Se contabilizan en año y medio, 30 agresiones contra luchadores sociales en el estado, denuncian defensores

Demandan 73 agrupaciones de la Red Nacional de Derechos Humanos “una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial” y exigen protección para los cinco sobrevivientes del secuestro

Agencia Proceso

Ciudad de México

Durante 2012 y lo que va de este año se registraron unas 30 agresiones contra defensores y activistas sociales en Guerrero, denunció la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

En un comunicado, las 73 agrupaciones que conforman la Red TDT condenaron la desaparición forzada de ocho activistas del Frente de Unidad Popular (FUP), de Iguala, y los posteriores asesinatos de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Balderas.

Las víctimas, se puntualiza, fueron privadas de su libertad después de que participaron en una movilización en demanda de fertilizantes y obras públicas, en la caseta de peaje en las inmediaciones de la ciudad guerrerense, el jueves 30 de mayo.

La Red TDT destacó que en la entidad se han registrado agresiones contra defensores y luchadores sociales desde hace varios años, casos en los que “impera la impunidad que permite, a su vez, que este tipo de violaciones a derechos humanos continúe perpetrándose”.

También detalló que los tipos de agresiones más comunes documentadas en Guerrero son las amenazas de muerte, agresiones físicas, detención arbitraria o ilegal, uso excesivo de la fuerza pública y ejecuciones, entre otras.

A todo ello, las organizaciones agrupadas en la Red TDT recordaron que los activistas guerrerenses han padecido también desapariciones, como son los casos de Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, presidente y coordinadora de la Organización Campesina de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.

En el comunicado se recuerda que ambos defensores de los bosques desaparecieron el 8 de diciembre de 2011, por lo que una vez más se urgió a las autoridades a “emprender su búsqueda inmediata de estas y otras personas”.

Luego de recordar que es deber del Estado mexicano “garantizar y proteger el ejercicio de la defensa de los derechos humanos frente a un acto de violencia, represalia, discriminación, presión u otra acción arbitraria”, las organizaciones que componen la Red TDT urgieron a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Ángel Aguirre Rivero a “pronunciarse públicamente, condenando estos lamentables hechos y cualquier agresión cometida contra luchadores sociales y/o personas defensoras “.

Por los crímenes contra los dirigentes del FUP, la Red TDT exigió “una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial”, y la sanción de los responsables; además, demandó garantías de “seguridad e integridad física y psicológica” para Héctor Arroyo Delgado, Jaime Castrejón, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Nicolás Villa, quienes fueron privados de su libertad junto con los perredistas masacrados.

Entre las organizaciones que forman parte de la Red TDT destacan el Centro Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Casa del Migrante de Saltillo, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Centro Victoria Diez.