Pide el Congreso a la PGR atraer el asesinato de los tres dirigentes de Unidad Popular

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

La Comisión Permanente del Congreso del estado aprobó ayer por unanimidad exhortar al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Angel Aguirre Rivero, que ordenen a las autoridades investigar y esclarecer el asesinato de los tres dirigentes de la Unidad Popular (UP) de Iguala, que les den protección y seguridad a los que lograron escapar de sus captores y que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga las investigaciones.

Asimismo, exhortaron a Peña Nieto y a Aguirre Rivero a que garanticen la seguridad pública en el estado y realicen las acciones establecidas en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas.

Y a petición de la fracción parlamentaria del PRI, que propuso una adición, los diputados aprobaron por mayoría exhortar al gobernador Angel Aguirre a que envíe a la brevedad posible al Congreso local la terna para elegir al nuevo procurador General de Justicia del estado.

El punto de acuerdo con los exhortos fue llevado a tribuna por la diputada del PRD, Luisa Ayala Mondragón, e intervinieron los diputados Mario Ramos del Carmen, de MC, Alicia Zamora Villalva y Javier Taja, ambos del PRI

Las intervenciones de los diputados fueron coincidentes en condenar los homicidios de Arturo Hernández Cardona, Angel Román y Rafael Banderas, exigir que se investigue el caso y se castigue a los responsables, aunque con sus matices, pues los priistas no estuvieron de acuerdo en que debe intervenir el gobierno federal, porque son delitos del fuero común, aunque al final aprobaron todo por unanimidad.

Lo que primero aprobaron los diputados de la Comisión Permanente, fue el exhorto al presidente Peña Nieto y gobernador Angel Aguirre, que plantea: “instruyan a las autoridades correspondientes a efecto de que realicen las investigaciones necesarias para esclarecer y no quedar impunes los homicidios de los luchadores sociales Félix Rafael Banderas Román, Ángel Román Ramírez y Arturo Hernández Cardona”.

Además, que “instruyan a las autoridades correspondientes a efecto que coordinen esfuerzos para garantizar medidas de protección y seguridad eficaces en favor de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa y Jimmy Castrejón, así como de sus familias”.

Y que  “instrumenten y apliquen los programas a fin de garantizar la seguridad pública y den cumplimiento cabal con lo señalado en la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas y demás legislación en la materia, con el objeto de implementar acciones para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas”.

También aprobaron el exhorto al procurador General de la República, “para que en términos del artículo 73, Fracción XXI, párrafo segundo, de la Constitución federal, considere la atracción del caso de los hechos mencionados en este acuerdo”.

Y es que la diputada perredista, quien también pertenece a la corriente de Nueva Izquierda (NI), misma a la que pertenece el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien la UP acusa de los homicidios, expuso que “las condiciones sociales y políticas en las que se encuentra el estado de Guerrero hacen que derechos fundamentales como la libertad y la vida sean violados sistemáticamente, como sí volviéramos a estar de nueva cuenta en la “guerra sucia” de los años 60 y principios de los años 80”.

Recordó que en ese período “se violaron los derechos y las garantías individuales; el derecho internacional humanitario y demás protocolos internacionales, con el fin de contener la insurrección popular, y el destino de los desaparecidos sigue sin esclarecerse, no hay justicia para las víctimas de encarcelamiento ilegal o para los desaparecidos, torturados y asesinados, parece que la impunidad es una constante”.

Adujo que la administración del presidente Enrique Peña Nieto, al igual que la de los estados y los municipios, “no han sido capaces de contrarrestar la violencia e impunidad y el aumento de la criminalidad,  poniendo en tela de juicio el actuar de todo el sistema de justicia y dejando a su suerte la seguridad de los gobernados”.

Criticó que la seguridad sigue siendo una tarea pendiente, “porque no ha sido garantizada en los términos requeridos, además de que en pleno siglo XXI continúa una guerra de baja intensidad que criminaliza la lucha social, como los casos de Aguas Blancas y El Charco, y en los últimos meses, los movimientos estudiantiles y populares”.

