Héctor Manuel Popoca Boone

Los delegados federales

A la memoria de Arturo Hernández Cardona, recio líder campesino

Cuando Rubén Figueroa Figueroa gobernaba Guerrero, a los delegados federales él los nombraba casi directamente. Bastaba que se lo manifestara al entonces Presidente de la República, Luis Echeverría, para que el secretario federal del ramo aceptara su propuesta. Cuando llegó José López Portillo a la presidencia, cambió esa situación privilegiada.

A nivel federal fue creada la hoy extinta Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). Nombrado Carlos Tello Macías al frente de esa institución, procedió a nombrar en las entidades federativas a los respectivos delegados federales.

Su norma fue que además de reunir las capacidades correspondientes, los delegados federales no deberían de ser oriundos del estado donde se les asignaba trabajar y que su perfil profesional fuera más técnico que político.

La razón de ello radicaba en el propósito de que el delegado federal se avocara de tiempo completo a cumplir los programas y metas institucionales. Y no se distrajera con la comezón de querer ser presidente municipal, diputado, senador o gobernador; utilizando para ello los recursos públicos y personal adscrito a las oficinas a su cargo.

A los que nos enviaron con esa misión a estas tierras surianas, nos leyeron la cartilla de no inmiscuirnos para nada en la política estatal y dedicarnos a llevar a cabo los principales programas de inversión pública que en ese entonces estaban vigentes y marcaron buena historia en el desarrollo regional: El Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (Pider) y el Convenio Único de Coordinación Federación-Estado (CUC), en el seno de lo que hoy es el Copladeg.

Actualmente, con la real competencia electoral entre partidos y la alternancia posible en el poder, las instituciones oficiales se han puesto, en términos generales, al servicio del partido político en el poder y de los políticos para propósitos electorales. Así lo hemos constatado con el PAN, con el PRD y con el PRI cuando detentan alguna parcela de poder gubernamental.

Hoy lo que menos importa es el cumplimiento de los objetivos de los programas institucionales que es beneficiar a la población sin distingo de filiaciones partidarias. La consigna actual es disponer del personal subordinado para establecer con camuflaje, estructuras electorales y usar el erario público para congraciar consciencias o de plano realizar la compra indirecta de votos. Por más que en público se diga lo contrario.

De tal suerte que, con las distinguidas excepciones, si algún ciudadano requiere servicio, obra o apoyo económico institucional, antes de pasar por la ventanilla de trámites, debe pasar a la ventanilla virtual adjunta de afiliación política partidaria o faccional a la que pertenece el titular de la dependencia oficial.

Ello explica la designación de operadores del PRI y su verdadera misión política en casi todas las delegaciones federales del país como se constató recientemente con las denuncias públicas hechas en Veracruz y en otros estados de la república que tienen elecciones locales este año.

En 2015, en Guerrero, los veremos actuar plenamente pero con la peculiaridad que las dependencias estatales probablemente apoyarán al PRD y si le agregamos los apoyos variopintos que darán las diversas presidencias municipales, veremos competencias electorales institucionales de pronóstico reservado.

PD1. Todos debemos hacer un esfuerzo sincero y honesto encaminado a distender el conflicto entre la UPOEG y la CRAC cuya gravedad bordea el derramamiento de sangre. Nosotros no debemos ser cómplices institucionales por omisión o contemplación. Es una estrategia perversa fracasada en Chiapas que culminó con la matanza de Acteal.

PD2. Repito: El presidente municipal de Ayutla sigue sin aplicar la inversión comprometida para los pueblos indígenas de su municipio en el contexto de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¡Uff!

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