La alcaldesa de Tierra Colorada denuncia ante Florentino “abusos” de la policía de la UPOEG

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta municipal de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Elizabeth Gutiérrez Paz, se reunió ayer durante dos horas con el secretario general de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez, en el Palacio de Gobierno.

Ahí la panista Gutiérrez Paz le solicitó su intervención ante los “abusos” de la policía ciudadana de la UPOEG, y dijo que recibió del funcionario el compromiso de enviar al Congreso una iniciativa para regular a las policías ciudadanas, como el Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que opera en su municipio.

La presidenta municipal afirmó que el SSC es “un nido de delincuentes” que se escuda en una supuesta organización de seguridad y dijo que han realizado robos, pero que la ciudadanía no los denuncia por temor.

En entrevista a su salida de la reunión dijo que el secretario de Gobierno se comprometió a mandar una iniciativa de decreto de ley al Congreso local para regular a las policías comunitarias y ciudadanas, y que en una semana se iban a regularizar.

Desde el 30 de enero el gobernador presentó una iniciativa, que no envió al Congreso.

La 60 legislatura está en periodo de receso y la Comisión Permanente sesiona una vez a la semana y no tiene la facultad para aprobar la ley que Cruz Ramírez se comprometió a que se enviaría esta semana.

La alcaldesa comentó que el secretario de Gobierno le afirmó que en la ley se plantea que la policía ciudadana se regirá como auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPyPC).

Reprochó que el gobierno estatal no le dé “la atención necesaria” al problema en su municipio, donde dijo que se puede dar un enfrentamiento entre los policías ciudadanos y los municipales, a quienes dijo que en varias ocasiones los han desarmado.

Cruz Ramírez se comprometió a mandar patrullas de la policía estatal, pero ella solicitó que se instalara un módulo permanente, a lo que el secretario de Gobierno no se comprometió; las patrullas realizarán recorridos en las comunidades donde no dejan entrar a los municipales, como Tlayolapa, San Juan del Reparo Norte y El Terrero.

Insistió en que “varios” integrantes del SSC son delincuentes “que se refugian en su comandancia”, y afirmó que los que “andan metidos en estos líos, es porque han sido matones u otro tipo de llevarse la vida”.

Dijo que varios comandantes e integrantes del SSC tienen antecedentes penales, como Naftalí Villa Gómez, que dijo es un “asesino”, y también habló de Lino Ponce, que dijo es el chofer de Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG.

Dijo que esperará la semana que expuso el secretario de Gobierno para saber si el gobierno estatal “sí nos respalda a nosotros que somos autoridad, o al grupo armado”.

Comentó que los policías ciudadanos no le permiten la entrada a San Juan del Reparo Sur, de donde era originario el comandante de la SSC Guadalupe Quiñones Carbajal, que asesinaron en Tierra Colorada, hecho que propició la entrada de la SSC a la cabecera municipal.

Tampoco permiten la entrada de la policía municipal y ya los desarmaron en una ocasión, pero afirmó que en esa comunidad, al igual que en Tlayolapa, San Juan del Reparo Norte y El Terrero, hay ciudadanos que no están de acuerdo con la presencia del SSC.

De los señalamientos del comandante de la SSC Ernesto Gallardo Grande, en el sentido de que la presidenta municipal liderea a un grupo delincuencial, afirmó que son cuestiones políticas y negó tener vínculos con grupos delincuencia.

Afirmó que desde la campaña la apodaban la “Narcopotranca”, pero que nadie la ha denunciado ni presentado pruebas.

Se queja de que ni Aguirre ni Florentino le hacen caso para replegar a ese grupo

Y en una carta de seis cuartillas dirigida a El Sur, la alcaldesa se quejó de que ni el gobierno federal, ni el gobernador Ángel Aguirre Rivero ni el secretario general de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez, han actuado para replegar a los “grupos armados de autodefensa” que operan en su municipio, identificados como la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad Ciudadano de la UPOEG.

“Apoyo que a la fecha no se ha reflejado por las autoridades estatales en el ámbito de sus competencias”, dijo.