Explicó que el más reciente de estos movimientos es el de la Unidad Popular (UP) de Iguala, encabezado por Arturo Hernández Cardona, quien también era dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), donde se desempeñó como activista y representante de productores y colonos en la entidad guerrerense, “siendo un gestor tenaz ante las autoridades gubernamentales de todo requerimiento que sirviera a los más necesitados”.

Volvió a recordar la diputada perredista que, derivado de su actividad en pro de los productores y colonos, el miércoles 29 de mayo del presente año, Arturo Hernández Cardona y otros dirigentes se reunieron con el coordinador de asesores del gobierno del estado, Saúl López Sollano, y José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, pretendiendo dar solución a los problemas que el líder social expuso en la mesa de diálogo.

Luego recordó que el 31 de mayo del año en curso la camioneta en la que viajaban dirigentes de la Unidad Popular fue encontrada abandonada sobre la carretera que comunica a Iguala con el municipio de Teloloapan, Guerrero.

Y que un día después, las autoridades del gobierno del estado reportaron a Arturo Hernández Cardona, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza, Rafael Banderas, Jimmy Castrejón y Héctor Arroyo como desaparecidos e inició la investigación, y “posteriormente se supo que Jimmy Castrejón logró escapar en el momento que los privaban de su libertad”.

Luego indicó que después de cuatro días, el lunes 3 de junio, en el kilómetro 170+300 de la carretera federal 95 Cuernavaca-Chilpancingo, en el tramo Iguala-Mezcala, la Policía del estado “localizó  los cuerpos de algunos dirigentes de la UP desaparecidos, siendo los de Félix Rafael Banderas Román, Ángel Román y el de Arturo Hernández Cardona, quien también fuera dirigente estatal del PRD y subsecretario de desarrollo social del gobierno del estado”.

Por lo anterior, la diputada Luisa Ayala consideró que “la desaparición forzada y el homicidio de los dirigentes de la UP de Iguala, en nuestra entidad, no pueden ni deben quedar impunes, es urgente que las autoridades de procuración y administración de justicia del ámbito federal y estatal realicen las pesquisas necesarias para dar con los autores intelectuales y materiales, sean quienes sean, pero deben responder ante la justicia”.

También indicó que se les exige a las autoridades que coordinen esfuerzos para garantizar la protección y seguridad de Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa y Jimmy Castrejón, “quienes salvaron su vida al escapar de sus captores; este beneficio debe garantizarse de igual manera a sus familias”.

Asimismo, que “dada esta circunstancia, en términos del artículo 73, Fracción XXI, párrafo segundo, de la Constitución Federal, se solicita a  la Procuraduría General de la República la atracción del caso, a efectos de garantizar una pronta y expedita justica”.

Y añadió: “Hoy ya no se puede seguir tolerando más impunidad como ha sucedido en los casos de Armando Chavarría Barrera, quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado; el de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco en Ayutla de los Libres; y el de Justino Carvajal Salgado, síndico de Iguala, ocurrido en marzo de este año”.

Enseguida enfatizó la diputada del PRD: “Las legisladoras y legisladores de este Congreso condenamos y repudiamos los hechos de la desaparición y muerte de los compañeros de la Unidad Popular de Iguala, al igual que los  miles de casos que se han dado en la historia de nuestro país. Estos acontecimientos constituyen graves ofensas a la dignidad intrínseca de la persona humana porque violan derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable, como es la vida y la libertad”.

Además dijo que los integrantes del Poder Legislativo se solidarizan “al dolor que embarga a los familiares de las víctimas de estos lamentables sucesos, y al mismo tiempo exigimos a las autoridades correspondientes: justicia y no más impunidad, porque una de las cualidades de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”.

