Ningún militar ha sido llevado a la justicia por la desaparición de 6 jóvenes en Iguala, critica ONG

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En su informe Ni seguridad, ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México, la prestigiada organización no gubernamental Human Rights Watch denunció que a pesar de que existen suficientes pruebas que demuestran que fueron militares los que se llevaron a seis jóvenes de Iguala, la madrugada del primero de marzo del 2010, nadie ha sido llevado a la justicia y las víctimas siguen desaparecidas.
Se trata del caso de Francis Alejandro García Orozco, de 32 años y sus empleados Lenin Vladimir Pita Barrera, de 18; Sergio Menes Landa, de 22; Olimpo Hernández Villa, de 34; Andrés Antonio Orduña Vázquez, de 21; y Zózimo Chacón Jiménez, de 22, quienes el 1 de marzo de 2010, cerca de las 10:30 de la noche fueron secuestrados por militares afuera de un club nocturno de Iguala.
El informe de 229 páginas fue entregado a finales del año pasado por el organismo internacional al presidente Felipe Calderón en el que le presenta casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos del Ejército y es resultado de investigaciones “exhaustivas” llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, y que, de acuerdo a Human Rights Watch son: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco.
En el caso de la desaparición de los seis jóvenes el informe dice que: “existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito, incluidas grabaciones de cámaras de seguridad donde se observan vehículos militares que intervienen en el secuestro, el testimonio de un testigo y una denuncia oficial que indican la presencia de soldados en el lugar de los hechos, y declaraciones del Ejército en las cuales reconocen haber efectuado una redada esa noche”.
Sin embargo el organismo denuncia que actualmente ninguno ha sido acusado por ningún delito en relación con el caso. “Por su parte, los familiares que han exigido que estas presuntas desapariciones forzadas se investiguen de manera exhaustiva e imparcial han recibido amenazas y, en un caso, han sido objeto de agresiones físicas directas”, dice el documento.
Explica que como parte de las acciones para encontrar a los desaparecidos, la CNDH envió pedidos a la Sedena, a la Policía, la SIEDO y a agentes del Ministerio Público estatal y federal en los cuales indagaba acerca del paradero de los civiles.
“Tanto la Sedena como la Policía Municipal reconocieron algún tipo de contacto con el incidente. La SEDENA informó que en la época en que se produjo el supuesto secuestro recibió una denuncia anónima de que “varios sujetos encapuchados y con armas de fuego” habían sido vistos en las proximidades del establecimiento”.
Incluso, manifiesta que el 22 de abril, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero inició una investigación por el delito de privación de la libertad, “pero los familiares de las víctimas dijeron que los agentes del Ministerio Público prácticamente no habían investigado el caso y que los familiares habían tenido que hacer averiguaciones por su cuenta”.
Dice que, por ejemplo, “fueron los familiares quienes escribieron a un senador de la Comisión de Comunicaciones y Transportes solicitando grabaciones que puedan haber sido tomadas por cámaras de seguridad colocadas en puentes durante la noche del suceso, con la esperanza de captar los números de matrícula de los vehículos que participaron en el secuestro”.
E insiste: “dadas las contundentes pruebas que indican la participación de soldados en las desapariciones, la negativa a investigar el caso resulta sumamente preocupante”.
El organismo expone en el informe todas las acciones, diligencias, declaraciones y gestiones que ha hecho la familia ante todas las instancias estatales y federales para que el caso se investigue y se encuentre a los seis jóvenes, sin embargo, denuncia que lo único que ha obtenido son “amenazas, persecución y ataques”, en su contra.
Por ejemplo, denuncia, que una semana después de la desaparición de los civiles, los familiares colocaron afiches en distintos puntos de Iguala con fotografías de las víctimas y el siguiente mensaje: “Ejército regrésanos a nuestros hijos”, pero que hubo soldados que tapaban el mensaje y arrancaban los afiches.
“Varios días después, uno de los familiares recibió una llamada que decía que se están metiendo en cosas peligrosas y sabemos dónde están tus hijos”. Por lo que ante el temor de que atacaran a sus otros hijos, los padres que recibieron la amenaza decidieron enviarlos a vivir con familiares en otro estado”.
Además, denuncia que el 11 de diciembre pasado, un grupo de vehículos militares se detuvo afuera del negocio de uno de los familiares durante algunas horas.
“Debido a este y otros actos deliberados de persecución, varios familiares de las víctimas han desistido de sus reclamos para que las autoridades investiguen las desapariciones”.