Carlos Toledo Manzur

Hacia una política social de izquierda

El gobierno federal lanzó la Cruzada Contra el Hambre (CCH) como una de sus principales acciones para el combate a la pobreza. Después de ser anunciado desde los primeros discursos del presidente Enrique Peña Nieto, la estrategia se plasmó en un decreto publicado en febrero pasado, el cual destaca principalmente una instrucción de coordinación institucional de las acciones de un conjunto muy importante de dependencias federales y sus programas, los cuales serían liderados por la Secretaría de Desarrollo Social.

Además de señalar los objetivos, las instituciones y programas participantes, el decreto establece los municipios en los que la estrategia se focalizará, que suman 400 en todo el país y que comprenden a 46 dentro del estado de Guerrero. Sin embargo, el decreto no abunda acerca del contenido y metodología del programa, lo que parece haber dejado al curso de su propia aplicación las definiciones básicas de su carácter y sus formas de operación específicas.

En principio, la CCH puede ser leída como un cambio en la política social del nuevo régimen priista que podría marcar distancia con relación a la aplicada en los últimos 15 años, bajo la visión neoliberal, en donde la estrategia de subsidios  condicionados directos al ingreso, expresada en el programa Oportunidades, ha sido el eje de la política de atención a la pobreza, ya que aunque siguieron existiendo diversos programas, este fue, con mucho, el que mayor apoyo presupuestal tuvo. Sin embargo, la crisis alimentaria y financiera del final de la primera década del siglo, mostró las fuertes limitaciones y la poca efectividad de esta estrategia, ya que al incrementarse los precios de los alimentos y disminuir las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos, entre otras factores, los avances en la disminución de la pobreza extrema se revirtieron para quedar prácticamente en el mismo nivel o hasta un poco más aguda que al principio del sexenio del presidente Felipe Calderón.

La apuesta de focalizar de manera coordinada los programas y acciones de las dependencias federales, recoge la visión de muchos programas anteriores, que mostraron efectividad, pero que no tuvieron el apoyo y la continuidad requeridos, tales como el Pider, los Proders, el Programa de Atención a regiones Prioritarias, el programa de Microrregiones, el programa 100 x 100, entre varios más, los cuales apostaron a la coordinación interinstitucional, la integralidad de las acciones, la planeación participativa y el enfoque regional o territorial, pero que desafortunadamente casi siempre fueron programas marginales y sus estrategias no fueron sostenidas por el tiempo requerido. Por ello, más allá del riesgo y  la posibilidad de que la Cruzada se aplique con los vicios clientelares de los estilos priistas, esta estrategia podría representar una nueva oportunidad para generar una política que sea realmente efectiva en la difícil tarea de reducir y erradicar la  pobreza en nuestro país.

La inexistencia de definiciones más particulares en el establecimiento de la estrategia, parece que busca ser superada a través de la definición de las metodologías específicas del programa en la propia marcha del mismo, lo que se ha expresado en la selección de sitios piloto en donde probar su operación. La buena noticia para el estado de Guerrero es que los sitios piloto a nivel nacional han sido seleccionados en su territorio. En efecto, en el ámbito rural, fue escogido el municipio de Mártir de Cuilapan, de la zona Centro, y en el ámbito urbano, la colonia Simón Bolívar de Acapulco.

Por ello los guerrerenses tenemos la gran oportunidad de imprimirle al programa un conjunto de modalidades que reivindiquen nuestra vocación izquierdista y eviten los riesgos de una operación priista al viejo estilo, a través del seguimiento de estos pilotos, su evaluación y la lucha por que las lecciones aprendidas se extrapolen al conjunto del programa a nivel estatal y nacional. Así, podríamos contribuir a la construcción de una política social de izquierda que pudiera tener mayor consistencia y efectividad, y que aproveche el paraguas del programa federal, para imprimirle aquí las modalidades que resulten de un enfoque que atienda el problema de la pobreza desde sus raíces estructurales. Esto sin embargo, requiere que sean evitadas las tentaciones de politización y clientelismo, con las que muchos delegados federales quisieran aplicar esta política.

Para lograr aprovechar esta oportunidad, es necesario hacer un seguimiento y una evaluación de las formas en las que ha operado la Cruzada en estos pilotos durante estas semanas, en las que literalmente las dependencias federales se han volcado a sus territorios, a fin de identificar sobre la práctica misma de las acciones llevadas a cabo, los elementos que deberían ser parte consistente de la generalización de esta estrategia. En esta evaluación es fundamental, además de los actores institucionales, la participación de la ciudadanía, la academia, las organizaciones sociales y las comunidades. Tal vez el establecimiento de una suerte de observatorio ciudadano en torno a este programa podría ser una buena forma de discutirlo y evaluarlo de manera participativa.