Busca Jar Estate justificar anomalías en las obras del muelle de Revolcadero

Karla Galarce Sosa

El coordinador de delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Fernando Reina Iglesias, informó que la empresa Jar Estate Corp comenzó procedimientos para explicar la razón por las que violó dos condicionantes de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que aprobó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción de un muelle en playa Revolcadero.

Ayer se cumplieron tres días de la clausura, por inspectores de la Profepa, de las obras a consecuencia de los materiales utilizados y de las medidas finales del muelle que no corresponden a los autorizados por la dependencia.

Vía telefónica, Reina Iglesias explicó que ya hubo acercamiento con los representantes de la empresa, y sobre la posibilidad de que se levanten los sellos de clausura en el plazo que la ley marca, dijo que dependerá del cumplimiento de las medidas de mitigación del daño, que serán establecidas por la subprocuraduría jurídica de la Profepa.

“Es muy temprano saberlo, la gente de la subprocuraduría de Recursos Naturales está determinando cuáles son las medidas de mitigación y hasta que estén dictaminadas, no podemos decir, porque hay casos donde la determinación es la demolición total de la estructura, dejar las cosas como estaban y, hay casos que con sólo algunas adecuaciones se puede solventar los daños causados y mejorar el servicio a los usuarios”, explicó el funcionario federal.

Reiteró que se hizo la clausura a las obras del muelle que manejará la empresa afiliada a Jar Estate, Performance Boats, porque incumplió con lo que había sido aprobado en su Manifestación de Impacto Ambiental.

Reina Iglesias explicó que se incumplió con el tipo de material con el que fue construido el muelle, puesto que dijeron que sería de concreto y lo hicieron de acero, otro incumplimiento fue la anchura de la edificación, que tampoco respetaron.

“Las medidas de la edificación no corresponden a las que aprobó la Semarnat, no corresponden a las medidas que aprobó la Semarnat. Estamos en el proceso para que ellos presenten todas sus justificaciones, estamos en la parte de dirimir en qué va todo este asunto para saber por qué no hicieron todo lo que decía su manifiesto de impacto ambiental. Tienen entre cinco y diez días hábiles para responder”, puntualizó.

“Más allá de eso, del tiempo que tienen para responder, es que hay una disposición por remediar todo lo que han hecho, lo que importa es que se respeten las condicionantes que tienen escritas”, declaró el funcionario federal.

Reina Iglesias advirtió que Profepa no puede “solapar o tolerar que se autorice algo y que se construya algo distinto, que se termine la obra y que después nos digan “lo siento mucho, me pasé por dos tres, cuatro, cinco metros” y que no sean los materiales aprobados”.

Dio que si se levantan los sellos de clausura por alguien que no es la autoridad con facultades para hacerlo, cometerá un delito. “Es un hecho sabido por quienes laboran en la industria de la construcción o en la del medio ambiente como nosotros, que si levantan los sellos y carecen de las facultades para hacerlo, están cometiendo un delito”, lanzó.