Nuevas líneas de investigación en casos como el de Chavarría, plantea Iñaki Blanco

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Ayer a puerta cerrada,  los diputados de la Comisión de Gobierno y otros que se interesaron en el asunto conocieron los planes de trabajo de los aspirantes a dirigir la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El actual encargado y el prospecto con más posibilidades, Iñaki Blanco Cabrera, informó que inició un proceso de revisión para establecer el estado o grado de avance de las investigaciones de los homicidios de “Armando Chavarría Barrera, el diputado Moisés Villanueva de la Luz, la señora Juventina Villa Mojica y Ayotzinapa, por citar algunos”.

Añadió que con lo anterior busca establecer “nuevas líneas de investigación que permitan el perfeccionamiento” de la investigación “conforme a derecho”.

Blanco Cabrera fue el primero  en comparecer, y luego lo hicieron Alberto Aguirre Rivera y Alfonso Calderón Velázquez, aunque la presencia de estos últimos fue de trámite.

Consultados, diputados de la Comisión de Gobierno que pidieron no decir su nombre respondieron que esperan que antes del próximo martes el gobernador Ángel Aguirre o el secretario de Gobier-no Florentino Cruz les llame, pues ese día esperan llevar al pleno el dictamen para elegir a Iñaki Blanco como nuevo procurador.

Diputados consultados durante el desarrollo de las comparecencias, cuando salían de la Sala José Francisco Ruiz Massieu, dijeron a condición de que no se publicara su nombre que igual había la intención de elegir a Iñaki Blanco para que luego el gobernador “no se lave las manos” diciendo que el Legislativo no le aprobó su propuesta a procurador y por eso no había resultados efectivos en el PGJE.

Iñaki comparece dos horas y media y  los otros media hora

Cerca del mediodía comparecieron los tres abogados que aspiran a dirigir la PGJE, propuestos en la terna que el gobernador Angel Aguirre Rivero les hizo llegar el pasado viernes 14.

El sábado 15, en la primera sesión de este tercer periodo ordinario de sesiones, conoció del asunto el pleno y se turnó a la Comisión de Gobierno integrada por los coordinadores y representantes de partido, el PRI, PRD, PAN, MC, PVEM, PT y Panal.

El primero en comparecer fue el ex delegado de la PGR y actual subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales de la PGJE, por lo mismo encargado de despacho, Iñaki Blanco Cabrera, y luego lo hicieron Alberto Aguirre Rivera y Alfonso Calderón Velázquez, estos últimos apenas duraron una hora entre los dos, exponiendo sus planes de trabajo.

En cambio Iñaki Blanco ocupó dos horas y media en exponer su plan de trabajo y responder los cuestionamientos de los diputados; la más incisiva fue la diputada Abelina López Rodríguez, cuestionándole el “trato despótico” que da a los trabajadores de la PGJE, según denunciaron a los medios de comunicación hace dos días.

Sólo se logró conocer el plan de trabajo presentado por Iñaki Blanco, del cual El Sur logró obtener una copia, en el que informa: “A partir de mi gestión cono encargado de despacho se inició un proceso de revisión técnico-jurídica para establecer el estado o grado de avance de las investigaciones de asuntos relevantes y en su caso establecer nuevas líneas de investigación que permitan el perfeccionamiento y determinación de los mismos conforme a derecho”.

Se refirió entonces de “ los homicidios del diputado Armando Chavarría Barrera, el diputado Moisés Villanueva de la Luz, la señora Juventina Villa Mojica y Ayotzinapa, por citar algunos”, sin abundar al respecto.

En su plan de trabajo, Iñaki Blanco asume que “hoy en día, la procuración de justicia atraviesa  por una crisis global en todos los niveles de gobierno, el descrédito de las instituciones de procuración de justicia se debe fundamentalmente a la falta de resultados, de ahí que la ciudadanía haya perdido la confianza y no exista una cultura de denuncia ciudadana; la búsqueda e implementación de mecanismos que permitan revertir esta opinión, es sin duda una asignatura pendiente y de fundamental importancia para el bien de los guerrerenses”.

Indicó que se necesitan crear y aplicar leyes que respondan a las “nuevas” exigencias, porque el estado es colindante de entidades que tienen una problemática en materia de seguridad como Guerrero, por lo cual urge de dotar de un marco jurídico “innovador” al Ministerio Público, a los peritos y a la Policía Ministerial.

