Impulsa diputado del PRD consulta sobre una nueva ley de servidores públicos

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Antonio Gaspar Beltrán, formó un colectivo ciudadano que organizará foros de consulta para una nueva ley de evaluación al desempeño de los funcionarios públicos, en la que plantea que se establezcan sanciones para quienes no realicen su trabajo o cometan actos de corrupción.

Este domingo, en un foro que se realizó en la sala José Francisco Ruiz Massieu participaron con ponencias la presidenta de la Asociación de Maquiladores por Guerrero, María Luisa Vargas Mejía; el dirigente en Guerrero de la Asociación de Padres de Familia, Saúl Castro Hernández, y el presidente de la Junta local del IFE, David Alejandro Delgado Arrollo.

También el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Arturo Pacheco Bedolla; la representante del grupo ciudadano Anáhuac, Marisol Cuevas Serrano; el presidente de la asociación civil Renovando Guerrero, Edwin Morales Legizamo; Abraham Ramos Gutiérrez, presidente del grupo ACA, y el director de la Unidad Académica de Derecho, Roberto Rodríguez Saldaña.

Gaspar afirmó que la iniciativa es un logro del movimiento de la Coordinadora Estatal de Trabaja-dores de la Educación en Guerrero (CETEG), porque durante las reuniones que realizaron con diputados, plantearon que también los funcionarios públicos y representantes populares deberían ser evaluados, al igual que los maestros.

Y afirmó que lo que se pretende con la iniciativa de ley es que se terminen con prácticas de opacidad en el desempeño de los servidores.

El diputado dijo que únicamente tiene la intención, porque de la iniciativa no se ha trabajado nada y pretenden que el colectivo, al que el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega, le tomó protesta, recorra las siete regiones para recabar propuestas ciudadanas de cómo se debe evaluar a los funcionarios y las sanciones que se les debe aplicar.

Dijo que todos los que ocupan cargos de elección popular deben ser objeto de la ley que propone, porque la Constitución del estado establece que son considerados como servidores públicos.

Pacheco Bedolla dijo que al inicio de las administraciones o periodos de trabajo los servidores deberían presentar un plan de trabajo, que se someterá a una verificación al final de su periodo, para comprobar si cumplió o no.

Por su parte, Delgado Arroyo dijo que la mecánica de evaluación debe ser diferente para los servidores públicos por elección popular, que para los de cargos directivos y los operativos; dijo que sería una irresponsabilidad tratar de evaluarlos de la misma manera, y dio el ejemplo de que los legisladores no pueden ser reconvenido por sus opiniones o el sentido de su voto, y eso impedirá evaluar sus decisiones.

Argumentó que no es lo mismo evaluar a un político que “bajo su lógica toma partido y posición sobre los asuntos públicos, contrario al de un administrador, que su única tarea es ejecutar las leyes y programas”.

El director de Derecho consideró que los servidores públicos deben “tener un compromiso con todos aquellos que a través de los impuestos se les pagan un salario, porque su función tiene un precio que todos pagamos”, y llamó a Gaspar Beltrán a tomar en cuenta las opiniones de los ciudadanos y grupos, que sea una ley operante.

Después, Marisol Cuevas, del grupo Anáhuac, se sumó a la iniciativa que según se explicó en el foro pretende generar un ordenamiento legal que vigile y califique la actuación de los servidores públicos, por designación y por voto directo popular, sugirió también la creación de una página de internet, en la que los ciudadanos puedan conocer cómo están evaluados los funcionarios.

La dirigente de los maquiladores, María Luisa Vargas afirmó que Guerrero es el paraíso de la impunidad, porque los funcionarios realizan licitaciones simuladas, compras inventadas o incrementan los costos de los productos hasta en 500 por ciento; que las instituciones como la contraloría y auditorías no hacen nada, porque quienes están al frente “tienen compromisos de quien los colocó en el cargo”.

Y la prueba, dijo es que no hay ex funcionarios públicos de primer nivel que esté en la cárcel, por irregularidades en el manejo de los recursos, cuando afirmó que por su corrupción se genera pobreza y de ésta se deriva la delincuencia, desintegración familiar, la discriminación y la migración, “porque a los políticos no les interesa generar pobreza y llegan a ver qué sacan, acompañados del nepotismo”.

Se tomó protesta a los integrantes del colectivo, que realizarán foros de consulta “con mi recurso”, afirmó Gaspar, e insistió en que no pedirá dinero al Congreso para el trabajo que se realizará para que integre su propuesta y la presente al pleno.