Tlachinollan

La incompetencia de las autoridades

El gran drama que enfrentamos los y las guerrerenses es que las autoridades se han ganado la mala fama de ser incompetentes por  incumplir con las responsabilidades que por mandato constitucional  les hemos encomendado. La mayoría de los males que padecemos provienen de las pésimas actuaciones de los servidores públicos, quienes de manera impúdica y displicente vegetan dentro de un aparato gubernamental anquilosado y atiborrado de parásitos. No hay funcionarios en la presente administración que cuenten con la confianza y el reconocimiento de la población, porque sabe que aquéllos escamotean los recursos financieros y se manejan con la careta del engaño. Las relaciones que se cultivan son netamente utilitaristas y furtivas. En los mismos ámbitos del poder público no hay amigos ni amigas, porque lo que mueve a este sistema son los intereses económicos. A la misma población se le trata con signo de pesos, tomando en cuenta su color, su vestimenta, su nivel social y económico,  y su filiación política.

Este sistema político está hecho a la medida de las elites del poder que amasan sus riquezas aprovechando las prerrogativas y los fueros que adquieren como servidores públicos, para saquear impunemente las arcas del pueblo. Los gobernadores son los  prototipos  de esta inmundicia: son intocables ante la ley, sumamente poderosos y de la noche a la mañana se transforman en los grandes socios de las principales empresas que han invertido capitales dentro del estado.

Hay un decálogo no escrito que los políticos de cualquier pelaje están obligados a  respetar y cumplir: amarás al dinero por sobre todas las cosas; utilizarás el nombre del pueblo en beneficio propio; santificarás  y enaltecerás el nombre de los políticos corruptos; honrarás y protegerás a las autoridades que violentan los derechos humanos; no matarás a tus amigos y socios pero sí a tus enemigos políticos y a todo aquel que critique y disienta de tu forma de gobernar; cometerás actos de corrupción que permanecerán en la impunidad; robarás el dinero del pueblo; dirás siempre mentiras a tus gobernados; consentirás pensamientos y deseos de tener más poder y amasar más fortunas; codiciarás los bienes que son del pueblo.

Esta ley sagrada para la clase política se ha transformado en el mejor instrumento de dominación para usurpar y esquilmar los derechos de los excluidos.  Con este caparazón los que gobiernan cometen atrocidades, atentan contra la vida de sus gobernados, se confabulan con los mercenarios de la muerte y con los empresarios del crimen organizado. Gobernar es como embriagarse de poder y hacer de este mandato un show mediático y una vida llena de glamour y frivolidad. Aquí no cabe la visión de Estado, ni las responsabilidades constitucionales o el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La precariedad del político rudimentario no le da para organizar todo el aparato gubernamental y ponerlo al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Los gobernantes siguen creyendo que son los dueños o patrones de la vida y patrimonio de todos los guerrerenses. En los hechos actúan como déspotas, que con sus dictados pueden hacer y deshacer las leyes que nos rigen y pueden manejar sin ningún control los recursos públicos, así como utilizar a las instituciones como agencias de colocaciones puestas al servicio de los amigos y familiares.

En Guerrero estamos aún muy lejos de que las autoridades estatales y municipales asuman el compromiso de proteger y asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La cosecha de sangre causada por la inseguridad y la violencia es producto de esta inacción gubernamental y de la ausencia de políticas orientadas a prevenir y proteger  los derechos de la población.

Ante los hechos tan deleznables como las ejecuciones de los luchadores sociales  Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román acaecidas en el municipio de Iguala, cuyos cadáveres fueron encontrados el lunes 3 de junio, las autoridades del estado no han demostrado su compromiso con los familiares de las víctimas de investigar seriamente y con todos los medios que están a su alcance  para dar con el paradero de los responsables. Todo ha quedado en declaraciones y en reuniones que no están centradas en poder dilucidar si las ejecuciones de los tres dirigentes contaron con el apoyo, la aquiescencia o tolerancia del poder público. No se ha querido investigar si las autoridades municipales fueron omisas en cumplir con su responsabilidad de prevenir estos hechos violentos, sabiendo de antemano la situación de inseguridad que prevalece en el municipio y la región. En lugar de que las autoridades del estado y municipales adoptaran medidas efectivas de prevención para garantizar que los dirigentes de la Unidad Popular (UP) no fueran a sufrir alguna agresión, se desentendieron y no asumieron su responsabilidad de velar por la seguridad de los defensores, más allá de las diferencias políticas e ideológicas y por encima de las divergencias en los modos de manifestarse y ejercer la protesta social.

