Condena y lamenta Aguirre la desaparición de los ocho activistas políticos de Iguala

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El gobernador Ángel Aguirre Rivero “condenó y lamentó” la desaparición de los ocho activistas de Iguala, e instruyó a los encargados de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), Leonardo Octavio Vázquez Pérez, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaki Blanco Cabrera, así como al secretario general de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez, a “intensificar las investigaciones y dar con su paradero”.

Mediante un boletín, el gobierno del estado informó que el gobernador instruyó a los funcionarios estatales a “intensificar las investigaciones” para localizar a los desaparecidos desde el jueves en Iguala, a quienes identifica como integrantes de “la organización Emiliano Zapata” y no de la Unidad Popular, entre ellos a su dirigente, el perredista Arturo Hernández Cardona.

En el texto difundido a tres días de la desaparición no se informa nada de líneas o avances de la investigación y se lee que Aguirre Rivero “condenó y lamentó” el hecho y que su gobierno es respetuoso de los derechos humanos y la libertad de expresión, y “abierto al diálogo con todas las organizaciones sociales, sin distingo partidista”.

Aunque Iguala pertenece a la zona Norte, donde en las pasadas dos semanas se ha recrudecido la violencia de los grupos de la delincuencia organizada, que ha llevado a por lo menos tres alcaldes a solicitar el auxilio de los gobiernos estatal y federal, el Ejecutivo lamentó el hecho porque “trastoca el clima de paz social que prevalece en Guerrero”.

Incluso, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, asistió a Casa Guerrero el jueves junto con otros cuatro alcaldes de la zona Norte, que a partir de los hechos delictivos en sus municipios.

A través del boletín, el gobernador dijo que refrenda “su respaldo absoluto y apoyo solidario a los familiares de los desaparecidos”, que cuentan con las instancias de gobierno y que el gobierno del estado se enteró del hecho hasta el viernes, cuando fue localizada la camioneta en que viajaban los ocho activistas y que a partir de ese momento instruyó a los secretarios de despacho de la procuraduría y de la SSPPC, así como al secretario de Gobierno, a que acudieran a Iguala.