Proteger a los sobrevivientes, demanda la ONU

Son “testigos excepcionales de este abominable crimen”, afirma la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos

Redacción

El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, condenó el triple asesinato de activistas de la Unidad Popular de Iguala, y pidió al gobierno de Enrique Peña Nie-to sancionar a los responsables.

En un comunicado, el representante de Navi Pillay en México exhortó a las autoridades responsables de la investigación a adoptar “medidas inmediatas y eficaces para que los sobrevivientes, constituidos hoy como testigos excepcionales de este abominable crimen, reciban la debida protección y garantías para el esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables, incluyendo medidas que se extiendan a salvaguardar a sus familias y demás integrantes de la dirigencia de Unidad Popular”.

Hernández Valencia consideró que los acontecimientos que iniciaron con una alerta por la privación ilegal de la libertad de ocho personas, a manos de gente no identificada, debe producir “la indignación. Y la alarma que produce un hecho de tal envergadura debería ser compartida y expresada como un rechazo unánime desde amplios sectores de la sociedad y política mexicanas”.

En su comunicado, la OACNUDH llamó a las autoridades a realizar “de manera diligente una investigación seria, completa, imparcial e independiente sobre estos hechos para sancionar a los responsables” y “prevenir las agresiones” contra otros miembros de la UP y “de cualquier otro movimiento social o político”.

Por último, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas e invocó a las autoridades locales y federales a “rodearlos prontamente del marco de asistencia y acompañamiento que su exigencia de justicia merece”.

También Tlachinollan

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigió ayer medidas de seguridad “efectivas” para quienes lograron escapar con vida.

Asimismo demandó a las autoridades medidas efectivas para proteger la vida y la integridad física y psicológica de las familias de Hernández Cardona, Rafael Banderas y Ángel Román.