Rubén Aguilar Valenzuela

Asesinatos: metodología del conteo

Ante la duda metódica de las cifras que ofrece el actual gobierno federal sobre el número de los asesinatos dolosos, en particular los relacionados al narcotráfico, el pasado  12 de junio, Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), salió a responder argumentando que el conteo se realiza con la misma metodología de la administración pasada, para poder realizar un comparativo con los números anteriores.

En la misma línea, la Procuraduría General de la República (PGR), a solicitud del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), manifestó que el método utilizado por la Segob se basa en el diseñado por el gobierno del presidente Felipe Calderón para construir la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”.

Esa administración dejó de publicar los datos derivados de esa base el 30 de septiembre del 2011, por considerar que los criterios que se utilizaban no eran los correctos. En aquel momento varios analistas, entre ellos yo, planteamos la posibilidad de que se “cerraba” para que al fin del sexenio no quedara dato oficial, después del fracaso de la “guerra”,  sobre el número de este tipo de asesinatos.

En todo caso, con las declaraciones de Sánchez y de la PGR, el actual gobierno da respuesta a quienes preguntaban por la metodología que se está utilizando. La base de datos contempla tres grandes apartados y para que se considere un asesinato relacionado con el crimen organizado es necesario que se den, al mismo tiempo, tres de los criterios tipificados en cada uno de los rubros.

El primer apartado considera, entre otras, las siguientes características: impacto de bala de arma de grueso calibre; rastros de tortura; mensaje de un grupo criminal. El segundo: si el cuerpo del asesinado fue desmembrado; mutilado; calcinado. El tercero contempla las circunstancias en que ocurrió el asesinato: presunción fundada de que la víctima o el victimario pertenecían a un grupo criminal; un secuestro previo; dentro de una cárcel; una emboscada o persecución.

La administración del presidente Enrique Peña Nieto ya ha hecho pública cuál es su metodología para determinar cuáles son los asesinatos que se atribuyen a “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”. Ahora tiene que explicar por qué considera que ésta es la pertinente  cuando el gobierno anterior se deslindó de ella por valorar que fue un “experimento fallido”.

En Los saldos del narco: El fracaso de una guerra (Punto de Lectura, 2012), Jorge G. Castañeda y el que escribe registramos que la administración de Calderón argumentó, entre otras cosas, que  no se podían dar números oficiales por “presunta rivalidad delincuencial” porque la legislación no contempla las categorías “ejecución” y “homicidios relacionadas con la delincuencia organizada”.

Twitter: @RubenAguilar