Se solicitará a la PGR que investigue el triple homicidio de Iguala

Daniel Velázquez

El gobernador Ángel Aguirre Rivero se reunió ayer en privado con familiares de los tres activistas asesinados en Iguala y ofreció que solicitará formalmente que la investigación sea atraída por la Procuraduría General de la República (PGR), y que incluso ya se había comunicado con el titular Jesús Murillo Karam.

Asimismo, solicitó a los cinco sobrevivientes del atentado que contribuyan con la investigación y les ofreció seguridad por el tiempo que sea necesario.

En la reunión estuvieron la regidora Sofía Lorena Mendoza; la hija de Arturo Hernández Car-dona, María Soledad Hernández Mena; Irene Banderas Díaz, Rubía Díaz Mena, Rafael Ochoa Ochoa, Justino Osores, Rafael Salgado Quezada, Godeleba Ro-mán, Bartolo Méndez Reyes, Víc-tor Flores Flores, Saturnino Ve-lázquez Carranza, Vicente Ban-deras, Irving Ochoa y Fernando Solano Díaz.

Los familiares de Arturo Her-nández Cardona, Angel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, acompañados por dirigentes de Unidad Popular entraron desde las doce del día a las oficinas de la Promotora Turística  y salieron a las 5:20 de la tarde.

Se conoció que tuvieron reuniones con los secretarios de Go-bierno, Florentino Cruz Ramírez; con el encargado de la Procura-duría, Iñaki Blanco Cabrera; con el titular de Seguridad Pública, Sergio Lara Montellanos; con la de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga; con el de De-sarrollo Urbano, Enrique Díaz Jiménez, y con el de Desarrollo Rural, Humberto Zapata Añorve.

A las reuniones no asistieron familiares de los sobrevivientes y la comisión que se presentó y los parientes de las víctimas llegaron y se retiraron de Protur en dos camionetas Suburban escoltados por una camioneta-patrulla de la policía estatal.

Primero se llevó a cabo una reunión conjunta del gobernador, los familiares y los funcionarios, y después éstos lo hicieron con el secretario de Seguridad Pública y el encargado de la Procuraduría para definir el esquema de seguridad que se les daría a ellos y a los líderes de la UP.

En breves declaraciones a los reporteros después de dar el banderazo de arranque a las obras del macrotúnel, el gobernador Ángel Aguirre dijo que el acuerdo con los familiares es que “lo más seguro es que mejor el caso sea atraído por la PGR”.

Antes durante su discurso, el abogado de la viudas de Aguas Blancas, José Sánchez, le gritó que atendiera el caso de Hernández Cardona, y el gobernador respondió que había atendido a los familiares, “tuve una larga charla con ellos y lo único que le puedo decir desde aquí es que tenga la plena seguridad que se hará justicia, independientemente de quién se trate”.

No confiamos en la Procuraduría del estado

Al salir de las oficinas de la Protur, la regidora y pareja de Hernández Cardona, Sofía Lorena Mendoza dijo que exigieron que se esclarezca el triple homicidio, pero como no confían en la Procuraduría de Justicia del estado, “que no tiene ningún indicio de lo que pasó realmente, lo que hicimos es exigirle que el asunto lo atraiga” la PGR.

Indicó que el gobernador les respondió que ya estableció co-municación con el procurador Jesús Murillo Karam para pedirle que la PGR se encargue de la investigación.

Contó que le cuestionaron al gobernador la reunión que tuvo con el Cabildo de Iguala en la residencia Casa Guerrero el miércoles, pero Aguirre no les respondió nada.

Indicó que los familiares ratifican sus acusaciones contra el alcalde José Luis Abarca, “yo no sé si él sea el responsable directo, pero se tiene que revisar y que se abran varias líneas de investigación”.

En la reunión le expresaron al gobernador que desde el 30 de mayo y hasta ayer no tienen un informe de la Procuraduría de lo que realmente pasó, y dijo que “es una injusticia no saber qué es lo que realmente pasó, lacera la dignidad de nosotros como seres humanos y por eso queremos que el asunto lo atraiga la PGR”.

Sofía Lorena Mendoza dijo que la petición para que se aclare el triple homicidio es porque no quieren que casos como ese se repitan, porque hay cifras alarmantes de personas desaparecidas. “Parece que vamos retrocediendo en lugar de avanzar”, dijo.

Otro de los temas que abordaron con el gobernador fueron las amenazas y el hostigamiento conra los integrantes de la UP y por eso acordaron que los familiares de las víctimas tendrán seguridad de parte de la policía estatal “por el tiempo que sea necesario”.

Indicó que los dirigentes de la UP sufrieron hostigamiento desde mediados de marzo y así lo denunció Hernández Cardona dos meses antes de que lo asesinaran, “que lo seguían autos, que lo vigilaban personas desconocidas”.

Agregó que rechazaron cualquier tipo de seguridad que les provea el municipio.

Sofía Lorena Mendoza dijo que desde el lunes cuando escaparon hasta ayer a las cinco de la tarde, no ha tenido comunicación con los cuatro sobrevivientes, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Nicolás Mendoza, “no sabemos nada de ellos y nos preocupa”, dijo.

