Abelardo Martín M.

Llueve sobre mojado

Hace unas cuantas semanas los gobiernos del Distrito Federal, Morelos y Guerrero se propusieron construir una zona segura, tomando como eje de unión la llamada Autopista del Sol, pero, más allá, el vínculo que une a Miguel Ángel Mancera, a Graco Ramírez y a Ángel Heladio Aguirre Rivero, es su afiliación y compromiso con el mismo partido o marca política: el PRD.

Aunque Aguirre Rivero va a la cabeza, pues lleva más tiempo al frente del gobierno, los tres funcionarios han corrido la misma suerte: les llueve sobre mojado, por la imparable e incontrolable ola de violencia que, por cierto, los tres se resisten a reconocer. Es mejor creer que no pasa nada, que el programa Guerrero Seguro, avanza.

Los tres ya están atrapados o arrinconados en un tema que solo conduce a más violencia y más ingobernabilidad o, si se tamiza, a más degradación de la sociedad y la consecuente pérdida de la calidad de vida.

Al estado de Guerrero, aparte de la ola de violencia, le dañan los temporales como el ocurrido los últimos días y que llevó a la difusión de imágenes que ahuyentan todavía más a los visitantes.

Aunque el gobernador Aguirre Rivero se empeña, las cosas no le salen bien. Apenas la semana anterior decía que los niveles de inseguridad en Guerrero “ya están a la baja” y tuvo que solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso de los tres dirigentes de la Unidad Popular, asesinados en los primeros días del mes en Iguala. Y, apenas este domingo, la Procuraduría General de Justicia estatal, dio cuenta de la desaparición de un activista más, Amós Justino Osores Narciso, dirigente de la misma organización.

También, en el caso de la espectacular evasión de nueve reos de alta peligrosidad, del penal de La Unión, en la Costa Grande, se vio obligado a instruir que se “boletinara” a las entidades vecinas la filiación de los ladrones, asesinos y violadores que se fugaron, presuntamente con ayuda de miembros del cártel de Los Caballeros Templarios.

El clima de violencia e ingobernabilidad se presenta a cada momento y en todo el estado. Cuatro mujeres fueron secuestradas en Acapulco que, gracias a una riña entre los plagiarios y la intervención y apoyo de elementos de la Marina-Armada de México, fueron rescatadas y liberadas, sin dar el dinero que se pedía por ellas.

En Morelos, Graco Ramírez tampoco la tiene sencilla. Basta con leer los encabezados del día: “Recrudecimiento de la violencia se suscitó en menos de cuatro horas, luego de que seis personas fueran asesinadas en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla. De las seis personas, dos de ellas presuntamente fueron ejecutadas por integrantes de la delincuencia organizada; además, un sujeto fue ultimado a puñaladas por un salvadoreño, en pleno Centro de Cuernavaca, y dos menores de edad fueron asesinados durante riñas: uno a balazos y el otro a cuchilladas.”

Es más, con cifras del Infonavit, Morelos registra más de mil 700 casas o departamentos comprados a través de créditos, deshabitados, vacíos o vandalizados. Y con datos de la Procuraduría de Justicia estatal, en las recientes 24 horas, nueve vehículos, cuatro de ellos con violencia, fueron robados, en distintas colonias de  Jiutepec, Cuernavaca y Emiliano Zapata.

¿Así o más claro? ¿Hay gobernabilidad o no?

Caso especial se vive en el Distrito Federal, donde la lluvia le llega a los aparejos al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, quien se vio obligado la víspera a instruir a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF) y la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), Jesús Rodríguez Almeida y Rodolfo Ríos, respectivamente, a dar resultados, ya que “nadie tiene garantizada la permanencia”.

Mancera ha sido criticado de forma severa por pretender minimizar el crecimiento de la violencia en el Distrito Federal, así como por sus afanes mediáticos para solventar la ausencia de un plan estratégico para atender la inseguridad y crimen crecientes.

En 2013, el 11 y 12 de enero se vivió una de las jornadas más violentas en el Distrito Federal, cuando 11 personas fueron ejecutadas en un lapso de 15 horas. Un mes después, el 15 de febrero, el dueño de bares Fernando López Salinas, recibió seis balazos que acabaron con su vida. El 5 de marzo, otros cinco hombres fueron ejecutados. El 23 de mayo fue asesinado un parroquiano en el bar Black de la colonia Condesa, tres días antes de la desaparición de 12 jóvenes del barrio de Tepito en el bar Heaven de la Zona Rosa. Un día después, la niña Esmeralda García falleció por una bala perdida que se le incrustó en el pecho, cuando dos jóvenes en motoneta, que perseguían a otro grupo, dispararon y la mataron.

La zona conurbada de la capital, en el estado de México, tampoco está exenta de ese caos que surge a partir de la violencia y que origina, consecuentemente, la ingobernabilidad. Como si fuera película de Juan Orol, en una “distraída” confusión, un grupo de uniformados de la Policía Municipal de Atizapán, asesinaron a la arquitecta Alicia Rivera Avaldo, de 34 años de edad, al disparar por error a su vehículo en el fraccionamiento Condado de Sayavedra.

Ni duda cabe, Aguirre, Ramírez y Mancera a esa lluvia ya la sienten como tormenta.

[email protected]