En curso, el trámite para que la CIDH realice una necropsia a las víctimas de El Charco

Zacarías Cervantes

El Charco, Ayutla

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró indicios de que los 10 indígenas y el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) asesinados el 7 de junio del 2008 por elementos del Ejército mexicano en esta localidad, recibieron el tiro de gracia.

Debido a ello, peritos en medicina forense de Argentina, que realizaron la necropsia a los restos de Ernesto Che Guevara, van a realizar estudios a los cuerpos de las 11 víctimas si los familiares lo aceptan, pues para ello tendrán que ser exhumados, informó ayer Efrén Cortés Chávez, uno de los sobrevivientes de la matanza.

Cortés Chávez ha dado seguimiento a la queja que fue presentada ante la CIDH por familiares de las víctimas, así como por el organismo Década Contra la Impunidad, que encabeza el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera.

Entrevistado ayer aquí, en un receso de las actividades que se realizaron como parte de la conmemoración del 15 aniversario de la masacre cuando pernoctaban en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, Cortés Chávez explicó que después de que la CIDH ya recibió y asignó el número de queja, lo que sigue es que se empiece a exigir el trámite administrativo para la necropsia de los cadáveres, “esa prueba va a ser muy importante porque ya está demostrado que varias de las víctimas tienen el tiro de gracia”.

“Esperemos que en estos meses ya se le dé entrada por parte de la CIDH a presentar estas pruebas”, dijo.

Agregó que para ello el gobierno estatal y federal tienen que cumplir con todos los requerimientos para reunir estas pruebas que requiere la CIDH.

Cortés Chávez anunció que al parecer el trámite para la realización de la necropsia se realizará en septiembre y que los peritos en medicina forense serán de Argentina, los que participaron en el levantamiento del peritaje de casos de la guerra sucia en Chile y Argentina e hicieron la necropsia al Che Guevara.

Agregó que ante estos trámites, las autoridades estatales y federales tendrán que colaborar con las peticiones del organismo internacional, “no hay para dónde darle, tendrán que cumplir porque es su obligación de apoyar cuando se hagan las necropsias, porque es un término que se va a pedir ante un juzgado, entonces ellos deberán de apoyar eso”.

Explicó que, mientras tanto, la investigación en el ámbito local sigue impune a 15 años de la matanza. “Si el gobierno de Aguirre Rivero, que es el que estaba y está ahorita, quisiera, ya se hubieran investigado las causas y quiénes ejecutaron la masacre, pero no, nomás se quedó en que fue un enfrentamiento”, dijo.

Sin embargo, Cortés Chávez manifestó que si este caso se fundamenta bien ante la CIDH, y, finalmente, llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), “pensamos que se llegará a juzgar a los autores materiales e intelectuales paran que se repare el daño; hay huérfanos, hay gente que se quedó sola y hubo daños a la comunidad, entonces es obligación del Estado mexicano cumplir con esa reparación del daño si la Corte los resuelve así”, dijo.

Agregó que eso será a pesar de que aquí en México es muy difícil investigar al Ejército, “porque cuando está implicado (el Ejército) se aglutinan todas las fuerzas políticas para protegerlo porque es el que les da impunidad, por eso aunque los militares cometen las violaciones a los derechos humanos, hagan lo que hagan, (los de la clase política) están alegres, aunque eso sea traición a la patria”, dijo.

Cortés Chávez dijo que, en cambio, esa clase política considera al pueblo como enemigo y que está en contra del Ejército, “y por eso nosotros vemos que en el caso de El Charco aquí (en México) era muy difícil que se pudiera investigar al Ejército, por eso recurrimos a las instancias internacionales para que nos digan, con base a los argumentos que vamos a presentar, si el Estado mexicano y su Ejército es culpable”.

Incluso recordó que el propio gobernador Ángel Aguirre Rivero ha dicho que él nada tiene que ver en la masacre de El Charco, “y nosotros decimos que no tiene que ver en la masacre de El Charco, pero él como autoridad en el estado tenía la obligación de investigar cómo y quiénes fueron los responsables de la muerte de los compañeros”.

Sin embargo añadió que el gobernador “se tragó” la versión del Ejército, en el sentido de que quienes murieron eran guerrilleros, “pero no eran guerrilleros, eran gente civil, si la gente hubiera estado armada no se deja. Que si había guerrilla en la zona, sí, pero la gente que estaba aquí no estaba armada, la gente estaba desarmada, por eso la mataron”, concluyó.