Demanda Human Rights Watch al gobierno federal que la PGR investigue el caso Hernández Cardona

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La organización internacional Human Rights Watch demandó ayer al gobierno de Enrique Peña Nieto que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga la investigación del asesinato de los tres dirigentes de Unidad Popular (UP) de Iguala.

Asimismo, exigió que en estas investigaciones se considere la posible participación de “agentes del Estado” y que, además, se proteja la integridad física de los testigos.

Mediante un pronunciamiento público fechado ayer, el organismo internacional dedicado a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, con sede en Nueva York, recuerda que Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez “temían por su vida, específicamente a manos de funcionarios locales”, y por ello la PGR debería intervenir “a fin de ayudar a garantizar una investigación independiente que analice todos los posibles móviles de este delito”.

El pronunciamiento es firmado por el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y señala que las autoridades federales mexicanas “deberían llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de los tres activistas políticos, incluido un análisis de las imputaciones que existen en contra de agentes del Estado”.

Recuerda que las tres víctimas son, en su totalidad, miembros de una organización que realiza campañas de defensa de campesinos y comunidades marginadas y que el día anterior a su desaparición habían presentado una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero, “en la cual señalaban el temor de que el presidente municipal y el jefe de policía del municipio de Iguala pudieran ordenar matarlos como represalia por sus actividades, según documentos obtenidos por Human Rights Watch”.

Y agrega: “las víctimas temían por su vida, específicamente a manos de funcionarios locales y la PGR debería intervenir a fin de ayudar a garantizar una investigación independiente que analice todos los posibles móviles de este delito”.

En su comunicado, la organización defensora de derechos humanos también recuerda que los activistas tuvieron confrontaciones reiteradas con las autoridades locales, “una de estas confrontaciones fue una reunión que tuvo lugar el 1 de abril, en la cual el presidente municipal dijo a un miembro del grupo: “Ahora nomás falta que te andemos cuidando para que no te maten con tantos problemas que tienes”, según la denuncia”.

Y agrega que esta declaración fue interpretada como una amenaza por los miembros de UP.

Además, señala que en su denuncia los activistas señalaron: “Tenemos el temor fundado en que José Luis Abarca Velázquez, Presidente Municipal Constitucional de Iguala, pudiese ordenar privarnos de la vida a los dirigentes de las distintas organizaciones del referente social Unidad Popular”.

Human Rights Watch denuncia que a más de dos semanas del hallazgo de los cuerpos, se desconoce cuál es el estado de la investigación por parte de los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado y que los sobrevivientes no han hablado con los investigadores, “ya que no confían en las autoridades municipales ni estatales”.

Expresa que, mientras tanto, los activistas de Unidad Popular siguen recibiendo llamadas telefónicas amenazadoras, y que  la pareja de Hernández Cardona señala que se siente en peligro y la única protección que está recibiendo es una visita diaria por parte de la policía del estado.

Agrega que México tiene obligaciones legales estrictas de protección del derecho a la vida, que exigen una investigación eficaz, “que permita identificar y sancionar a los responsables de que estas personas hayan sido sustraídas y asesinadas”.

Human Rights Watch opina que “dado que existen acusaciones directas respecto de la participación de funcionarios locales, la intervención de las autoridades federales ofrecería mayores posibilidades de independencia y efectividad”.

Y se queja, asimismo, de que “casi todos los casos de asesinatos de activistas sociales en Guerrero quedan impunes, incluso aquellos en que las pruebas indicaban, de manera contundente, la participación de agentes del gobierno”.

Recuerda, por ejemplo, que en febrero de 2009 “dos activistas que defendían los derechos de los indígenas, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron hallados muertos días después de haber sido detenidos arbitrariamente en el municipio de Ayutla de los Libres por personas que presuntamente se identificaron como policías y no hay ningún consignado por este delito”.

El organismo concluye: “no puede haber ninguna investigación efectiva de estos asesinatos aberrantes si los testigos no se sienten seguros para hablar”, y agrega que “para ayudar a fortalecer su confianza, las autoridades federales deben tomar a su cargo la investigación sin demora y ofrecer protección integral e inmediata a las personas que lograron escapar cuando se intentó llevarlas por la fuerza, como así también a sus familias”.