Aboga la red del obispo Raúl Vera por la vida de los sobrevivientes de Iguala

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que preside el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, condenó el hostigamiento gubernamental contra la agrupación Unidad Popular (UP) de Iguala y el asesinato de sus líderes Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas y Ángel Román, y demandó el inmediato esclarecimiento del caso y castigo a los responsables.

Asimismo, responsabilizó al Estado mexicano de cualquier atentado contra la integridad física de los familiares de las tres víctimas y de los cinco sobrevivientes de UP, así como de cualquier agresión a la integridad física de la sobreviviente de la matanza de El Charco, Érika Zamora Pardo, quien el 6 de junio –un día antes del 15 aniversario de esa masacre– llegó a la puerta de su casa una rosa, lo que fue interpretado como una amenaza.

Mediante una carta enviada ayer, la organización de derechos humanos recuerda que UP es una organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos y a la gestoría en beneficio de los ciudadanos y que su líder, Arturo Hernández, se caracterizó por su lucha en defensa de los derechos humanos  de los indígenas durante casi 15 años.

Citó que uno de los casos en los que siempre pidió que se investigara es el de la matanza de El Charco, municipio de Ayutla, en donde fueron asesinados por militares 10 indígenas de la región.

El documento aludió el caso porque el 6 de junio “llegó hasta la puerta de la casa de la sobreviviente Erika Zamora Pardo, una rosa, y este es un hecho que no puede pasar desapercibido en este contexto de violencia en contra de activistas y defensores de derechos humanos en Guerrero”.

Los representantes del organismo recuerdan que sobre Guerrero existen tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), “y a pesar de esto van en aumento los hostigamientos, las desapariciones y ejecuciones contra luchadores sociales”.

Década Contra la Impunidad conmina a los gobiernos federal y estatal “a que pronto se transparente y con apego a derecho se investigue y se sancione a los responsables de estos hechos y ponga alto a las agresiones”.

Asimismo, la agrupación responsabiliza al Estado mexicano de la integridad física de los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes de la UP de Iguala.

También responsabiliza al Estado mexicano de cualquier tipo de hostigamiento o agresión contra la sobreviviente de El Charco, Erika Zamora Pardo, y contra los demás sobrevivientes de esa masacre.

El documento lo firman el presidente del organismo, Raúl Vera López; la secretaria, María Magdalena López, y el coordinador del área jurídica, Ernesto Rodríguez Cabrera.