Fue un crimen de Estado para frenar a los movimientos sociales, acusa la CETEG

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) denunció que el asesinato, la tortura y el encarcelamiento son las formas de detener y apaciguar a los movimientos sociales ante la crisis que se vive en el estado y en el país.

La organización manifestó lo anterior a propósito del asesinato de tres dirigentes de Unidad Popular, después de que fueron levantados el jueves pasado en Iguala.

Ayer, la CETEG repudió el asesinato de los activistas Arturo Hernández Cardona, Ángel Román y Rafael Banderas y el dirigente de la organización Gonzalo Juárez Ocampo denunció que se trató de un “crimen de Estado”.

En conferencia de prensa, Juárez Ocampo señaló que la muerte de los activistas, que también participaron en las protestas del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) en contra de la reforma educativa, generó coraje e incredulidad en el magisterio, porque “no puede regresar el tiempo que creíamos superado en Guerrero”.

Indicó que el levantón de los ocho activistas y el asesinato brutal de tres de ellos “confirma lo peor de este sistema que vivimos”. Adelantó que van a exigir justicia en los tres niveles de gobierno y ante las instancias internacionales, para que se aplique la ley.

Subrayó que estos homicidios se producen en un clima de gran represión y de terror que se vive en el estado, y el gobierno federal tiene que asumir sus responsabilidades.

Afirmó que la CETEG va a caminar junto con los integrantes de UP, aunque no precisó si habrá movilizaciones, porque la asamblea de la organización que tiene su sede en Iguala aún tiene que plantear sus acciones.

El dirigente de la región Centro de la CETEG, Minervino Morán Hernández, exigió castigo para los responsables de estos crueles asesinatos, y aventuró que el responsable pudo ser el gobierno federal, el estatal o el municipal de Iguala, y que van a exigir justicia hasta las instancias internacionales.

Señaló que este no es el primer asesinado de líderes en los tiempos actuales, y recordó el homicidio del diputado y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría, el de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa durante un desalojo policiaco, y la desaparición forzada de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista.

Insistió que en la entidad no hay respeto a los derechos humanos, a la vida, a la libertad ni a la justicia, y los que gobiernan al país deben una explicación a la población.

Sin embargo, denunció que con el asesinato y la tortura se pretende acallar voces de protesta y de libertad en Guerrero, y sólo el pueblo organizado puede cambiar la situación de  inseguridad, no sólo para dirigentes y organizaciones populares, sino para todos, porque los gobiernos son puras declaraciones.

Insistió en que las autoridades no tienen capacidad de resolver los graves problemas que hay en la entidad, y preocupa, sobre todo a los dirigentes y activistas de organizaciones, porque no hay respeto ni al derecho a la vida, “y por eso decimos que es urgente que se resuelvan estos  problemas”.

Consideró que con la muerte de los activistas de Iguala se envía un mensaje a todos los movimientos, para apaciguarlos, para que no crezcan por la grave crisis que vivimos en el país, en el estado de Guerrero, donde hay muchos brotes de descontento social, y la manera de detenerlos es el asesinato, la tortura, el encarcelamiento y las detenciones.

Confirmó que hoy se realizará una reunión con las organizaciones que integran el MPG, para tomar la decisión de movilizarse por el cese de la represión, de los asesinatos políticos y por la inseguridad en Guerrero.

Sobre el mensaje que dejaron en una de los cuerpos, donde se presume que un cártel del narcotráfico se adjudicó el asesinato de los activistas, Morán Hernández no descartó que “esos grupos que se mueven en la oscuridad, sean los que estén actuando, los que sirven al gobierno”.