Centro de Derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

La obligación del Estado de pedir  perdón a las víctimas

Esta semana  inicia con  dos noticias importantes para la ciudadanía: por una parte, el gobierno del estado  pu-blicará en medios nacionales y estatales  la convocatoria del nuevo ciclo escolar 2012-2013, para los egresados de bachillerato que deseen  ingresar a la es-cuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, en las licenciaturas de educación primaria y educación primaria con enfoque intercultural bilingüe. Este gran logro viene a fortalecer la lucha incansable de los estudiantes y  a honrar la memoria de Gabriel Echeverría y Jorge Alexis He-rrera, compañeros  ejemplares, que por esta causa histórica fueron asesinados por policías estatales y federales. Gracias a la Comisión Civil de Interlocución, que ha demostrado tener la calidad moral y la capacidad política para plantear con claridad y precisión al Ejecutivo estatal los diferentes tópicos que más  preocupan a los estudiantes de Ayot-zinapa, se ha podido llegar a un acuerdo relevante, de garantizar la continuidad de la Normal, con la autorización de 140 matrículas, 100 para educación primaria y 40 para educación primaria con enfoque intercultural bilingüe.  Es un logro que reivindica los derechos de los jóvenes que viven en municipios marginados y que pertenecen a los pueblos indígenas. Varios de ellos tendrán la oportunidad de estudiar a nivel profesional y de formarse académicamente, revalorando su lengua y respetando su cultura.
Otra  noticia de relevancia internacional es que este martes 6 de marzo,  en el contexto del día internacional de la mujer, el Estado mexicano realizará el acto de reconocimiento de responsabilidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra Inés Fernández Ortega, indígena me’phaa, que fue violada y torturada por militares en marzo de 2002, en Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres.
El acto se realizará en el zócalo de esta cabecera municipal, a las 13 horas. Conforme a lo acordado en reuniones preparatorias con personal de la unidad de de-rechos humanos de la Secretaría de Gobernación, en dicho evento estarán,  representando al Estado mexicano,  el secretario de Go-bernación, Alejandro Poiré, acompañado por la procuradora general de la República, Marisela Morales, la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer,  Dilcia Samantha, el director de derechos humanos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), el general Rafael Casares Anaya.. Representando al gobierno del Estado se contempló la presencia del licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado y a nivel municipal se contará con el c. Armando García Rendón presidente municipal de Ayutla. Los tres niveles de gobierno reconocerán públicamente su responsabilidad internacional y darán cumplimiento a una de las resoluciones de la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos.
En el centro del presídium estará la compañera Inés, una mujer que ha honrado con creces al pueblo me’phaa, que puso en riesgo su vida para denunciar al Ejército y exigir justicia. Com-partirá este momento inolvidable, su esposo y fiel compañero en esta lucha sin cuartel, Fortunato Prisciliano, quien siempre permaneció a su lado, junto con sus menores hijos. También la acompañará Obtilia Eugenio Manuel, una gran defensora que en todo momento ha tenido el valor de denunciar los atropellos y abusos del Ejército y los policías. Con Inés  enfrentó amenazas de muerte y persecuciones por esta denuncia. Cuauhtémoc Ramírez, esposo de Obtilia, quien forma parte de la dirigencia colectiva de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM), compartirá el presídium al igual que el director de Tlachinollan, Abel Barrera.
Es importante resaltar que la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos (Coidh) publicó  el primero de octubre de 2010 dos sentencias contra el Estado Mexicano  sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valen-tina Rosendo Cantú. En dichos fallos la Corte determinó que ambas mujeres  habían sido violadas sexualmente y torturadas (en diferentes circunstancias) por elementos del Ejército mexicano, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que la Corte denominó “violencia institucional castrense”.
A partir de estas consideraciones la Coidh determinó que el Estado mexicano era internacionalmente responsable por la violaciones a los derechos a una vida libre de violencia; a no sufrir torturas; a la integridad  de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; así como al debido proceso y las garantías judiciales. Estas sentencias pusieron de relieve cuestiones nodales que son vigentes en nuestro país y en nuestro estado: mostraron la falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia; pusieron en evidencia las fallas estructurales en el sistema de sa-lud; emplazaron con urgencia al Estado mexicano para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército, sean investigadas en el fuero civil. También documentaron la discriminación que se ejerce institucionalmente contra la población indígena, particularmente contra las mujeres.
