Carlos Pérez Aguirre

Crimen de Estado o Estado de crimen

En memoria de los luchadores sociales que han dejado hoy, un gran vacío

Ocho ciudadanos de Guerrero, luchadores incansables de causas sociales fueron privados de su libertad y posteriormente, sabríamos con gran consternación, tres de ellos, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Balderas, fueron brutal y vilmente asesinados.

La percepción inmediata de algunos analistas, organizaciones, así como ciudadanos, es que, por las características que presenta este lamentable hecho, se determina que fue un crimen evidentemente político y que pudo ser cometido desde, o con la complicidad o por lo menos complacencia del aparato de Estado, puesto que para realizarlo –algunos medios de información ya lo han señalado– se requirieron  por lo menos de 24 personas para secuestrarlos, que sumados los choferes de vehículos y los propios secuestrados, llegaría entonces a ser el movimiento inicial de personas de entre 30 y 40, así también habrían requerido de un convoy de cuatro a cinco vehículos.

El hecho en tanto, sucede en una ciudad copada por elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno. Ciudad en donde un desplazamiento de este calibre inmediatamente debió ser detectado y si además consideramos que en el probable horario en que se cometió este delito, debió existir aun movimiento de personas, nos indica que se realizó con evidente impunidad y a plena luz; además las posibles vías por donde transitaron deben contar con cámaras –por ser vías de gran flujo–, pero hasta ahora la autoridad no las menciona.

Una ventaja que se tiene para ubicar a los responsables, es que existen sobrevivientes que presenciaron el acontecimiento y su testimonio –no obstante el explicable terror que deben sentir, por haber estado y estar sus vidas amenazadas- será determinante. Ha trascendido que la organización a la que pertenecían  los luchadores sociales asesinados, gestionaba el incremento de fertilizante y obras en beneficio de comunidades y colonias, ante las autoridades municipales y estatales, y que la intransigencia y falta de sensibilidad del presidente municipal provocó roces que llevaron al dirigente a levantar actuaciones por amenazas, pero también se ha señalado que existió una discusión con elementos de la Policía Federal.

Por otra parte, y también de manera significativa, se ha señalado que la coalición de organizaciones Unidad Popular (UP) forma parte del Movimiento Popular Guerrense (MPG) organización que respaldó la lucha magisterial contra la llamada reforma educativa, que ha mantenido en jaque al gobierno estatal y que en una generalización irresponsable el gobernante guerrerense señaló que ese movimiento magisterial contaba con vínculos con narcotráfico y guerrilla, pero en esas declaraciones sin fundamento o pruebas, trasparentó la insidia y asedio que incubaba contra ese movimiento.

Todas las anteriores son líneas de investigación que deberán seguirse. El pueblo guerrerense con gran indignación lo demanda.

Lo que trasciende hasta ahora es que ningún ciudadano tiene la seguridad, ya no digamos de sus bienes, sino de sus vidas. Si a unos hombres ampliamente conocidos, respetados y queridos por una buena parte de la sociedad, sobre todo en Iguala, les fue arrebatada primero su libertad, a plena luz del día y con total impunidad y luego sus vidas, cuál es la seguridad que tienen los actores políticos de oposición al régimen y cuál el ciudadano. Una cadena de asesinatos de líderes políticos y luchadores sociales se ha sucedido en la entidad sin que exista una investigación y procesamiento de responsables, materiales y sobre todo intelectuales.

Así sucede con el asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Estado , con los ecologistas de Costa Grande con lideres indígenas de la Costa Chica, con los estudiantes de Ayotzinapa masacrados, con el síndico de Iguala y con varias docenas de luchadores sociales, así como varios cientos de ciudadanos que desaparecen y son asesinados en este estado donde la ingobernabilidad es latente, pues el gobierno estatal no existe.

Por ello en estos últimos crímenes debemos preguntarnos con toda objetividad y gran preocupación; ¿lo que vivimos, son crímenes de Estado o estamos en un Estado de sitio? Que se podría adecuadamente nombrar como Estado de crímenes.

Habría que preguntarnos a quien afectan o bien a quien “benefician” estos asesinatos, por que un crimen político tiene precisamente esa intencionalidad –política– y por ello esa motivación debe ser una línea fundamental de investigación, por ello vale la pena reflexionar ¿existe un envilecimiento de la política en la entidad?, a pesar de nuestras certezas pragmáticas, realmente no lo sabemos pues eso lo tiene que definir y es obligación de la autoridad judicial, así: ¿Fue la perspectiva política de Armando Chavarria? –la candidatura perredista la tenía ganada y posiblemente la gubernatura también– el motivo de su asesinato, entonces ¿quién o quiénes actuaron para impedirlo?

De los ecologistas se sabe que los taladores de bosques eran afectados por su actividad; en el caso de los líderes indígenas impugnaban el poder caciquil de la zona de Costa Chica; los estudiantes de Ayotzinapa en ese momento eran uno de los pocos sectores que cuestionaban al gobierno estatal, y ahora los luchadores de la UP ¿formaron una alianza inaceptable para el poder? Todas esas interrogantes son necesarias resolver con investigaciones serias y apegadas a la ley. La versión de que la delincuencia organizada –por el mensaje dejado– fue la responsable, deberá en su caso sustentarse pues la percepción es de que ahora esta fue solo un instrumento, pero. ¿utilizado por quién?

[email protected]