Abelardo Martín M.

La política, oficio de altísimo riesgo en Guerrero

Las compañías aseguradoras que venden paraísos para que les compren el servicio y entregan el infierno cuando se les requiere, debieran aprovechar para obtener más dinero y colocar a la política y el gobierno como actividades de altísimo riesgo.

Tal cual se aplican tarifas especiales para quienes al comprar su seguro de vida manifiestan la práctica de deportes extremos o de alto impacto, la actividad política conlleva riesgos mayores hasta convertirse en asunto de vida o muerte.

Un informe de la Dirección Estatal del PRD en Guerrero, señala que en el sexenio anterior, con  Zeferino Torreblanca al frente y en estos dos años y tres meses de la administración de Ángel Heladio Aguirre Rivero, 45 perredistas han sido asesinados.

En los tres sexenios de gobiernos priistas, antes de la llegada del PRD al poder, en 2005, ese partido documentó 220 asesinatos y ocho desapariciones, los cuales fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La estadística muestra con claridad que quienes ejercen la política en Guerrero, independientemente del partido político en el gobierno, se juegan la vida y eso, fríamente visto, debe ser registrado por las empresas que ofrecen seguros al gobierno, partidos políticos o particulares. Se obtendrían con seguridad utilidades que acrecienten la fortuna de quienes ofrecen esos productos y servicios.

De acuerdo con los datos, se trató de asesinatos en los gobiernos del extinto José Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre, quien fue gobernador interino de 1996 a 1999, y René Juárez Cisneros.

En algún momento se creyó que,  en la época de los gobiernos priistas se justificaba la represión contra los militantes de izquierda, pero resulta sorprendente y para algunos indignante que el PRD haya llevado al poder a Zeferino y a Aguirre y las cosas se mantengan igual, que no cambien, mencionó el ex dirigente estatal de ese partido, Eloy Cisneros Guillén.

Este activista guerrerense estuvo preso durante  el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, en la década de los setentas. Ello fue por motivos políticos, en la cárcel de Ometepec. Más adelante, ya en 1990, cuando fue candidato del PRD a la alcaldía de Ometepec, encabezó la toma del Ayuntamiento en protesta por el fraude electoral y el entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu envió a la policía estatal para desalojarlos a macanazos.

Sobre el tema que nos ocupa, Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, dijo que aún cuando en los últimos ocho años el titular del Ejecutivo estatal es del PRD, y muchos municipios también son gobernados por la izquierda, la represión no ha cambiado. Pero lo más grave, planteó Olivares, es que en algunos de los municipios las autoridades se han aliado con la delincuencia organizada para ejecutar o desaparecer a luchadores sociales.

Detrás de muchas de las autoridades municipales están los poderes fácticos, expresó en entrevista el activista guerrerense. Mencionó el caso de los ocho militantes de la organización Unidad Popular (UP) que el pasado 30 de mayo fueron levantados por un comando armado tras realizar una protesta para exigir al alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca, solución a sus demandas sociales.

Cuatro días después, Félix Banderas, Ángel Román y Arturo Hernández Cardona, éste último líder de la organización, aparecieron ejecutados y torturados.

Olivares recordó que en mayo de 2009, los líderes mixtecos de Ayutla de los Libres, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron levantados por un comando armado, y que una semana después se les encontró muertos a balazos y con huellas de tortura.

Y en agosto de ese mismo año, en Chilpancingo, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, el perredista Armando Chavarría, fue asesinado por dos sujetos que lo esperaban afuera de su casa. Otro caso en la administración de Aguirre, fue el de la dirigente comunitaria Juventina Villa, quien en noviembre de 2012 fue asesinada junto con su hijo, Rey Santana, en la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, pese a que supuestamente tenía protección policiaca.

Aparte del (des) prestigio de los políticos, su oficio es de alto riesgo, no solo porque deben hacer frente a una burocracia, auditorías y contralorías que atemorizarían a cualquiera, sino porque está visto que, en efecto, la política y el gobierno son asuntos de vida o muerte… en Guerrero.

abelardo.martin@

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