó en torno a la desaparición de Arturo Hernández y los demás compañeros”.

En su turno, Nicolás Chávez urgió: “Todos los familiares están pensando en que en el transcurso de estas horas van a tener a sus esposos, a sus hermanos, y a sus padres en sus casas. Este llamado le hacemos al gobernador, es un llamado enérgico el que le hacemos”.

Adelantó que se prepara una jornada de movilizaciones estatales para reclamar la aparición con vida de los integrantes de la UP al señalar que:

“En las pláticas que ya tuvimos con los familiares les dijimos que vamos a estar exigiendo esta reunión inmediata (con el gobernador) ya asamblea popular informará a las distintas organizaciones para que no sólo quede en una demanda, sino en una táctica y en una estrategia articulada de la lucha social en Guerrero”, abundó.

Hizo alusión a que en la región Norte de Guerrero hay una activa presencia de los grupos de la delincuencia organizada, así como altos niveles de violencia, pero que “estos problemas no son los que aquejan a la lucha social”.

“Nosotros podemos dar fe de que los compañeros son luchadores sociales y que por ese camino que han andado no merecen este camino, exigimos al gobernador que se establezca a la brevedad posible esa reunión ya, creo que las denuncias van a nivel nacional”.

Se le recordó que en fechas recientes Hernández Cardona había interpuesto una denuncia en contra del alcalde de Iguala, en la que lo responsabilizaba de cualquier cosa que le pudiera pasar.

“Los antecedentes ahí están, yo creo que los compañeros ya venían siendo acosados de manera permanente y dejaron asentado en documentos legales lo que podía suceder”, acotó.

Y también dijo que partir de ahora el gobierno del estado y el del municipios serán los responsables del acoso del que pudieran ser objeto los familiares de los siete luchadores sociales desaparecidos.

Pablo Sandoval dijo que el gobernador tiene un ultimátum de un par de días, para presentar a con vida a los integrantes de la UP que habrían sido levantados.

“Nuestra petición va más allá, hacia la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), ellos tienen la obligación también de darle seguimiento a este ilícito”.

Argumento que los captores, así como las autoridades, estarían “violando sus derechos humanos en su primera categoría y esto lesiona a la ciudadanía en general es un problema de tipo social e individual y atañe a toda la población, pedimos que también la comisión tome cartas en el asunto”.