Jesús Mendoza Zaragoza

Impunidad, justicia y paz

Hay prácticas instaladas en las instituciones públicas del país, que constituyen verdaderos escollos para la paz. Una de ellas está formada por el binomio de la falta de acceso a la justicia y la impunidad. De hecho, es un fenómeno sistémico el que está en el fondo de esta situación, puesto que expresa la cara perversa del sistema político que tenemos en México.

Los altísimos índices de casos criminales no resueltos y de impunidad, son parte de la normalidad política del país y manifiestan el mayúsculo mundo de la corrupción que es algo así como un monstruo de mil cabezas, pues tiene ver con otros grandes problemas del país.

El caso es que la corrupción se mantiene como un engranaje que hace que se muevan las instituciones del Estado en una dirección opuesta al bienestar de la gente, pues está referida más al tema del poder, que es buscado y que es retenido por las élites. La corrupción imprime una dinámica enfermiza a la administración pública en todas sus áreas, una de las cuales es, precisamente, la procuración y la administración de la justicia.

Es más, hay la percepción, en muchos casos, justificada, de que las autoridades están coludidas con los criminales o de que hay consignas políticas para no indagar la verdad y no hacer justicia, cosa que desalienta la denuncia y genera desconfianza hacia las instituciones. Esta percepción está bastante asentada en la sociedad, pues casi todo mundo tiene experiencias que avalan este sentir generalizado.

Hay disimulo y tolerancia por el delito por parte de algunas autoridades responsables de la justicia, teniendo como efecto la impunidad y las deficiencias en la administración de la justicia, ya por incapacidad, irresponsabilidad o corrupción. Si en los últimos años se han multiplicado los crímenes debido a la presencia de la delincuencia organizada, han quedado casi todos archivados en la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde abren las averiguaciones previas y las archivan de manera sistemática.

Una cosa causa mucho enojo al respecto: quienes gozan de impunidad son los políticos. Esto pertenece a la genética misma del sistema político que sufrimos. En Guerrero han detenido y están siendo procesados cientos de criminales de baja monta, ya sea en el orden del fuero común o del fuero federal; pero políticos corruptos, ninguno. La corrupción pública tiene vía libre, no se indaga, se oculta y se olvida. El caso de desvío de recursos por parte del gobierno anterior del municipio de Acapulco, que en su momento causó tanto furor, ya quedó en el olvido. Ya nadie se acuerda y no sabemos si hay investigaciones serias al respecto, si hay procesos penales o ya fue un asunto cerrado. Lo más probable es que quede en el olvido, no se haga justicia y quede impune. Esa es la normalidad en nuestro sistema de justicia.

Si a esto sumamos las tramas de colusiones de algunas autoridades con la delincuencia organizada, el problema es aún mayor, puesto que las instituciones del Estado son colocadas en una relación simbiótica con las organizaciones criminales, teniendo como resultado un Estado mafioso. Esto es lo que cree gran parte de la población, que no tiene empacho en decir: “son los mismos”. De hecho, se abren las puertas para que las organizaciones criminales le hagan el trabajo sucio a los políticos. Muchos creemos que esto se da en la práctica.

El problema está en que el efecto de una administración pública que oculta la verdad, obstruye la justicia y solapa a los políticos corruptos, es que genera enojo y desconfianza en la sociedad, la que castiga con su desprecio a los políticos pero les permite seguir con sus trapacerías. Este es un círculo vicioso que se vuelve parte del sistema político. Y es altamente generador de violencia, desde el corazón mismo del sistema político. Y este factor político de la violencia no se ha tocado, permanece intacto y no hay ni señales de que pueda ocurrir lo contrario. Esto mismo ocurría en Colombia, hasta que la presión social fue tan fuerte que se tuvo que afrontar la corrupción pública con el fin de dar paso a una estrategia de construcción de la paz.

Las estrategias de los gobiernos anterior y actual han sido puro ruido con un alto costo humano, social y económico. Mientras no se toque el factor político de la violencia, constituido por ese mundo de la corrupción pública y su efecto nocivo en la administración de la justicia, las estrategias oficiales son simuladoras y generadoras de más violencia. Mientras la clase política siga comportándose como una élite de privilegiados que carecen de un genuino interés por el bien común, no hay futuro para la paz.

Si la seguridad y la paz son una responsabilidad del Estado, estamos ante una situación de anomalía política. El Estado está cooptado por una mafia que no sabe asumir responsabilidades de Estado porque obstruye la justicia y genera violencia. Es preciso que se dé una transformación en la administración pública para que se recupere la función genuina del Estado como constructor de la paz.