En Guerrero hay ingobernabilidad: PRI Luego se abrió una ronda de intervenciones, y el primero en hacerlo fue el diputado coordinador parlamentario del MC, Mario Ramos del Carmen, quien consideró que el asesinato de los dirigentes de la UP tiene repercusión social y política, porque además “son muchos los casos” en Guerrero y el país en los que se ha dado muerte a dirigentes, “es una situación difícil”. Dijo que no se saben las causas que motivaron los homicidios, pero cualquiera que haya sido, es condenable y lamentable, porque el dirigente de la UP, Arturo Hernández Cardona, fue intransigente con los hombres de poder, para exigir solución a los problemas de los que menos tienen y los desamparados. Acotó que en Guerrero y el país han fallado los “órganos policíacos”, porque no investigan los asesinatos ocurridos en el estado, para detener a los responsables y aún no hay un solo detenido. Y exaltó que su partido, el MC, se solidariza con los familiares de las víctimas y se une a la exigencia de que se investigue y castigue a los responsables, recordando que igual mantienen la demanda de la presentación con vida de su dirigente desaparecido en Iguala, Eliseo Ocampo Avila. Intervino en segundo lugar la diputada del PRI, Alicia Zamora, para decir a nombre de su fracción, que tenían severas dudas para la aprobación de los exhortos propuestos por la perredista Luisa Ayala, pero que al mismo tiempo lamentan la desaparición y asesinato de los dirigentes de la UP y se suman la exigencia de justicia. Luego, sin aportar mayores detalles, la priista aseveró que en Guerrero “hay pérdida de gobernabilidad”, enumerando luego las posturas de la CRAC, la CETEG y organismos no gubernamentales, que responsabilizan al gobierno del estado de Guerrero por la situación de violencia que se vive. Argumentó enseguida que “no toca al gobierno federal” investigar los homicidios, porque “el asunto es del orden común y es responsabilidad del gobierno del estado”. Y como es usual en estos casos, Alicia Zamora les pidió a los perredistas “no sacar raja política” y ser sensatos y razonables en sus juicios, porque en un estado como Guerrero, donde existe “corrupción y rezagos”, debe darse una corresponsabilidad entre gobiernos y ciudadanos para resolver los problemas. Enseguida, pese a sus anteriores posturas, anunció que el PRI aprobaría los exhortos, pero consideraban que no se actualizan los argumentos legales para que la PGR atraiga las investigaciones, aunque en el ánimo de la corresponsabilidad igual lo aprobarían. Aprovechó para exigir al gobierno del estado “poner orden en la casa, primero, porque quieren que intervenga la PGR cuando en Guerrero no se ha ocupado de proponer la terna para elegir al nuevo procurador general de Justicia del estado”. Lamentó que las instancias judiciales del gobierno del estado ni siquiera se hayan puesto en contacto con los dirigentes de la UP, que lograron escapar de sus captores para que aporten sus testimonios e información de lo ocurrido, que lleve a la detención de los responsables de los asesinatos. La postura de la priista Alicia Zamora provocó la intervención de la diputada Luisa Ayala, para reiterar sus argumentos a favor de su punto de acuerdo. Al final intervino el priista Javier Taja, también para decir que le parecen “lamentables” los homicidios y cuestionó al gobierno perredista de Angel Aguirre porque aún no dé resultados de las investigaciones de los asesinatos políticos de los diputados locales, Armando Chavarría Barrera del PRD y Jorge Bajos Valverde del PAN. También criticó que la senadora del PRD, Dolores Padierna, acuse al alcalde de Iguala del asesinato y pida su sustitución, “eso es grave y no abona, por eso les pido que este caso no sea botín político y no quieran sacar raja política”, luego de mostrar un recorte periodístico del diputado federal Sebastián de la Rosa cuestionando a su compañera perredista por sus declaraciones. Al final de la discusión la diputada priista Alicia Zamora pidió someter a votación la adición al punto de acuerdo de Luisa Ayala, para exhortar al gobernador a que envíe la terna para elegir al nuevo procurador, que se aprobó por mayoría de votos. Votaron en contra los diputados del MC, Mario Ramos el Carmen y Laura Arizmendi, así como Valentín Rafaela Solís de la corriente perredista Grupo Guerrero (GG) que dirige David Jiménez Rumbo.