Humberto Musacchio

La oralidad, nuevo reto para la justicia

En 2008 el Congreso de la Unión aprobó la mayor reforma de nuestro sistema judicial, la que consiste en pasar de los actuales procesos escritos –engorrosos, lentos y propicios a la corrupción– a los juicios orales, que deberán ser muchísimo más breves y baratos para todas las partes, además de que, se supone, desaparecerá el rezago monstruoso de hoy y tendremos algo que hemos soñado siempre: contar con una justicia pronta y expedita.

El nuevo sistema exigirá defensores que conozcan a fondo el derecho, pero también elocuentes en la argumentación, capaces de refutar a la parte acusadora y aptos para manejar las emociones de todos los presentes en una sala. Es dudoso que los huizacheros que pululan en los tribunales, seres que medio balbucean algo parecido al español, individuos sin estudios y frecuentemente sin principios, sean los defensores que exige el nuevo sistema oral.

Por su parte, los agentes del Ministerio Público habrán de abandonar su proverbial abulia burocrática y su despotismo para convertirse en auténticos gestores del pueblo en la búsqueda de justicia, formulando debidamente las acusaciones, pues ya no habrá más aquello de que primero encarcelamos y después averiguamos.

En lo que se refiere a los jueces, sabemos que se está trabajando a paso acelerado en su capacitación, la que sólo será completa después de un periodo razonable de justicia oral. El problema principal está en algo más tangible: el nuevo sistema requiere de la infraestructura adecuada, tanto en lo que se refiere a instalaciones físicas (salas de juzgados y tribunales, salones privados para los jueces, etc.) como en el equipo indispensable, que deberá contar con sistemas computarizados, lo que, solamente en el Distrito Federal, se estima que costará una suma cercana a los 140 millones de pesos.

Otras necesidades que plantea la oralidad tienen qué ver con la contratación y capacitación del personal, pues se crearán nuevas funciones y se establecerá un orden que habrá de requerir empleados y funcionarios que conozcan los procedimientos y sepan aplicarlos. En la capital del país, el gasto corriente en servicios personales supera los 520 millones de pesos, que nadie sabe de dónde van a salir.

Mencionamos los costos del Distrito Federal porque en la ciudad de México se desarrolla por lo menos uno de cada cinco de los juicios que se celebran en el país. El asunto se agrava porque, de acuerdo con el subprocurador de la PGR, Renato Sales, la reforma “se está balcanizando, se está dispersando, se está perdiendo porque una entidad federativa la aplica de una forma, otra de otra” y, agrega el funcionario y activo promotor de la reforma, que únicamente en tres estados “está caminando en su totalidad el sistema” (el nuevo, el oral).

Si los estados no resuelven adecuadamente los problemas que representa el paso a la oralidad, lo más probable es que muchos de los juicios se desplieguen en el Distrito Federal, donde muchas empresas tienen sus oficinas, aunque no necesariamente sus negocios. Además, para concretar la reforma en todo el país, tendrá que caminarse hacia un solo código penal y uno solo también de procedimientos penales, lo que deberá atender el Poder Legislativo.

De modo que muy probablemente no abandonaremos el engorroso sistema de los juicios escritos antes de los tres años que estimaban los legisladores. Y si se pospone la reforma, el gran peligro es que nos gane la inercia y todo se quede como hasta ahora. Eso sí sería una tragedia.