Es necesario derogar las reformas a la constitución, concluyen los maestros en el foro sobre el tema

Daniel Velázquez

Derogar las reformas a los artículos tercero y 73 de la Constitución, rechazo a la reforma educativa, rechazo a la evaluación estandarizada, eliminación de los pruebas Enlace y Pisa, que se destine el 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, no más maestros de Conafe y que los grupos sean de 25 alumnos, fueron algunas de las conclusiones que se presentaron en el foro Análisis y perspectivas sobre las reforma educativa.

“El foro declara que el pueblo de Guerrero y sus maestros, junto con el magisterio nacional y el movimiento popular del país, está preparado para resistir y combatir las reformas constitucionales que eliminan derechos adquiridos históricamente, y exige al gobierno federal la salvaguarda de los mismos”.

Para Guerrero se propone la escuela altamiranista, “que sea la vía para la construcción de reformas educativas, en donde el maestro retoma su papel como un sujeto ético y transformador que hace suyas las necesidades de la comunidad, con un educando activo y dinámico en el ejercicio de su desarrollo educativo, capaz de transformar su realidad y su sociedad”.

Después de las 6 de la tarde, cuando ya quedaban unos 200 maestros en el salón, se leyeron las “propuestas, exigencias y señalamientos” reunidos en cinco páginas, producto de las 49 ponencias que escucharon durante todo el día.

Las conclusiones fueron leídas por los relatores María de la Luz Arriaga Lemus y Taurino Rojas González, quienes informaron que el documento presentado estaba sujeto a ampliación, porque se incluirían otras ideas que debido al tiempo no pudieron integrarse.

La primera conclusión es que los foros que se realizaran en todo el país, para proponer alternativas a la reforma educativa impulsada por el gobierno federal, es un triunfo del combativo movimiento magisterial de Guerrero y de todo el país, pero “no hay garantías de que sean escuchadas las conclusiones, propuestas y exigencias”, que se plantean y criticaron que los funcionarios abandonaron el foro en cuanto pudieron, los diputados federales y senadores estuvieron ausentes.

Plantearon que se debe continuar con la organización y las movilizaciones.

La segunda conclusión es que la reforma educativa, “atenta contra los derechos laborales de los trabajadores docentes, es violatoria de los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional, en las garantías de estabilidad, derecho a la contratación colectiva y violatoria de convenios internacionales, de protección al trabajo”.

Por ello, el foro se pronunció por la derogación de las modificaciones hechas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, exigieron a los diputados federales y senadores que rechacen “una reforma gerencial de la educación”.

La tercera conclusión es exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inconstitucional la reforma educativa, impulsada por el gobierno federal.

La cuarta conclusión señala que la reforma educativa y las otras reformas que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto mediante el Pacto por México, obedecen a pautas establecidas por organismos extranjeros como la OCDE que responsabiliza a los maestros de los problemas educativos.

La quinta propuesta es la urgencia de elaborar una reforma educativa, “integral, humanista y transformadora, que recupere lo colectivo la solidaridad como valores fundamentales”.

Además de que la educación deber ser pública y gratuita, el estado debe reconocerlas como un derecho humano y fomentar la participación activa de estudiantes, maestros, padres de familia y comunidad.

La sexta conclusión fue el rechazo a la evaluación estandarizada, sin historia, homogenizante, que no respeta la pluriculturalidad del país y exigieron la eliminación de las pruebas ENLACE y Pisa.

Pidieron que se aplique una evaluación incluyente y no punitiva, que retroalimente los procesos de aprendizaje, que se centre en el desarrollo y reconocimiento del esfuerzo de los estudiantes, “que sea democrática, dinámica, con sentido ético, contextualizada a cada región del país, no vengativa ni amenazante ni estresante para el maestro porque daña su salud”.

Rechazo a la simulación de una evaluación estandarizada, que defina el destino de los maestros, como es su ingreso promoción y permanencia e insistieron en la creación del Instituto de Evaluación del estado de Guerrero.

La séptima conclusión es que se discuta con los maestros la política de actualización de los maestros dentro de su horario de trabajo y sin costo para ellos.

La octava conclusión es la defensa de las escuelas normales, donde exigen la entrega de plazas y fortalecimiento de esas instituciones.

La novena conclusión es que el gobierno destine el 12 por ciento del PIB al financiamiento de la educación, cesar el impulso la educación privada y la eliminación de las cuotas escolares.

La décima conclusión es que las escuelas funcionen completamente con infraestructura y planta docente, que no sean sobreexplotados, ni que proliferen los instructores comunitarios de Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y que los grupos sean de 25 alumnos.

La onceava conclusión fue que se reconozca la pluriculturalidad del estado y que en las escuelas se enseñe en la lengua materna de los niños, que la Secretaría de Educación Pública proporcione los materiales necesarios para atender a los niños de las diferentes etnias.

La doceava es rechazar la corrupción, la antidemocracia y charros sindicales.

El foro fue clausurado por el representante de la sección 18 de Michoacán, Melchor Román, quien en su mensaje dijo que seguirá el proceso de recolección de propuestas en los foros siguientes, y la Coordinadora será el único interlocutor de los maestros con el gobierno.

Al final, cantaron  Venceremos, con el puño en alto y gritaron en un par de ocasiones: “aquí y ahora con la coordinadora”.