Iguala, sin señales de que la policía busque a los homicidas de los dirigentes de UP

Redacción

Iguala

A una semana de que los ocho activistas de la Unidad Popular (UP) fueron levantados por un comando armado después de que protestaron en contra del alcalde José Luis Abarca Velázquez y de exigir una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el Palacio Municipal continúa tomado por unos cien activistas que exigen el esclarecimiento del asesinato de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas Román.

La tarde del miércoles, la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado anunció que había 400 policías antimotines listos para resguardar el Palacio Municipal de actos de saqueos, lo que fue interpretado ayer por los activistas como la amenaza de un inminente desalojo.

Sin embargo, hasta ayer en las inmediaciones del Ayuntamiento no se notaba la presencia de antimotines, sólo había dos patrullas de la Policía Estatal con menos de 10 agentes que perdían el tiempo leyendo algunos periódicos o platicando.

En el Palacio Municipal había una tensa calma ayer, toda vez que la dirigencia de la UP y familiares de las víctimas sostuvo por la mañana una reunión con el gobernador en las oficinas de la Promotora Turística de Playas (Protur).

Se conoció que a la reunión asistieron la pareja de Hernández Cardona, Sofia Lorena Mendoza, así como otros familiares de las víctimas de la masacre y los integrantes de la dirigencia de la Unidad Popular Rafael Ochoa Ochoa y Justino Osores Narciso.

A pesar de que el gobierno del estado había anunciado el reforzamiento de la operación policiaca para dar con los responsables del triple asesinato de los activistas, no se ha visto algún despliegue especial en la ciudad.

La última vez que se registró una movilización inusual de policías federales fue el pasado viernes, cuando unas 11 patrullas de la corporación arribaron al ayuntamiento de Iguala y se entrevistaron con el director de Seguridad Pública, Felipe Flores.

Mientras que en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, ubicadas cerca de la comunidad de Tuxpan, no se ha registrado ningún tipo de movilización policiaca especial.

Este jueves se cumplió una semana de que ocho integrantes de la Unidad Popular fueron levantados y posteriormente tres de ellos torturados y asesinados.

Así fue la protesta del jueves 30 de mayo

El jueves de la semana pasada los contingentes de la UP comenzaron a llegar a los alrededores del zócalo de Iguala, la mayoría de ellos de colonias populares, movilizados por sus líderes que desde hace algunos meses se aglutinaron en la coalición de organizaciones para buscar que el ayuntamiento cumpliera sus demandas.

Los manifestantes iniciaron su marcha frente a una sucursal un Banamex que está a un costado del zócalo de la ciudad; desde el carro de sonido, Justino Osores Narciso lanzaba consignas contra el alcalde José Luis Abarca Velázquez y el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Los manifestantes avanzaron haciendo pintas en contra de las autoridades; los inconformes apenas rebasaban las cien personas. En sus últimas protestas ya se podía observar que cada vez había menos personas en las marchas y en las movilizaciones.

Las demandas de la Unidad Popular esa mañana eran la liberación de alrededor de 800 toneladas de fertilizante, la inclusión de colonias irregulares en las propuestas de obras públicas y una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Fue alrededor de la una y media de la tarde cuando los alrededor de cien integrantes de la UP llegaron a la caseta de cobro de la autopista Iguala-Cuernavaca, que administra Caminos y Puentes Federales (Capufe).

La protesta fue subiendo de tono debido a que el tiempo pasaba y los manifestantes no tenían comunicación con ninguno de los niveles de gobierno.

El primer contacto que tuvieron los manifestantes con una instancia gubernamental fue con el inspector de la Policía Federal (PF) del área de Caminos, Alberto Castillo, quien exigía a Hernández Cardona que levantara la protesta.

Fue hasta poco después de las 3 de la tarde cuando Hernández Cardona entabló comunicación con el director de Gobierno del estado, Moisés Alcaraz Jiménez, quien le informó que el martes serían atendidos por Ángel Aguirre en Chilpancingo

Durante la protesta no hubo ningún tipo de contacto político con personal de la alcaldía, pero a unos 200 metros de la caseta se notó la presencia de un grupo de policías municipales.

A pesar de que Hernández Cardona ya había conseguido una audiencia con el gobernador continuó con la protesta, que para esas horas de la tarde se había concentrado en pedir dinero a los automovilistas para dejarlos seguir su camino con dirección a Chilpancingo.

De acuerdo con versiones de Justino Osores Narciso, comentadas hace unos días a este medio, las protestas concluyeron poco antes de las cinco de la tarde, cuando unas combis que fueron rentadas para mover a los contingentes regresaron a sus casas.

En las inmediaciones de la caseta se habría quedado Hernández Cardona, Gregorio Dante Cervantes, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates así como el chofer Nicolás Mendoza y los comerciantes que recientemente se habían integrado a la organización, Félix Rafael Banderas y Jimmy Castrejón.

En comunicaciones que sostuvo Héctor Arroyo con el perredista Bertoldo Martínez Cruz le comentó que un comando de hombres armados los levantó en algún punto del Periférico de Iguala.

De acuerdo con versiones oficiales la camioneta marca Honda tipo Pilot fue localizada en un deshuesadero cercano a la comunidad de Metlapa, y después fue recogida por elementos de la Policía Municipal.

Pasaron tres días y medio hasta que se tuvo conocimiento de los desaparecidos. La mañana del pasado lunes fueron localizados los cuerpos de Hernández Cardona, Román Ramírez y Félix Rafael Banderas en la colonia Valerio Trujano, en la que se ubican varios restaurantes al lado de la carretera Iguala-Chilpancingo a unos metros del puente sobre el río Balsas en Mezcala.