En una carta de seis cuartillas dirigida a El Sur y con copia para la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la alcaldesa señala los delitos que han cometido en el municipio el comandante regional del Sistema de Seguridad Ciudadana, Ernesto Gallardo Grande, y los integrantes de la Policía Ciudadana.

Gutiérrez Paz pide que las autoridades investiguen “los supuestos hechos” de que la acusan los integrantes de la Policía Ciudadana hasta las últimas consecuencias legales, y responsabiliza a Gallardo Grande y a la Policía Ciudadana de lo que le pueda ocurrir a ella o a su familia, además “del quebrantamiento de la estabilidad y paz social del municipio”.

El comandante regional del Sistema de Seguridad Ciudadana Ernesto Gallardo Grande acusó a la alcaldesa de Tierra Colorada de ser la líder del grupo criminal “Los Rojos”, que opera en Chilpancingo.

Gutiérrez Paz dijo que los señalamientos de la Policía Ciudadana le causan daño moral, porque quienes la acusan no tienen pruebas y eso es un delito grave. “Me agravia y me ofende directamente en lo personal y como primera autoridad del municipio”, señala.

La alcaldesa de Tierra Colorada afirma que antes de su llegada al gobierno, en el municipio ocurrían diversos delitos como secuestros y extorsiones, y a partir del “primer minuto” en que asumió el cargo esos delitos quedaron rebasados y no se han vuelto a presentar.

Acusa a Gallardo Grande y a Gonzalo Torres de no tener calidad moral para hacer señalamientos en su contra y de querer destruir el mandato constitucional que le dieron los ciudadanos con “difamación” y “diatriba” mediante la prensa escrita.

En la carta recuerda: “grupos armados que como verdaderos criminales y armados con armas de alto poder y de menor calibre en la madrugada del día 26 de marzo, 2 mil 600 personas tomaron por asalto la cabecera municipal, Tierra Colorada, día y hora en la que la suscrita regresaba de una comunidad acompañada con personal de seguridad personal y al llegar al lugar conocido como el Crucero fuimos bajados con lujo de violencia del vehículo automotor en que nos transportábamos, apuntándonos con sus armas de fuego bajo la amenaza de disparar en nuestra contra, nos tiraron al piso boca abajo con las manos hacia atrás y nos tuvieron retenidos por mas de 5 horas y a partir de esa fecha hasta hoy han venido cometiendo en forma reiterada los delitos de privación de la libertad personal en agravio de habitantes del municipio y servidores públicos”.

Señala que la Policía Ciudadana ha usurpado las funciones que le competen a las autoridades reconocidas, como portación de armas de fuego, portación de arma prohibida, y que han cometidos delitos como “robo” en contra del ayuntamiento.

“El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos como la seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito, funciones que arbitrariamente e ilegalmente han sido coartadas al poder público por estos grupos armados que actúan con toda impunidad ante la omisión de las autoridades estatales y federales”, sostiene.

La alcaldesa señala que la Policía Ciudadana en realidad “son grupos armados con intereses distintos a la autoprotección que quebrantan la estabilidad de las instituciones”.

Agrega que entre los grupos de autodefensa y los grupos paramilitares donde se agrupan criminales “existe una línea muy tenue”.

También critica que la Policía Ciudadana actúe en Tierra Colorada, donde no hay comunidades indígenas.

“Nada justifica que un grupo de personas decida tomar justicia por propia mano e intente sustituir a los poderes públicos al colocarse por encima del gobierno. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente consagra que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, se lee en la carta.

Señala que los “grupos armados” diariamente cometen delitos que son sancionados por las leyes local y federal.

Acusa a la Policía Ciudadana de mantener segregada a la policía preventiva municipal, de establecerle horarios para los patrullajes con la amenaza de que si no los respetan les dispararán, además de que en cualquier momento pueden ser aprehendidos y encarcelados “por mas de cinco horas” en lo que ellos llaman su comandancia.

“En tiempo y forma he solicitado la intervención del Ejecutivo del estado y el secretario general de Gobierno para el retiro de estos grupos armados del municipio, en principio por ser una función a cargo del municipio la seguridad pública y tránsito”, asegura. (Redacción).