Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* Desaparecidos

Al contrario de lo que el jefe de Gobierno del Distrito Federal dijo sobre el rapto de once jóvenes en la Zona Rosa, el gobernador de Guerrero no tiene ningún argumento para afirmar que la desaparición de ocho dirigentes e integrantes de la organización Unidad Popular en Iguala es un hecho “focalizado”. Con esa expresión Miguel Ángel Mancera quiso decir que el plagio fue un hecho aislado, sin antecedentes al menos en la historia reciente de la criminalidad capitalina, en lo que puede tener razón, mientras que en Guerrero la historia –la reciente y la anterior– está repleta de sucesos de ese calibre y aun peores.

La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha sido incapaz de encontrar a los once jóvenes o de resolver las circunstancias de su secuestro, y cree haber encontrado un respiro a la presión pública en la divulgación del perfil familiar de los secuestrados, cuyos padres en algunos casos están vinculados al tráfico de drogas en Tepito. Pero ese dato es irrelevante para la procuración de justicia y no exime al gobierno capitalino de su obligación de esclarecer el hecho y castigar a los responsables, tarea en la que no ha ofrecido hasta ahora ningún resultado pese a que todo sucedió a las diez de la mañana en un lugar que se supone ampliamente vigilado.

También la desaparición –secuestro debiéramos decir– de Arturo Hernández Cardona y los siete integrantes de Unidad Popular se produjo a plena luz del día, en un día hábil y en zonas concurridas de Iguala, si no vigiladas sí muy transitadas. Y al contrario del caso de  los jóvenes de Tepito, las circunstancias en que ocurrió el rapto de los activistas sociales deberían permitir su localización y el esclarecimiento del hecho, pero a juzgar por la ausencia absoluta de resultados parece ser que eso es precisamente lo que impide que se sepa qué sucedió.

Debemos suponer, porque no ha sido informado que así haya sido, que Alberto Castillo –el inspector de la Policía Federal con el que Hernández Cardona protagonizó un altercado en la caseta de la autopista a Cuernavaca– ya fue llamado a declarar por la Procuraduría de Justicia del estado. Y si eso no ha ocurrido, estaremos en presencia de una grave negligencia, cercana al encubrimiento y la complicidad. Porque no se puede minimizar la discusión y hacerla a un lado en la investigación, ni dar por sentada la inocencia del jefe de la Policía Federal. Fue exactamente después de esa discusión cuando Hernández Cardona y sus compañeros fueron desaparecidos, como si al abandonar la caseta de cobro hubieran sido seguidos. Lo cual abre algunas preguntas lógicas. ¿Cuántos individuos armados se necesitan para someter a ocho personas adultas? ¿Cuántos vehículos requirieron los agresores para trasladarse y cuántos para trasladar a sus víctimas una vez consumado el atentado? Es muy probable que hayan sido tres, cuatro o cinco vehículos grandes, camionetas quizás, los empleados en la operación, pues la camioneta de Hernández Cardona fue hallada el viernes abandonada en la comunidad de Metlapa. Una caravana de esas dimensiones no podía pasar inadvertida en las calles de Iguala. A pesar de ello, no se ha informado de la existencia de testigos, que indudablemente los hay. Si de casualidad fueron vehículos oficiales los utilizados en esa operación –de la Policía Federal, de la Policía Ministerial o de la policía municipal–, habría cierta duda en cualquier testigo para discernir si observó tareas legítimas o la consumación de un delito, pero aun así sería posible extraer indicios útiles a la investigación.

La hipótesis del involucramiento de vehículos oficiales en este caso parte de la conjetura de que esa habría sido la forma más efectiva de confundir, y porque en Guerrero la vieja historia de las desapariciones y asesinatos de líderes sociales muestra que casi siempre han sido obra de agentes gubernamentales, es decir, de policías en activo. Es aquí donde adquiere importancia el envalentonamiento y la actitud amenazante asumida por el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, en su largo enfrentamiento político con Hernández Cardona con motivo del reparto de fertilizante y otras demandas relacionadas con la representación social que ejercía el dirigente de Unidad Popular. Hernández Cardona se sabía amenazado y era tal la seriedad que atribuía a esas amenazas, que demandó ministerialmente a Abarca Velázquez dos días antes de su desaparición el jueves. Sería una impertinencia formular ahora un señalamiento categórico contra Abarca Velázquez, quien pertenece al PRD igual que Hernández Cardona, pero todos los antecedentes sugieren que la desaparición de los activistas de Unidad Popular está vinculada con su actividad como representantes de colonos y productores. Que es lo único a lo que se dedicaban, particularmente Hernández Cardona, un crítico intransigente del alcalde y del gobierno de Ángel Aguirre, al que perteneció como subsecretario de Desarrollo Rural en un breve tramo. Todo lo anterior explica que haya una demanda generalizada para que Abarca Velázquez sea investigado.

Además de las anteriores circunstancias, resulta improbable la participación del crimen organizado en este caso, a menos que sea en nombre de otros, lo que no haría sino empeorar las cosas. A diferencia de la desaparición de los once jóvenes de la Zona Rosa, en el de Iguala las autoridades disponen de mucha información y datos precisos que para cualquier gobierno serían un valioso punto de partida. Sin embargo, tres días después no había ningún avance, como si fuera normal que ocho personas sean secuestradas a las cuatro de la tarde y sin dejar rastro. Debido a la vigorosa presión de la opinión pública, en el Distrito Federal no es normal; en Guerrero sí. Ha sucedido muchas veces y por eso es legítimo poner en duda si el gobierno de Guerrero realmente investiga la desaparición. Después de todo, hay ahora mismo once policías de Cuetzala desaparecidos, y el gobierno del estado ni siquiera se tomó la molestia de informar oficialmente de esa atrocidad. Y todavía no se sabe nada de los dirigentes sociales de Petatlán, Eva Alarcón y Marcial Bautista, secuestrados el 7 de diciembre de 2011 en la carretera Zihuatanejo-Acapulco después de pasar un retén militar…

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