Tlachinollan

¿Quién protege los derechos de las víctimas?

¿Quién protege los derechos deA pesar de que el 10 de junio de 2011 fue aprobada la reforma constitucional de derechos humanos y que el 9 de enero de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la ley general de víctimas, en nuestro estado (que es el campeón de la violencia y la impunidad), estos acontecimientos históricos han pasado de noche para las autoridades de los tres poderes. Persiste en la clase política la incultura de los derechos humanos y el nulo respeto a la dignidad de las víctimas. Hacen gala de sus rudimentarios conocimientos legales, al proferir el clásico estribillo leguleyo de aplicar la ley “caiga quien caiga”, sabiendo de antemano que ninguna autoridad será investigada y mucho menos castigada. Esta ruindad se concretiza en el uso faccioso y discrecional de los recursos legales, que les permite usar la ley para perseguir a los luchadores sociales y proteger a las autoridades que violan los derechos humanos.

Cuando alguna autoridad es señalada como responsable de alguna violación a los derechos de las personas, los representantes del partido o corriente política a la que pertenece el acusado, mueven sus contactos e influencias para proteger a su correligionario. Se trata de ponerlo a salvo sin que les importe qué tan involucrado esté en los hechos denunciados. El papel de los jefes políticos es asumir la defensa de sus compañeros de partido, ignorando al ciudadano o ciudadana que ha sido víctima de un atropello, abuso o agresión de parte de la autoridad. Se confabulan y se organizan para hacer valer el fuero y las buenas relaciones políticas. El fin supremo es garantizar impunidad, es brindar todas las garantías para que no se le investigue y por el contrario, se le presenta como una víctima que está siendo atacada por otros grupos políticos que esconden intereses oscuros.

En Guerrero es una práctica añeja que las altas esferas del poder  protejan  a quienes violentan los derechos de las y los ciudadanos. Por lo mismo ninguna autoridad se siente obligada a responder a los llamados que les hacen las autoridades ministeriales, mucho menos a cumplir las recomendaciones emitidas por los organismos públicos de derechos humanos. Sabe que las autoridades de cualquier partido político no lo hacen porque no existe ninguna consecuencia jurídica ni política. Todo se arregla a puerta cerrada con el poder Ejecutivo. Las autoridades del estado y también las municipales saben que su poder es más grande que cualquier acción legal que logran emprender las personas que se sienten agraviadas.  Son omnipotentes e inmunes, gozan de fuero, cuentan con un aparato represivo que puede someter y amedrentar a los que reclaman justicia. Las palancas políticas y los padrinazgos partidistas que se tienen a nivel nacional sirven para este tipo de casos, para blindar más a la autoridad que está siendo cuestionada por sus malas actuaciones.

En toda esta lucha emprendida por la población que se siente violentada en sus derechos, las autoridades involucradas y los que forman parte de su corriente entran a la escena pública para defender a su cliente con todas las marrullerías posibles. Las víctimas se transforman en las enemigas a vencer, contra ellas es la disputa, porque saben que está de por medio dinero y poder.  En estos casos lo que menos le importa a la clase política son los derechos de las víctimas. Eso lo catalogan como una patraña que solo busca dañar la imagen impoluta de la autoridad. Para revertir o neutralizar cualquier acción legal que quieran realizar  los familiares de las víctimas, los representantes políticos y jurídicos de la autoridad que está siendo cuestionada, apelan a su poder para tomar acuerdos políticos con las máximas autoridades del estado para garantizar impunidad.

No estamos descubriendo el agua tibia, simplemente se trata de remarcar las prácticas nocivas que son parte consustancial a la forma como se ejerce el poder en Guerrero. Los cacicazgos políticos tan arraigados en nuestro sistema de gobierno es la marca registrada del Guerrero bárbaro. El Guerrero donde no se castiga a los autores de las matanzas como la de Aguas Blancas y El Charco. Donde no se castiga a las autoridades militares y civiles que son responsables de desapariciones forzadas desde la época de la guerra sucia, como el caso emblemático de Rosendo Radilla, hasta las desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista, defensores del medio ambiente de la sierra de Petatlán. Un estado donde se han consumado violaciones sexuales por parte de elementos del Ejército mexicano, y que a pesar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, no se han iniciado las investigaciones en el fuero civil por la negación de las autoridades castrenses a cumplir esta resolución. Las ejecuciones de los estudiantes de la Normal Rural  de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, realizadas por policías ministeriales del estado y policías federales permanecen en la impunidad, al igual que el juicio político contra el ex procurador de Justicia Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja que de manera premeditada han postergado los miembros del Congreso del estado, para no acatar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los asesinatos de los dirigentes sociales de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas, se enmarcan dentro de este clima de impunidad estructural que impera en el estado. Las autoridades no pueden desdeñar el hecho de que las desapariciones de siete miembros de la UP y las posteriores ejecuciones de tres de sus dirigentes se hayan dado inmediatamente después de que concluyó su protesta en la caseta de cobro de la autopista Iguala-Cuernavaca. En los días y semanas previos a esta movilización los líderes de la UP tuvieron varios altercados con el presidente municipal de Iguala, y por parte de las autoridades del Estado no encontraron la atención adecuada para mediar y distender el conflicto. La cerrazón política y la falta de alternativas viables que ayudaran a encontrar una solución positiva al conflicto, dieron pie para que la protesta se trasladara a una vía federal, donde sucedió el desenlace fatal.

