Visitan abogados españoles al dirigente indígena de la OFPM preso en Ayutla

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de la delegación de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, (CGAE), visitaron la tarde de ayer, en el penal de Ayutla, a Maximino García Catarino, dirigente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), quien se encuentra preso por el presunto delito de homicidio.
José María Prat Sabat, abogado y patrono de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, entrevistado vía telefónica después de la reunión que tuvo con el dirigente indígena, dijo que de acuerdo al expediente del caso de Maximino García “no hay motivos para que el Estado mexicano lo mantenga en prisión”, por lo que consideró encarcelamiento como “injusto”.
García Catarino fue detenido el 21 de enero pasado, bajo la causa penal 04/2012, por el asesinato de Juan Teodoro García, ocurrido el 22 de febrero del 201.
Prat Sabat dijo ayer, sin embargo, que la defensa del activista indígena ha presentado pruebas contundentes que demuestran que Maximino García Catarino el día del homicidio, se encontraba en Ayutla, la cabecera municipal, realizando gestiones precisamente en el Palacio Municipal, “hay documentos que certifican que él no estuvo en el lugar del homicidio y no puede estar el hombre en dos lugares”.
Insistió que por ello “es una injusticia” que el indígena siga preso, sobre todo porque hace dos años organismos de derechos humanos, entre ellos el que representa promovieron la solicitud de medidas cautelares para defensores indígenas, entre los que se encontraban García Catarino.
Sin embargo, dijo que también han comprobado que el gobierno federal no cumplió con el protocolo debido para el otorgamiento de estas medidas de defensa y protección y que, por el contrario está promoviendo juicios injustos.
Dijo que desconoce si el juicio “injusto” que se le sigue a García Catarino es por situaciones políticas o por envidia, pero que es evidente que está siendo procesado por un delito que no cometió.
Informó que a partir de este lunes buscarán entrevistarse con autoridades judiciales del estado, con el fin de exponerles su preocupación por el caso y a solicitarles un juicio apegado a derecho y justo.
Dijo que durante la visita que le hicieron ayer en el penal de Ayutla, vieron a Maximino preocupado por su situación, “sobre todo porque es un joven que tiene a tres hijas, la mayor de 7 y las otras de 4 y 2 años, a quienes tiene que proveerles el sustento y estando preso no puede hacerlo”, dijo.
Mientras tanto, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, informó mediante un comunicado por la noche que la visita cobra especial relevancia en virtud de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, deberá resolver a más tardar el 15 de marzo la apelación que Maximino García interpuso contra el auto de formal prisión dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, Inocente Orduño Magallón.
Dijo además que la visita de la Delegación se suma a las actividades que han emprendido diversas organizaciones nacionales e internacionales a favor de Maximino García Catarino, como el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos; Amnistía Internacional; la Organización Mundial Contra la Tortura; el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, “que han denunciado el uso ilegítimo del sistema de administración y procuración de justicia para coartar la labor de las y los defensores de derechos humanos en Ayutla de los Libres”.
La delegación está integrada por José María Prat Sabat, abogado y patrono de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, José Javier García Oliver, abogado del Colegio de Abogados de Baleares, y María Macarena Eseverri Aznar, abogada del Colegio de Abogados de Pamplona.
Los integrantes de esta delegación llegaron el 29 de febrero a México para apoyar institucionalmente el trabajo que vienen desarrollando organismos como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.
Otros objetivos de la misión serán impulsar la adopción de un protocolo de investigación en el estado de Guerrero para investigar adecuadamente los casos de amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos.
Asimismo, conocer el estado de implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Valentina Rosendo e Inés Fernández, mujeres indígenas violadas por miembros del Ejército mexicano y cuyos casos no fueron debidamente atendidos e investigados en México.
También van a participar en el acto oficial de reconocimiento de responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos en la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de Inés Fernández en el año 2002.