“No podemos platicar con ellos porque no sabemos cómo localizarlos”, agregó.

Desconoce si los cuatro continúen en Iguala porque no han tenido contacto “de ningún tipo”, y pidió al gobierno que garantice su seguridad porque “son los que saben” cómo está la situación.

Agregó que en caso de que puedan hablar con los sobrevivientes se deben establecer medidas de seguridad e incluso han pensado en la posibilidad de pedir asilo político para ellos.

Reiteró que los familiares están convencidos de que el asesinato de los tres activistas es de tipo político y no van a permitir que se les involucre con el crimen organizado. E insistió en que “si el crimen organizado tuvo algo que ver, tuvo que haber una participación política”.

Pidió a las organizaciones sociales hacer eco de la exigencia de justicia para que el caso no se repita porque es una tragedia para el país y para el estado.

El profesor integrante de la CETEG, Rafael Salgado Quezada, informó que el viernes el Movi-miento Popular Guerrerense hará una marcha estatal para exigir justicia y que no haya impunidad, y advirtió que si el gobierno del estado sólo pretende acallar voces, levantarán la voz para denunciarlo.

Rafael Ochoa, integrante de la Unidad Popular, indicó que él y otro de sus compañeros han sido hostigados y dijo que hombres armados han ido a su casa en tres ocasiones, han amenazado de muerte a su familia y se salen riendo. Recordó que el hostigamiento empezó desde el 30 de enero, cuando constituyeron la organización.

Indicó que el hostigamiento vino de parte del alcalde José Luis Abarca, quien le dijo que si no se salía de esa organización se atuviera a las consecuencias, y lo responsabilizó de lo que les pudiera pasar algo a ellos.

El alcalde de Iguala ya declaró en la Procuraduría, dice Florentino

Por separado, el secretario de Gobierno, Florentino Cruz, dijo que el alcalde de Iguala ya declaró en la Procuraduría del estado y que lo hizo por voluntad propia.

“Tengo entendido que el alcalde ya asistió a dar su declaración y están construyendo todas las alternativas posibles para llegar a conocer la verdad histórica”, dijo.

Indicó que no sabe la fecha exacta en que acudió, “pero qué bueno que ya lo hizo”.

En declaraciones a reporteros después de la reunión, dijo que los familiares expresaron su molestia y exigieron justicia, y el gobernador escuchó y ratificó su compromiso de “hacer todo lo que esté a su alcance para que el crimen no quede impune”.

Cruz dijo que acordaron algunos “puntos” con los familiares pero se negó a precisarlos e insistió que el gobierno estatal tiene un compromiso para aclarar a situación y castigar a los culpables.

Reiteró que el gobierno está en la disposición de brindar seguridad a los sobrevivientes, “estamos a la espera de que ellos valoren nuestra propuesta y en cuanto nos indiquen vamos a acudir”.

Dijo que les expresaron a los familiares que el testimonio de los sobrevivientes ayudaría mucho a las investigaciones.

Informó que a partir de la próxima semana se instalarán mesas de trabajo para profundizar aspectos de gestoría con los integrantes de la UP, para atender sus demandas y que les entregaron apoyos que no pudieron recibir en la ceremonia de entrega que hubo esta semana en la Casa Guerrero.

Los acuerdos según el vocero

El vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanarez, reiteró que se llegará hasta las últimas consecuencias.

Dijo que el gobernador solicitará a Murillo Karam que el caso sea investigado por la PGR y que los familiares nombrarán un abogado para que coadyuve en las investigaciones y les informe de los avances, además de que atenderán las gestiones que había hecho Unidad Popular.

Dijo que la petición es que los sobrevivientes contribuyan con la declaración ante las instancias investigadoras para que aporten al esclarecimiento de los hechos y que no habrá necesidad de que salgan del municipio.

Dijo que no han sido localizados los sobrevivientes y por eso les pidieron a los familiares su intervención para que acudan a declarar, porque eso podría esclarecer lo sucedido.

Del porque la reunión con la UP se hizo hasta ayer, cuando la organización la había solicitado desde antes de que asesinaran a los tres activistas, el vocero dijo que no sabía las razones.

Reiteró que seguirán todas las líneas de investigación que plantee la familia.

Por la tarde, en un boletín de prensa se informó que en la reunión el encargado de la Procura-duría “relató el avance de las investigaciones y dijo que 12 ministerios públicos han sido destinados a las indagatorias, en las que también trabajan diez peritos en las diversas ciencias forenses y 15 agentes ministeriales”.

De acuerdo con el boletín “Aguirre Rivero reiteró su condena a esos hechos, y recordó que Hernández Cardona fue su amigo y colaborador. Les dijo que se llegará al fondo de las investigaciones y se dará con los responsables sin importar de quién se trate”.

El mismo texto refiere que se les solicitó a los familiares “su colaboración para que las personas que fueron retenidas y lograron escapar, y los familiares de las víctimas, rindan declaración en condiciones de absoluta seguridad”.

Igualmente, se acordó dar seguridad inmediata a los familiares de las víctimas y otros dirigentes, así como respetar las solicitudes de obras y peticiones de apoyos sociales que se habían acordado con Hernández Cardona y atenderlos de manera urgente.