La consumación de estos crímenes realizados a la luz del día y en un tramo de mucha afluencia vehicular pone en evidencia la ineficacia de los ostentosos operativos de Guerrero Seguro y  la falta de coordinación y monitoreo de las fuerzas de seguridad para responder con rapidez y contundencia ante casos graves en los que existe un peligro inminente de que  se atente contra la vida de las personas, como sucedió con los integrantes de la UP.

A la clase política del estado, estos crímenes no les ha conmovido ni en lo mínimo. No les interpela ni cuestiona su actuar pasivo, lejano e ineficiente. Esperan que sean los familiares de las víctimas los que se encarguen de proporcionar todos los datos para que posteriormente las autoridades puedan iniciar las investigaciones correspondientes. Salen a declarar, pero no para proteger los derechos de las víctimas, sino para suplantarlas, direccionando las líneas de investigación, que solo enturbian el clima de desconfianza que ya persiste en las familias agraviadas y vilipendiadas por las formas facciosas como han actuado los funcionarios públicos y los representantes en este caso del PRD.

No podemos dejar de preguntar a las autoridades de Guerrero ¿quiénes son los responsables del clima de inseguridad y violencia que impera en el estado y que ha segado la vida de los tres compañeros de la UP? ¿Por qué las autoridades del estado en coordinación con  algunos legisladores locales y de la federación, se erigen como defensores a ultranza de quienes los familiares de las víctimas,  señalan como presuntos responsables? ¿Por qué se empeñan en obstruir el trabajo de las autoridades encargadas de investigar los delitos? ¿Cuáles son los intereses ocultos que los impulsan a suplantar al órgano investigador? ¿Con qué objetivo se adelantan a declarar irresponsablemente en los medios, sobre el curso que deben seguir las  investigaciones, cuando aún no han declarado los agraviados? ¿Qué confianza pueden tener los familiares de las víctimas en las autoridades y en las mismas instituciones cuando públicamente  defienden a quienes  identifican como sus agresores? ¿Qué calidad política y ética pueden tener las autoridades del poder Ejecutivo y Legislativo, así como los dirigentes del PRD cuando pervierten y manosean políticamente la investigación de delitos que son sumamente graves?¿Por qué empeñarse más en socavar el sistema de procuración de justicia denigrando la memoria y el prestigio de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román y Félix Rafael?

Lo menos que pueden hacer las autoridades es honrar la trayectoria de los dirigentes de la UP reconociendo que sus muertes fueron a consecuencia de su lucha social, por lo mismo, no pueden ignorar esta línea de investigación. Tienen que allegarse de datos y testimonios de lo que representó para las y los compañeros de la UP este compromiso vital que asumieron Arturo, Ángel y Félix. Además de asistir y proteger a los familiares de las víctimas y a los mismos sobrevivientes, tienen que garantizar una justicia expedita. El imperativo ético que tienen las autoridades es remover todos los obstáculos y la maraña de intereses que están impidiendo que los familiares de las víctimas tengan las garantías de que se realice una investigación exhaustiva, profunda e imparcial. Tiene que brindárseles la máxima protección. Los funcionarios públicos deben de abstenerse de proferir consideraciones subjetivas del caso para no contribuir al agravamiento del  sufrimiento y dolor de las familias y no contribuir a la distorsión de la trayectoria de los luchadores sociales. Las familias esperan que las autoridades cumplan con sus compromisos constitucionales y pongan en práctica la nueva reforma constitucional de derechos humanos, de garantizar el estándar más alto de protección a los derechos humanos y proteger de manera integral  los derechos de las víctimas.