Pide la Codehum al gobierno proteger a familiares y sobrevivientes de Iguala

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) solicitó al gobierno del estado que aplique medidas cautelares para garantizar la integridad física de los sobrevivientes y los familiares de las 8 víctimas de secuestro el 6 de junio en Iguala, de los cuales tres fueron encontrados ejecutados y con huellas de tortura.

El visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, informó ayer entrevistado en su oficina, que el organismo también solicitó al gobierno estatal el derecho al acceso a la justicia, lo que implica una investigación a fondo de los hechos para dar con los responsables y evitar la impunidad.

Lugo Cortés explicó que, incluso, si es necesario, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas pueden recurrir al asilo en el extranjero, que contempla el derecho internacional, pero insistió que esta medida dependería del interés que pongan los beneficiarios, puesto que “no se puede sustituir lo que desee un beneficiario, es por eso que es importante la opinión de él, de su representante legal o de un familiar directo”, expresó.

Explicó que las medidas cautelares fueron solicitadas a pesar de que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas no han acudido al organismo, pero que por el riesgo inminente en el que se encuentran la comisión decidió actuar de manera unilateral.

Asimismo, llamó a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas a que si tienen desconfianza o temor, que acuda un abogado, un representante o un familiar cercano para que se pueda diseñar el mecanismo para la implementación de esas medidas.

Informó que personal de la comisión venía acompañando a los familiares de las víctimas desde el día de su desaparición, pero que desde que fueron encontrados los cadáveres de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas, dirigentes la organización social Unidad Popular de Iguala, “los familiares se mostraron un tanto reacios a brindar información al organismo”, y que incluso se negaron a proporcionar números de teléfonos y sus domicilios para que la comisión pudiera establecer en el futuro reuniones para la implementación de medidas cautelares integrales.

El visitador general de la Codehum, Lugo Cortés, quien calificó el levantamiento y posterior ejecución de los tres integrantes de Unidad Popular (UP) como “lamentable y grave”, aseguró que a pesar de la falta de contacto con los familiares de las víctimas, la Codehum solicitó al gobierno del estado las medidas cautelares, “que tienen como propósito una atención integral tanto a los familiares de las tres víctimas, como a los cinco sobrevivientes”.

Las medidas cautelares consisten en que se brinde protección personal a los dirigentes de la UP y de la Unión Campesina Emiliano Zapata (Ucez).

También que se les brinde protección personal a los sobrevivientes que, “al parecer”, escaparon a sus captores, dijo en referencia a Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes Maldonado, Nicolás Mendoza y Jimmy Castrejón.

Otra de las medidas que pidió la Codehum al gobierno del estado, es “garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia”.

Lugo Cortés explicó que eso implica que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar los hechos y evitar la impunidad.

Agregó que la petición al gobierno estatal es que se ponga en contacto de manera inmediata con las víctimas indirectas, para mantenerlos informados de los avances que se den en las investigaciones.

El visitador general de la Codehum declaró que el organismo solicitó al gobierno del estado, además, que atienda su derecho a un psicólogo, a la salud y a la asesoría jurídica, tanto para los sobrevivientes como para los familiares de éstos y de los tres asesinados.

Explicó que estas medidas cautelares fueron pedidas al gobierno del estado independientemente de que no hay una petición expresa de los beneficiarios, “porque es entendible el temor y el miedo en el que se encuentran y que por eso pudieran tener dudas o desconfianza, incluso, al personal de los derechos humanos”.

Agregó que espera que en el futuro los familiares de las víctimas y los sobrevivientes puedan tener confianza en el organismo para trabajar de manera conjunta y realizar reuniones con el gobierno del estado, para poder implementar de manera efectiva esas medidas cautelares, “sobre todo las que se refieren a la protección personal, tomando en cuenta la situación de inminente riesgo en que se encuentran, sobre todo los familiares directos y los dirigentes, pues ante los reclamos de justicia pueden colocarse en una situación de mayor riesgo y de vulnerabilidad”.

El visitador manifestó que por eso es importante que las familias de las víctimas y los sobrevivientes se pongan en contacto con la Codehum, “para garantizar que se hagan efectivas esas medidas cautelares y evitar que se atente en contra de su integridad física y hasta de su vida”.

Informó que actualmente están en busca del contacto para establecer la modalidad de la implementación de las medidas solicitadas, porque explicó que cuando se trata de medidas cautelares, éstas deben contar con la opinión y la aprobación de los beneficiarios.

El visitador general de la Codehum fue insistente en pedir a los familiares que se acerquen al organismo para darle seguimiento a las medidas cautelares que ya se pidieron “y evitar más hechos de lamentables consecuencias y aminorar la situación de riesgo”.