La Contraloría del estado entrega el palacio municipal de Iguala al alcalde José Luis abarca

Redacción

Iguala

A las 10 de la mañana cientos de trabajadores del ayuntamiento que fueron movilizados por sus jefes para incorporarse, de forma obligatoria, a las labores de limpieza esperaban afuera del palacio municipal al alcalde José Luis Abarca Velázquez y a regidores de todos los partidos afines a su línea política.

La llegada de esa comitiva, que a momentos parecía una corte, es la señal de que serían devueltas las instalaciones a la comuna.

Alrededor de las 11 de la mañana ya había llegado personal de la Contraloría General del Estado (CGE) que se haría cargo de hacer los peritajes al edificio, para que el gobierno del estado después pague las reparaciones necesarias y reponga el equipo que pudo haber sido sustraído.

Las versión de que el palacio municipal sería “entregado” la mañana de este jueves circuló por redes sociales desde la tarde del miércoles, también en las radios locales se hacían anuncios en los que se hacían apologías en relación a que las cosas pronto volverían a la normalidad en Iguala, ciudad de alrededor de 170 mil habitantes que está prácticamente en la parálisis institucional después de que reventó una crisis de inseguridad e inestabilidad política.

Alrededor de las 12 de la tarde arribó al palacio el alcalde con algunos de los regidores; ahí ya lo estaban esperando trabajadores de la Contraloría General del Estado (CGE), instancia que, al parecer, fue la responsable de cuantificar los daños que se provocaron en el inmueble tras las protestas.

En el alcalde se observaba un semblante serio con algún matiz de molestia; ese gesto ha sostenido desde hace algunas semanas, cuando la crisis de inseguridad e inestabilidad política se agudizó en Iguala, hasta dejar a su administración municipal al borde de la parálisis institucional.

Uno de los cuatro policías estatales que resguardaban el palacio le hizo un saludo tipo militar, llevando su mano derecha hasta su frente y le abrió la reja principal.

Unos minutos después se presentó el subcontralor Cristian Palacio, quien dijo que se desconocía el monto de los daños generados en las instalaciones.

Daños que causaron los miembros de la coalición de organizaciones Unidad Popular porque estaban indignados, primero por la desaparición de sus compañeros y después por el asesinato de dos de sus líderes, Arturo Hernández Cardona y Ángel Román, así como del comerciante Rafael Banderas.

El funcionario precisó que se estaba haciendo entrega del palacio “a todo el cabildo, a todos los ediles”. Y que hasta ayer al medio día sólo “había un inventario, la cuantificación la vamos a hacer en coordinación con la contraloría interna” municipal.

Al palacio sólo se le permitió el acceso a los peritos de la Contraloría, al alcalde y algunos regidores; a los reporteros sólo se les dejó estar algunos minutos y después fueron retirados, lo que ya es costumbre ya que este gobierno se ha caracterizado por su opacidad y por impedir que los medios tengan acceso a los asuntos gubernamentales.

En la explanada del palacio todavía se alcanzaban a apreciar algunas flores que se resistían a marchitarse, que fueron usadas en los funerales de los tres activistas de la Unidad Popular asesinados hace dos semanas, así como algo de cera, elementos que han resistido a las lluvias de las últimas semanas y al calor tan característico de la ciudad.

Cerca de las tres de la tarde el vocero del ayuntamiento y síndico Mario Castrejón salió y dio una entrevista colectiva en la que dejó ver que no descartan levantar denuncias en contra de los integrantes de la UP que mantuvieron tomadas las instalaciones, a pesar de que el gobernador se comprometió con las organizaciones a que no habría demandas en su contra.

Poco a poco se les fue permitiendo el acceso a los trabajadores y funcionarios de bajo perfil, que fueron los encargados de comenzar los trabajos de limpieza.

Lo primero que hicieron las brigadas de limpieza fue borrar con pintura las pintas en contra del alcalde, que estaban prácticamente por toda la fachada del palacio.

Para las cuatro de la tarde alguien tuvo la idea de acordonar con cinta plástica con la leyenda “PELIGRO” prácticamente todo el palacio. Y así, “PELIGRO” se leía alrededor de la sede del ayuntamiento.

Desde el templete de la Plaza de las Tres Garantías era posible mirar hacia la oficina de Recursos Humanos.

A través de las ventanas con los vidrios rotos se podía observar al director de Recursos Humanos, Damián López Tolosa, dando órdenes a los empleados referentes a las labores de limpieza en el área.

El funcionario de nacionalidad argentina fue designado en su cargo por su parentesco con el alcalde José Luis Abarca.

López Tolosa es yerno del hermano del alcalde, Javier Abarca, y su destitución era una de las demandas que enarbolaba la Unidad Popular.

Cuando el extranjero notó la presencia del fotógrafo ordenó cerrar las cortinas de su oficina.

Desde principios de esta semana un grupo de funcionarios encabezados por el director de Atención Ciudadana, Antonio González, así como por el director de Servicios Generales, Jesús Bruno Corrales, están presionando a todos los trabajadores de la administración municipal para que asistan el próximo domingo a una marcha de respaldo a José Luis Abarca, que ha sido disfrazada como una marcha por la paz.

Una fuente reveló que hace unos días Antonio González, quien hace unos meses fue acusado de hacer descuentos sin autorización al pago quincenal de trabajadores de limpia del ayuntamiento, encabezó una reunión en un salón de fiestas en el que se planteó hacer una marcha para apoyar al alcalde.

La instrucción que se dio a los asistentes es ir vestidos de blanco y con cartulinas con leyendas de respaldo al presidente municipal.

El acto de apoyo ha sido denominado “Marcha por la Paz y el Desarrollo del Municipio”, y será a las cinco de la tarde.