Insiste la policía ciudadana de Olinalá en que salga el Ejército y la Marina de su territorio

Carmen González Benicio

Tlapa

La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) exigió una vez más que se retiren el Ejército y la Marina de las comunidades indígenas del territorio comunal de Temalacatzingo, Olinalá  y Cualac, luego  de la irrupción del jueves 6 de junio.

En un comunicado, la organización relata que la Marina entró de manera violenta a la comunidad de Temalacatzingo y amenazó de muerte al comandante general de la Policía Ciudadana y Popular y al Coordinador regional de Seguridad y Justicia.

Por lo anterior, piden al presidente, Enrique Peña Nieto, al gobernador, Ángel Aguirre Rivero y al presidente municipal de Olinalá, Eusebio González que los respeten porque no están en contra de las instituciones, si no en contra de las personas que son corruptas y permiten la delincuencia.

La CRSJ-PCP menciona que se organizaron para proteger a sus familias y a las comunidades de la delincuencia, por lo que piden respeto y reconocimiento a su sistema de seguridad, un alto al hostigamiento y la represión contra los pueblos y organizaciones que luchan para autoprotegerse y exigieron al gobierno estatal  que dé una respuesta a su pliego petitorio, entregado el 3 de febrero.

En el comunicado narran que el jueves alrededor de las 3:00 de la tarde, dos carros Ford, series 800102 y 800108 de la Marina, al mando del subteniente, Eduardo González Gómez, que fue el nombre que les dieron, entraron a la comunidad de Temalacatzingo, atravesaron sus carros en la calle principal y rodearon a los comisarios que salían de una asamblea en donde abordaron temas de seguridad.

Agrega que los marinos bajaron de sus carros violentamente y a la vez que rodeaban a los comisarios con sus armas les preguntaban cuántas armas tenían  y de qué calibres y que los revisarían “por rutina”.

El comandante de la PCP se acercó para pedirles explicaciones y que se retiraran del lugar, “aquí no necesitamos de sus servicios y mucho menos que vengan a hostigar a comisarios o a ciudadanos de las comunidades sólo porque están adscritas a la PCP, no es su función y aquí nosotros nos hacemos cargo de la seguridad de nuestras familias y de nuestros pueblos”, les explicó.

El documento dice que ese argumento molestó a los efectivos de la Marina quienes respondieron con violencia y amenazas, “les vamos a mandar a los delincuentes y a ver si es cierto que  van a poder con ellos; a ese tómenle fotos y si nos denuncian sobre él vamos a venir, de una vez te lo advierto, yo y mis compañeros vendremos por ti”, amenazó uno de los uniformados.

En el texto explican que los hechos ocurrieron después de que una comisión del  CRSJ-PCP acudió al campamento del Ejército, establecido en el campo de futbol de la comunidad, a preguntar por qué se establecieron en ese lugar, a  qué fueron, quién y para qué los envió y sólo obtuvieron como respuesta que ellos son fuerzas federales y que pueden andar en donde quieran y que si quieren reportar las  acciones violentas que cometen, no les importa porque quien los manda sabe cómo se conducen.

Recordaron que el Ejército llegó a su comunidad en 1996 para reprimir, “los soldados se metieron a las  casas y violaron a las mujeres; a los hombres los detenían a otros  los golpeaban”.

En el documento, la PCP recuerda que ellos se armaron y se hicieron cargo de la seguridad de sus pueblos porque no había Ejército, Marina ni policía que los defendiera, y ahora que no los necesitan llegaron, por lo que creen que su intención no es brindar seguridad a la ciudadanía sino exterminar a como dé lugar a la Policía Ciudadana y Popular.

Plantean que el diálogo y el entendimiento son el mecanismo para dirimir los problemas sociales, que sus integrantes están comprometidos con la justicia, la seguridad, la paz social y el desarrollo de sus pueblos bajo su cosmovisión indígena nahua desde donde viven, no desde el discurso.

Remarcan que sus acciones están en el marco jurídico de la Constitución, la ley 701 de reconocimiento a la cultura de los pueblos y comunidades indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y  la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.