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Exigen ejidatarios de San Miguel el desalojo de los habitantes de Río Verde que ocupan sus tierras

Zacarías Cervantes

 

Chilpancingo

 

Ejidatarios de San Miguel, en Chilpancingo, reiteraron su acuerdo de  asamblea de  “no aceptar ninguna negociación que implique ceder sus tierras invadidas por el ejido de Río Verde”, y acordaron “que una vez conocida la resolución definitiva del juicio de amparo se procederá a exigir al Tribunal Unitario Agrario (TUA) que ordene el desalojo de los habitantes de Río Verde de las tierras que tienen invadidas.

Incluso, aprobaron en la misma asamblea, que en caso de negativa por parte de las autoridades a ejecutar el desalojo, “se procederá a realizar acciones de mayor contundencia”.

El acuerdo implica riesgos de violencia, mismos que ya advirtieron con oportunidad también los ejidatarios de Río Verde, que fueron los que perdieron el juicio en el TUA y que podrían ser desalojados de 700 hectáreas de tierras donde se encuentra asentado ese poblado y que utilizan para la siembra de sus cultivos pues el TUA ya sentenció el desalojo de los habitantes de ese poblado sólo que no se ha ejecutado debido a que recurrieron a un amparo, que aún no se resuelve.

En su asamblea del 2 de junio, los ejidatarios de San Miguel acordaron no realizar ninguna acción hasta en tanto se resuelva en definitiva el  juicio de amparo que interpusieron los ejidatarios de Río Verde.

Pero en un segundo acuerdo que quedó establecido en el acta se señala que “una vez conocida la resolución definitiva del juicio de amparo, se procederá a exigir al Tribunal  Unitario Agrario que ordene el desalojo de las tierras invadidas y en caso de negativa por parte de las autoridades se procederá a realizar acciones de mayor contundencia”.

Además, en un tercer acuerdo, los ejidatarios de San Miguel determinaron “no aceptar ninguna negociación que implique ceder las tierras invadidas a favor del ejido de Río Verde”.

El documento está firmado por el comisariado ejidal Gilberto Bahena Giles; por el secretario, Mario Carvajal Ramos; por el tesorero, Manuel Moreno González, y por el presidente del Consejo de Vigilancia Odilón Astudillo Álvarez.

En esa misma asamblea, según quedó asentado en el acta, el presidente del Consejo de Vigilancia, Astudillo Álvarez manifestó que los ejidatarios de Río Verde han declarado a los medios de comunicación que definitivamente no se van a salir de las tierras y que sólo muertos los van a sacar, “lo cual debe considerarse como una amenaza grave porque quiere decir que están dispuestos a todo con tal de quedarse con las tierras de nuestro ejido”, dijo.

Mientras que el ejidatario Anastacio Vega Almazán consideró que esta postura radical de los ejidatarios de Río Verde “debe entenderse como una señal de que ya no quieren diálogo, y por tanto lo que procede es exigirles a que entreguen la totalidad de las tierras que ordenó el Tribunal Agrario”.

Y luego, en el acta se consigan también la intervención del presidente del Comisariado ejidal, Gilberto Bahena Giles, quien manifestó su acuerdo de que ya no se dialogue con los ejidatarios de Río Verde, “porque con su postura de no desalojar las tierras lo único que queda es exigirle a las autoridades competentes que sean ellas quienes hagan cumplir la resolución del Tribunal Agrario, una vez que el juicio de amparo sea resuelto en definitiva”.

El conflicto agrario lleva más de 100 años y se originó debido a que a la comunidad de Río Verde le dotaron de tierras ejidales en un lugar distante al lugar donde se encuentra asentado el pueblo, por lo que desde entonces están ocupando 700 hectáreas que pertenecen a San Miguel y estas están donde está ubicado el pueblo y en donde los habitantes siembran sus parcelas.

Sin embargo, desde el 2009 el ejido de San Miguel inició un juicio ante el TUA para recuperar sus tierras, juicio que se resolvió a favor del desalojo de los habitantes de Río Verde, sólo que no se ha ejecutado debido a que estos interpusieron un amparo, mismo que aún no se ha resuelto.

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