Es importante resaltar que en un régimen democrático las autoridades están obligadas a actuar con debida diligencia ante casos de desapariciones, como la de los ocho compañeros de la UP, quienes fueron privados de su libertad al término de una manifestación pública en la caseta de cobro ubicada en la salida de Iguala. Las autoridades tuvieron que haber realizado operativos intensivos y exhaustivos para encontrar a los dirigentes. Fue grave que no se hayan aplicado medidas oportunas y necesarias para determinar el paradero de las víctimas. Fue evidente el manejo precario de la información con que cuentan las diferentes instituciones encargadas de investigar los delitos y de realizar trabajos de inteligencia. Sobresalió la descoordinación y el desinterés por garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de los defensores de derechos humanos.

Estas deficiencias en la prevención del delito de desaparición siguen arrastrándose en la etapa de la investigación de las ejecuciones. Ahora son los familiares de las víctimas quienes  enfrentan graves riesgos, porque se les emplaza en los medios masivos de comunicación para que se presenten a denunciar. Toda la carga de la investigación cae sobre sus vidas, lo que no solo inhibe que denuncien  sino de que se les coloque en el desfiladero de la muerte.

Al interior del aparato gubernamental en lugar de cobijar a las familias agraviadas y sobretodo de acompañarlas en su duelo, los grupos políticos manotean para poner a salvo sus intereses interpartidarios.  Fijan posturas sin que les importe pisotear la memoria de quienes lucharon para desmontar las estructuras del poder caciquil. En lugar de trabajar hacia dentro para limpiar la casa se sigue cuidando la fachada de la agencia partidista. No se quiere ver la urdimbre delincuencial que está colapsando al mismo sistema de partidos y que quiere sostenerse poniendo a salvo los intereses de los grupos.

No solo se está faltando al compromiso de investigar y de garantizar seguridad a los familiares de las víctimas sino que se está derrumbando el aparato de seguridad en los municipios. Las autoridades municipales siguen apuntalando y parchando a sus instituciones de seguridad que están carcomidas hasta la médula, porque quieren mantener un estado de cosas que ha desquiciado la vida de la población. Las autoridades municipales por su indolencia y complicidad con la delincuencia están endosando a los ciudadanos y ciudadanas el costo de su incapacidad e impericia. Sus ansias de sacar la mayor ganancia posible en un periodo de tres años obliga a las autoridades municipales a establecer alianzas con grupos delictivos que le ayuden a tener el control territorial y a hacer del ayuntamiento una empresa rentable.

El vacío de poder que abiertamente ha expresado el mismo gobernador (por lo que está sucediendo en Acapulco y en casi todas las regiones de Guerrero) es el síntoma más grave de la incapacidad de las autoridades para cumplir con el mandato del pueblo de garantizar seguridad y respetar la vida y el patrimonio de las y los guerrerenses. Este aviso de alerta nos indica que el problema de la violencia e inseguridad en Guerrero, seguirá desbordándose y extendiéndose en los municipios conexos donde ya se ha instalado dentro de los recintos públicos, el crimen organizado. Son los ciudadanos y ciudadanas los que están asumiendo la responsabilidad de hacer frente a los grupos delincuenciales. El diagnóstico de los ciudadanos es más confiable que el que manejan en la opacidad las autoridades. A contraluz se visualiza que se tienen que transformar las instituciones, que hay que limpiar la casa del pueblo y se deben tomar decisiones firmes para sacar a quienes están causando daños severos a la población, y que son cómplices de esta devastación de la vida comunitaria.