Inicia la SFP una investigación sobre los contratos fantasma en la PGR de Morales

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Secretaría de la Función Pública inició una investigación sobre el contrato de 92 millones de pesos que otorgó la administración pasada de la PGR para desarrollar 17 sistemas tecnológicos, de los cuales 14 no funcionan, 2 no fueron entregados y uno registra un sobreprecio.

De acuerdo con fuentes federales, la PGR denunció ante su Órgano Interno de Control (OIC) presuntas irregularidades como el incumplimiento de diversas cláusulas del contrato, simulación en la entrega de productos y retrasos, de parte de la empresa La Red Corporativo.

Al mismo tiempo, el OIC -que depende de la Función Pública- inició una auditoría sobre el contrato, para verificar si efectivamente esta empresa cuya matriz está radicada en Villahermosa, Tabasco, cometió las anomalías que le imputan, indicaron funcionarios.

La Procuraduría, según fuentes del Gobierno Federal, ha impuesto hasta ahora penalizaciones por 530 mil pesos a la proveedora, por diversos retrasos con la entrega de 17 desarrollos de sistemas tecnológicos. Además, analiza otro tipo de acciones legales.

REFORMA publicó ayer que antes de que finalizara la gestión de Marisela Morales, la PGR adjudicó en forma directa a La Red Corporativo un contrato de 92 millones 34 mil 90 pesos, para que desarrollara 17 sistemas tecnológicos, la mayoría hasta ahora reprobados por falta de funcionalidad.

Según la información obtenida, el hecho que dio origen a la denuncia de la PGR ante el OIC fue la supuesta simulación de entrega de productos.

En este caso, se  trata del desarrollo de los Sistemas de Administración de Recursos Humanos (SARH) y el de Información de Recursos Humanos (SIRH), cotizados en 8 millones 977 mil 34 pesos y 5 millones 966 mil 258 pesos, respectivamente.

De acuerdo con fuentes de la PGR, en un acta se estableció que ambos fueron entregados a la PGR el 16 de noviembre de 2012, fecha límite que tenían para hacerlo; sin embargo, en los hechos ninguno fue proporcionado a la dependencia.

Otras de las presuntas irregularidades que indagará el órgano que depende de la SFP es el supuesto sobreprecio del desarrollo de un administrador de datos de la página de internet de la PGR, así como su versión móvil.

Este producto tuvo un costo de 8 millones 991 mil 400 pesos y es el único que la nueva administración acepta que está en operación,derivado del contrato PGR/AD/CN/SERV/147/2012, suscrito el 29 de junio del año pasado.

Sin embargo, la Procuraduría cuestiona que se utilizara como plataforma el administrador de contenidos Alfresco, una herramienta que es gratuita, y que cobraran un sobre costo, pues en el mercado puede conseguirse este desarrollo a precios que van de 500 mil a 3.5 millones.

También se alega que la empresa proveedora hiciera su entrega hasta el 5 de octubre del 2012 y no el 15 de septiembre, la fecha perentoria que fijó el convenio.

Con base en información de la dependencia, otros aspectos denunciados son los retrasos en la entrega de otros sistemas.

La Red Corporativo, una empresa con suerte

En toda su historia, la empresa La Red Corporativo nunca había corrido con tanta suerte como durante la gestión de Marisela Morales al frente de la Procuraduría General de la República.

A lo largo de una década, la compañía tabasqueña consiguió 41 contratos con instituciones públicas, pero ninguno como el que le otorgó la dependencia federal a cinco meses de concluir el sexenio anterior.

Esos 41 contratos significaron 37.6 millones de pesos para La Red Corporativo, S. A. de C. V., que equivalen tan sólo al 40 por ciento de los 92 millones que obtuvo gracias a una sola adjudicación directa con la PGR.

La empresa no tiene registros previos de contrato público alguno superior a los 11 millones de pesos y su mercado está, básicamente, en Tabasco. Ahí ha obtenido 35 de los 41 convenios gubernamentales que le han sido otorgados.

La Red Corporativo ha ganado, desde 2002, un total de 26 licitaciones, 10 invitaciones y 5 adjudicaciones directas de dependencias de Gobierno.

De los 41 contratos gubernamentales que consiguió antes del convenio con la PGR, sólo seis superan el millón de pesos.

La empresa tiene su matriz en Villahermosa y cuenta con oficinas en Mérida y el Distrito Federal. Su administrador único es el empresario Jorge Roberto Carrión Arrazate, quien fue presidente de la Coparmex de Tabasco de 2006 a 2008.