Votará el Senado de EU la semana próxima enmienda clave para la reforma migratoria

DPA

Washington

El Senado de Estados Unidos anunció ayer que la semana próxima votará una enmienda a la propuesta de reforma migratoria que prevé aumentar significativamente la seguridad fronteriza y que está considerada como la garantía de que el proyecto migratorio seguirá adelante en su camino legislativo.

Tras horas de intenso debate, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, anunció ayer que el próximo lunes se producirá la moción de cloture sobre la enmienda elaborada por los senadores republicanos Bob Corker y John Hoaven. Se trata de un procedimiento que tiene por objetivo limitar el debate de una ley o enmienda.

De ser aprobado –para lo que se requiere un mínimo de 60 de los cien votos del Senado, cifra que ahora los defensores de la norma confían en superar–, los debates sobre el texto sólo podrán prolongarse otras 30 horas antes de la votación final de la iniciativa. Así, la enmienda podría ser votada a mediados de semana.

Entre sus puntos más importantes, la enmienda que fue negociada hasta último minuto propone, a un astronómico costo de unos 30 mil millones de dólares, duplicar hasta los 40 mil el número de agentes fronterizos, así como doblar también hasta cubrir mil 126 kilómetros la extensión de la valla divisoria entre México y Estados Unidos.

Contiene asimismo inversiones en tecnología para la vigilancia de la frontera sur estadounidense, incluidos 18 aviones no tripulados o “drones”, según sus autores.

Reid indicó que su objetivo final es realizar también el mismo procedimiento de “cloture” el jueves próximo para cerrar los debates en el pleno del Senado de toda la reforma migratoria, la propuesta de ley S.744 elaborada por el G-8, cuatro senadores demócratas y otros tantos republicanos.

De cumplirse estos plazos, el demócrata lograría el objetivo que se impuso al comienzo de los debates este mes de finalizar antes del receso del 4 de julio la fase en el Senado de la normativa que busca ofrecer una vía a la ciudadanía condicionada a requerimientos en materia de seguridad fronteriza para los 11 millones de indocumentados que viven en el país.