La sentencia a favor de Inés Fernández plantea 16 resolutivos como medidas de reparación de alcance individual, familiar, comunitario y estructural, encaminadas éstas últimas a garantizar que estos hechos nunca  se vuelvan a repetir. La Corte ordenó en el caso de Inés, una investigación efectiva en el fuero civil que culmine con la sanción a los militares responsables; un reconocimiento público de responsabilidad; la creación de un centro comunitario para las mujeres indígenas en el municipio de Ayutla; la reforma de las leyes que hacen del fuero militar una institución al servicio de la impunidad; garantía al acceso pleno a la educación y a la salud para las víctimas y una indemnización por los graves daños causados que mínimamente garanticen la reconstrucción de la vida personal y familiar.
Para Inés Fernández Ortega y su familia el acto de reconocimiento público de responsabilidad internacional constituye uno de los resolutivos que simbólicamente tiene un profundo significado en el campo de la justicia restaurativa. Es un momento culminante para Inés porque en medio de tantas burlas, amenazas, tratos discriminatorios, injurias proferidas por los representantes del Estado mexicano, ahora vienen ante ella para pedirle perdón, para reconocer su culpa, para hacer pública su conducta punible, para aceptar que violaron sus derechos humanos y que denigraron su dignidad. Reconocerán su responsabilidad por su actitud falaz y su discurso plagado de mentiras.
Inés por su parte, a pesar de no haber tenido la oportunidad de estudiar la primaria, de no poder expresarse en la lengua castellana y de vivir siempre en la pobreza extrema, nos deja un legado para la posteridad, por su  lucha por la justicia y los derechos hu-manos de las mujeres indígenas.
Inés, una mujer indómita, supo levantarse de la tierra abrupta y mancillada de La Mon-taña para alzar su voz, para bajar a la ciudad y exigir a la justicia mestiza que atendiera su clamor. No se arredró ante nadie, mucho menos calló ni claudicó. Siempre se presentó ante las autoridades cargando a sus hijos sobre sus espaldas, acariciando sus rostros, con su porte sencillo, pero con la mirada firme y fulminante para denunciar los planes aviesos de los burócratas de la justicia.
Desde esas barrancas del olvido, donde el Estado se ha ensañado contra los indígenas negándoles los derechos más elementales y haciéndoles la guerra a través del Ejército que impunemente persigue, viola y mata a los indígenas que se organizan y luchan por la justicia, ha emergido la figura señera de Inés Fernández; el rostro de la sencillez, la mujer fuerte que no se dobla ante las amenazas y las acciones temerarias de los agentes del Estado. La esposa amorosa que en medio de la persecución y el peligro nunca abandonó a sus hijos ni su hogar. Mujer de principios, fiel a su cultura, a su lengua y a su pueblo.
Este martes 6 de marzo será un día memorable para las mujeres indígenas y no indígenas que se han entregado a defender con ahínco sus derechos. Nueva-mente estamos ante un momento clave para el movimiento de los derechos humanos y el reencuentro con el movimiento y las organizaciones de mujeres que luchan por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. Inés en la región de Ayutla, es una de las artífices de este movimiento creciente que emerge desde La Montaña de Guerrero y se esparce como el agua bravía de las barrancas, a lo largo y ancho de las serranías  y los valles de nuestro país.
Al corazón de Ayutla, lugar histórico donde la población mestiza sigue discriminando y maltratando a los me’phaa y na savi y donde se han suscitado masacres, esterilizaciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales contra defensores como Raúl Lucas, Manuel Ponce y Lorenzo Fernández (hermano de Inés), violaciones sexuales, encarcelamientos injustos como los de Raúl Hernández y el de Maximino García,  los representantes del Estado mexicano llegarán para pedirle perdón a Inés, para realizar un acto oficial de reconocimiento de responsabilidad. Inés será el centro, la razón y el motivo de este acto público que será transmitido a nivel internacional y contará con traducción simultánea al me’phaa. Estarán acompañándola organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas y campesinas. Represen-tantes de embajadas, el representante de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU Javier Her-nández,  organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Inés nos inspira y fortalece para seguir caminando cuesta arriba en la tortuosa marcha de los derechos humanos en Guerrero. Por ahora le toca al Estado mexicano pedir perdón a Inés y garantizar que nunca más se atentará contra la dignidad de las mujeres.