Aguirre aún no tiene tiempo para atender a los alcaldes del PRI, se queja otra vez Salgado

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

El dirigente estatal del PRI,  Cuauhtémoc Salgado Romero, condenó las agresiones que se han suscitado contra políticos de distintos partidos y urgió al gobierno del estado y al federal que “deje la burocracia y que se pase a la acción” en la aplicación del mando policial único.

El  priista dijo que en el menor tiempo posible pedirá al gobierno del estado poner más atención en los temas de seguridad, aunque consideró que es fundamental que se apliquen nuevas estrategias que ayuden a disminuir la inseguridad y la violencia en la entidad.

“Hay que tomar las medidas, yo lamento mucho lo que le sucedió al diputado (Sebastián de la Rosa), lamento mucho lo que les ha sucedido a muchos de los militantes del PRD”, dijo en entrevista después del homenaje póstumo al síndico del Ayuntamiento capitalino Roberto Torres Aguirre.

Se le preguntó si el gobierno del estado debe reforzar la seguridad para los alcaldes priistas, y respondió: “Lo que sí queremos es que haya una estrategia de seguridad para la sociedad, no para los alcaldes en particular o para un político en particular, sino para la sociedad y que cada alcalde, con la responsabilidad que tiene, con los recursos que tiene como por ser esa figura, tiene manera de cuidarse, sí que pongan atención y que valoren la situación por la que está pasando el estado”.

Salgado Romero negó que Guerrero Seguro haya quedado rebasado por la violencia, pues dijo que se ha hecho un gran esfuerzo, sin embargo dijo que es claro que no ha dado el resultado que se esperaba.

El priista festejó que en la zona Norte se estén  dando los primeros pasos para instaurar el mando único policial, aunque lamentó que “este es un tema que ya se viene planteando desde hace mucho tiempo  y que yo siento que se ha estado burocratizando, ha estado a paso muy lento, donde tiene que intervenir el gobierno federal y el gobierno del estado, porque la disposición por parte de los ayuntamientos está, no hay renuncia, eso es importante, urge que se deje la burocracia y que se pase a la acción”.

En el caso de los once alcaldes que le han externado su preocupación por la inseguridad en sus municipios, Salgado lamentó que hasta esta fecha no haya tenido comunicación directa con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para hablar sobre este asunto.

Aunque luego dijo que ayer mismo hablaría vía telefónica con el secretario de Gobierno, Flo-rentino Cruz Ramírez, para buscar una fecha de reunión.

Cuauhtémoc Salgado descartó que haya desinterés del mandatario estatal para atender los asuntos que aquejan a los alcaldes priistas, y señaló que posiblemente tenga “muchas ocupaciones”.

Finalmente, aunque el coordinador de los alcaldes priistas en Guerrero, Mario Moreno Arcos, sólo tiene quejas del alcalde de Cocula sobre el tema de la inseguridad, Salgado Romero reiteró que son once los presidentes municipales del tricolor que se acercaron a pedirle su apoyo.

Por otra parte, el dirigente estatal del PRI advirtió que por su omisión el gobierno del estado tendrá que pagar los daños que maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) causaron en las instalaciones partidistas el pasado 24 de abril.

Aseguró que según peritos de la Procuraduría General de Justicia, el monto de los daños rebasa los ocho millones de pesos.

Sin embargo, dijo que está en espera de que Protección Civil estatal entregue un dictamen por el daño estructural que sufrió una parte del edificio, lo que incrementará el costo.

Señaló que una vez giradas las órdenes de aprehensión o una vez que se integre al cien por ciento la averiguación previa, se empezará a equipar y dar mantenimiento al edificio que aún está “en situaciones difíciles”.

“Hicieron daño al patrimonio de instituciones públicas, no es al partido en sí y el Estado tenía la obligación de velar, de resguardar en su momento, y que bueno, eso ya será otro tema que tendremos sobre la mesa”, advirtió.

A pregunta expresa dijo que ya hay maestros identificados como los autores de las agresiones, por lo que pronto concluirá el caso.

Luego insistió en que “por omisión es una obligación del Estado responder y atender estos daños que causaron al patrimonio del PRI”.