Tomás Tenorio Galindo

Otro País

* Contar muertos, inventar cifras

* La astucia de Aguirre

El gobierno federal reportó el 6 de junio que las ejecuciones vinculadas al crimen organizado experimentaron en el país una reducción de 16.5 por ciento entre diciembre de 2012 y mayo de 2013, comparadas con las que hubo en ese mismo periodo de 2011 a 2012. En los primeros seis meses del gobierno de Enrique Peña Nieto se acumularon 6 mil 250 homicidios de los llamados “dolosos” —intencionales o vinculados a la delincuencia organizada—, frente a 7 mil 483 del año anterior.

Aunque el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez, dijo ese día que “no hay ni habrá nunca nada qué celebrar cuando siga habiendo un solo homicidio“, lo cierto es que el comunicado del gobierno federal en el que fueron vertidos esos datos fue precisamente un acto celebratorio, una insinuación de que en el combate a la delincuencia el gobierno del PRI sí entrega frutos a la sociedad. No como antes.

Dos meses atrás, el 10 de abril, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, utilizó el mismo recurso de celebrar y negar que se celebra, al dar a conocer las cifras de los muertos registrados en el primer cuatrimestre del gobierno de Enrique Peña, de diciembre a marzo: 4 mil 249 homicidios, 17 por ciento menos que en el cuatrimestre anterior de agosto a noviembre de 2012. „Estos son los primeros resultados, y dejo claro: es muy temprano para asumir actitudes triunfalistas; nada más lejano a ello“, dijo entonces Osorio Chong. Y subrayó: “Las tendencias ahí están, pero nadie hoy —por eso digo que es muy temprano— podrá mañana sorprenderse si éstas pueden elevarse o incluso bajar más. Estamos trabajando para que bajen más“ (“Baja crimen; evita Osorio triunfalismo”, Reforma, 11 de abril de 2013).

Para acentuar los rendimientos que el nuevo gobierno dice estar ofreciendo en la materia, en el reporte oficial del 6 de junio se destacó que de los 954 homicidios registrados en mayo, 927 (97 por ciento) corresponden a delincuentes abatidos por la policía o por otras bandas, 24 a policías o soldados, y solamente tres a civiles inocentes. También remarcó que en mayo la cifra de muertos se colocó por debajo de los mil decesos por segunda ocasión en este primer tramo del gobierno peñanietista. „Esta circunstancia no ocurría desde hace más de tres años”, dijo el boletín de prensa.

Una reducción de 17 por ciento en abril y otra de 16.5 en junio serían datos para celebrar e indicarían que la violencia va en retiro en el país. Si eso fuera cierto. Pero no es verdad. Aparentemente las cifras de la mortandad, así como el discurso sobre la estrategia anticrimen fue suavizado hasta casi desaparecer del lenguaje oficial, han sido sometidas a una burda manipulación. Por lo que se refiere a la clasificación de los muertos entre víctimas y delincuentes, la manipulación es ostensible, pues es inverosímil que en mayo sólo tres personas hayan sido consideradas por el gobierno federal como bajas civiles ajenas a hechos delictivos. Tan sólo en la copiosa aportación de Guerrero a esas estadísticas en mayo es sencillo localizar a decenas de víctimas civiles.

La trampa del gobierno federal está alojada en la división entre homicidios dolosos y no dolosos. De la totalidad de homicidios, lo que las autoridades han empezado a hacer es incrementar los no dolosos para disminuir el volumen de los dolosos. De ahí provienen las reducciones reportadas. Al examinar estos datos, Alejandro Hope, director de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad, encontró que los homicidios no vinculados al crimen organizado (no dolosos) “están creciendo en un 20 por ciento con cifras de enero“, lo que no es posible, pues eso supondría un súbito repunte de las muertes originadas en “peleas de cantina, violencia intrafamiliar o peleas por tierras” (Reforma, 8 de junio de 2013). Es decir, el número total de homicidios se mantiene igual que en los meses anteriores, pero lo que el gobierno federal pretende hacer creer es que ahora son más los de la violencia ordinaria y menos los de la violencia derivada del crimen organizado. Con ese fantástico método, en un año habrá desaparecido la violencia en los documentos oficiales.

Pero el gobernador Angel Aguirre ha llevado todavía más lejos su astucia en el manejo de los datos. A él le resulta suficiente con simplemente declarar que los delitos han disminuido 30 por cierto para insinuar que en Guerrero los homicidios van a la baja. Lo hizo hace un mes, cuando en el Plan Nacional de Desarrollo apareció una gráfica en la que Guerrero figura como el estado con el mayor índice de homicidios por cada cien mil habitantes. Simplemente lo negó y calificó de mentira la información. Lo hizo de nuevo la semana pasada en una entrevista de radio, donde hasta se permitió el lujo de expresar que ese 30 por ciento “no es suficiente”, como si fuera cierto. Ni siquiera estima razonable mantener la congruencia entre los porcentajes que menciona, pues en la ocasión anterior elevó a “más de 40 por ciento” la disminución que “en las diferentes modalidades de delito” ha conseguido Acapulco.

Para que no haya duda sobre las persistentes mentiras del gobernador Angel Aguirre, se presenta aquí una tabla con el número de homicidios ocurridos en el 2012 y los primeros cuatro meses de 2013, extraídas de las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que cualquiera puede consultar en el portal del organismo federal. Como se puede observar, y aun considerando que desde enero se aplica la arbitraria metodología federal, no existe ninguna reducción, y abril de este año terminó con un muerto más que en abril de 2012. No solamente no hay ninguna disminución, sino que todo sugiere que Guerrero se mantendrá este año como el estado con el mayor índice de homicidios.

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