Y propuso crear conciencia en los servidores públicos de la PGJE y combatir con rigor los actos de corrupción con sanciones.

Propone generar confianza atendiendo las denuncias del delito, nueva atención a las víctimas del delito, a los denunciantes en situación de riesgo, y acercamiento con la ciudadanía a través de los medios de comunicación.

Planteó que buscará un cercamiento con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, universidades públicas y privadas, organismos internacionales no gubernamentales, para diseñar un esquema de trabajo y cursos especializados en la materia, difundiendo criterios emitidos por organismos internacionales “que han constituido un importante precedente en la legislación mexicana, como son los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Cabrera García y Ayotzinapa, entre otros”.

Se comprometió a lograr la certificación en materia de derechos humanos e instalar mesas de trabajo integradas por funcionarios de organismos protectores de derechos humanos y la PGJE, para establecer mecanismos de diálogo.

Dio a conocer que actualmente la plantilla de la PGJE es de 450 agentes del Ministerio Público, lo que es “insuficiente, porque cuando menos se necesitan ocupar  las 150 plazas de nueva creación para atender la demanda ciudadana y abatir el rezago de averiguaciones previas.

Añadió que en promedio, se inician por año 25 mil expedientes, de los que sólo se termina un 25 por ciento, por lo que hoy en día, 85 mil 318 averiguaciones permanecen en trámite.

También reconoció que la PGJE no cuenta con protocolos de actuación en las averiguaciones previas.

Igual se comprometió a mejorar salarios y prestaciones de los trabajadores de la PGJE.

Por otro lado, anunció que profesionalizará a la Policía Ministerial, porque el 43 por ciento del personal se encuentra asignado a otras funciones diferentes a las de investigación o bien se encuentran incapacitados de forma temporal o permanente.

Por lo anterior, dijo que eso ha provocado un rezago en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, existiendo 17 mil 965 órdenes pendientes de cumplimentar.

Otras deficiencias que atender, dijo, es crear un Centro de Arraigo en Chilpancingo con mayor capacidad para albergar a un mínimo de cien personas.

Igual propone crear el Centro Estatal de Investigación para el Combate a la Delincuencia.

Asistieron a la comparecencia los diputados de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Ji-ménez del PRD, Héctor Apreza Patrón del PRD, Delfina Concep-ción Oliva Hernández del PAN, Mario Ramos del Carmen del MC, Arturo Álvarez Angli del PVEM. Emiliano Díaz Román del Panal y Jorge Salazar Marchán del PT.

Además, el presidente de la Mesa Directiva, Antonio Gaspar Beltrán, Abelina López Rodríguez, Luisa Ayala Mondragón, Valentín Rafaela Solís, Amador Campos Aburto, Roger Arellano Sotelo, Oscar Díaz Bello y Jesús Marcial Liborio todos del PRD, Jorge Camacho Peñaloza del PAN, Evencio Romero Sotelo del MC. Hay averiguaciones contra la UPOEG Entrevistado al concluir su comparecencia, se le preguntó a Blanco si ya había consignado los expedientes al juez para solicitar las órdenes de aprehensión del asesinato de Chavarría, y respondió que las investigaciones no están concluidas. Reiteró que las declaraciones de su antecesora Martha Elva Garzón Bernal fueron “a título personal” y que no las compartía. Dijo que la PGJE está en “una labor de análisis, de revisión técnica jurídica”, que los expedientes todavía no están listos, y que en algunos casos se podrían abrir nuevas líneas de investigación. De lo ocurrido en La Morena, comunidad de la sierra de Petatlán donde el lunes hubo un enfrentamiento con un saldo de dos personas muertas, una de ellas que portaba uniforme tipo militar, dijo que ya “se está integrando la averiguación”; esa fue la respuesta para varios de los temas sobre los que se le preguntó. Y sobre la incursión del Sistema se Seguridad Ciudadano (SSC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en comunidades de Acapulco, dijo que la PGJE está integrando averiguaciones previas contra los integrantes de esa organización. Se le preguntó cuántas, pero sólo respondió que “hay distintas averiguaciones contra ellos, contra la UPOEG”. (Rosalba Ramírez García Chilpancingo).