Héctor Manuel Popoca Boone

Incongruencias

A la memoria de Roberto Torres en reconocimiento a su ejemplar militancia partidaria

Tengo en mis manos dos documentos. El primero es el oficio circular no. 13/2013, del 3 de junio pasado, firmado por la titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Silvia Romero Suárez, dirigido entre otros a docentes y directores de planteles escolares, así como a mandos medios y superiores de la educación inicial y básica de esta entidad federativa. En él indica las normas que habrán de observarse para la realización de los actos de fin de cursos 2012-2013 y que entre otras se estipula textualmente lo siguiente:

“1.2 Los actos de clausura de cursos, deberán realizarse en el plantel educativo. Se debe evitar pedir cuotas para pago de locales, venta de alimentos y bebidas, ceremonias religiosas y trajes especiales. La vestimenta del alumnado que concluya su nivel educativo será el uniforme escolar.

1.3 Las actividades que los planteles organicen con motivo de la  clausura de cursos, deberán ser actos cívicos sencillos, con intencionalidad pedagógica, que favorezcan el desarrollo de valores en los alumnos y que no afecten la economía familiar”.

Ahora bien, el segundo documento en mi poder es una queja enviada a mi correo electrónico por uno de los lectores de mis artículos de opinión donde hace de mi conocimiento que la directora de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 de la ciudad de Acapulco, está pidiendo la cantidad de 350 pesos a cada alumno que egresa de ese plantel, para sufragar el alquiler de un salón en el centro de convenciones, para la ceremonia de término del ciclo escolar el próximo 3 de julio. No obstante que dicha escuela pública cuenta con auditorio techado capaz de dar cabida a los alumnos para llevar a cabo tal evento.

Continúa mi lector expresándome que estimando la cantidad de alumnos que egresan (570 alumnos) la recaudación sería de casi 200 mil pesos, cuando la renta del teatro Juan Ruiz de Alarcón del CIA es de sesenta mil pesos y si a eso se le agrega el pago de la cuota escolar por concepto de recuperaciones de inscripciones, la aportación sube a 800 mil pesos al año. Agréguele a lo anterior la venta de guías para la prueba enlace que se aplicó a los educandos en el período escolar que finaliza (65 pesos por alumno). ¡Uff!

Ante eso estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por la titular de la SEG, de que es una soberana incongruencia que el movimiento magisterial se manifieste (rabiosamente) por la defensa de la gratuidad de la educación, en tanto que un segmento de directivos escolares se dedica a “pasar por la báscula y rasurar” a los padres de familia con aportaciones económicas para los festejos de clausura y entrega de boletas escolares como si fuera la escuela de propiedad privada y los padres de familia de los alumnos, sus rehenes sujetos a extorsión.

De llevarse a cabo el evento educativo en el CIA, se confirmará la veracidad de la denuncia remitida y entonces constataremos dos cosas: La lucha por la gratuidad de la educación del movimiento magisterial fue pura faramalla y la vigencia de la impunidad con que se efectúan ilícitos educativos de parte de un sector magisterial directivo, al violar con flagrancia la flamante ley de educación estatal. En cualquiera de los dos casos, el desprestigio y la pérdida de autoridad moral de los maestros seguirán acentuándose en Guerrero.

No saldremos de nuestra postración material y espiritual mientras sigamos permitiendo que la corrupción y la impunidad sean un engranaje más de nuestra convivencia y desarrollo social incivilizado.

PD1. El presidente municipal de Ayutla sigue sin aportar el presupuesto comprometido institucionalmente para obras y proyectos en las zonas indígenas de su municipio, en el marco de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esa es una contribución más a la mala fama que Guerrero tiene a nivel nacional e internacional.

PD2. Lo más importante al escribir es saber que las buenas y certeras palabras irradian luz, mucha luz.

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